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segunda jornada de declaraciones de los acusados

Juicio al PGOU de 'Brugal': de la verdad y el diccionario de Castedo a la hora de Salvetti

25/09/2020 - 

ALICANTE. La exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, monopolizó, este miércoles, prácticamente el 100% de la segunda jornada de declaraciones en el juicio por el supuesto amaño del Plan General, investigado en el marco del caso Brugal. Respondió a las preguntas del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, durante más de una hora y cuarto. Tenía ganas de hacerlo en juicio, "después de 12 años" de investigación, de publicación de noticias sobre el contenido del sumario y de declaraciones previas, como la que tuvo que afrontar ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) por su condición de aforada (fue elegida diputada autonómica en 2011).

Lo cierto es que sus explicaciones aportaron pocos elementos nuevos respecto a las que habían ofrecido el empresario Enrique Ortiz y el exalcalde Luis Díaz Alperi 24 horas antes. Como ellos, Castedo también lo negó todo: no facilitó información privilegiada a Ortiz, ni le procuró un trato preferente en el planeamiento urbanístico de la ciudad durante su fase de redacción. "No le concedí nada ilegal y tampoco nada legal", enfatizó. Así, explicó que el 80% de las alegaciones que las empresas de Ortiz habían presentado durante su etapa como máxima autoridad municipal habían sido desestimadas "y aquí parece que Ortiz era el rey", añadió. 

Y, como Díaz Alperi, también negó que hubiese recibido regalos por parte de Ortiz. Explicó que las estancias en Andorra de 2008 y 2009 los pagó ella "en metálico" sin llegar a recordar la procedencia del dinero, después de que Briones le señalase que en los días previos a su reserva no se habían registrado extracciones de sus cuentas bancarias. Castedo solo dijo que podía tener dinero en su domicilio, en ahorros o en depósito por la lotería de su hoguera, porque el coste de esos viajes no era una cantidad muy elevada. Eso sí, admitió que sí había viajado en el yate de Ortiz a Ibiza en el verano de 2018 como invitada, aunque ella pagaba sus gastos "cuando salíamos fuera a comer", por ejemplo.

También negó que ella recibiese un vehículo modelo Mini Cooper como presunta prebenda a través de Julia Castelló, una amiga personal que había sido trabajadora de las empresas de Ortiz y que solía cuidar de su hija (la de Castedo).

Sí reconoció que había contactado con Ortiz, como con otros empresarios, para que contratase a personas que le pedían ayuda, pero apuntó que esas contrataciones se hacían a través de la "bolsa de empleo" de la Agencia de Desarrollo y que, de algún modo, estaban reguladas. Además, dijo que cuando contactaba con Ortiz para que emplease a alguien no lo hacia a cambio de facilitarle información sobre el planeamiento ni nada parecido. Y sí admitió que mantenía una relación familiar, de amistad cordial con el constructor que se intensificó cuando llegó a la Alcaldía.

Hasta ahí, no se salió del guion que resultaba predecible. Sin embargo, por momentos sí llegó a sorprender por la vehemencia de sus respuestas ante Briones. La exalcaldesa siguió el ejemplo de Ortiz y también avisó de que no iba a contestar a preguntas relacionadas con las conversaciones grabadas por los investigadores. Pero, finalmente, también acabó respondiendo a algunas de esas cuestiones. Como ella dijo, lo hizo para aportar "la verdad que todos buscamos" sobre los hechos investigados. Al menos, no escatimó en detalles ni en rifirrafes con el fiscal para ofrecer la que hasta el momento de la sentencia sigue siendo su propia versión de esa verdad. 


Así, llegó a explicar el significado de algunas de esas conversaciones registradas en los pinchazos telefónicos, como las relacionadas con el "apaño" del APA 9 o del Rico Pérez. Casi tiró de diccionario para explicar que "apañar no significa amañar". "Cuando yo hablo de apañar me refiero a solucionar un tema", dijo. Y, según argumentó, no para beneficiar a Ortiz en ninguna de esas dos cuestiones. Castedo apuntó que en el caso del APA 9 se trataba de evitar que el ayuntamiento quedase expuesto a asumir costes por la inclusión de un vial que podía discurrir a través de ese sector, propiedad de Ortiz. Y que en el caso del Rico Pérez, se trataba de aclarar si el Hércules (es decir, Ortiz) era propietario de toda la superficie del aparcamiento anexo al estadio Rico Pérez. 

Sea como fuere, el hilo argumental de toda su declaración fue el mismo: sostuvo que si el objetivo de Ortiz era lograr un trato de favor, a su juicio está claro que no lo consiguió, porque él ya era el agente urbanizador del APA 9 antes de que ella asumiese la concejalía de Urbanismo o de que se convirtiese en alcaldesa. Y además, el proyecto del estadio del Rico Pérez nunca ha llegado a ejecutarse. De igual modo, insistió en que tampoco se cambió la calificación de tres parcelas de Ortiz en Fontcalent que se supone que se tenían que "pintar de azul". Y añadió que la única información que se le facilitó al constructor desde la Concejalía de Urbanismo era la que le correspondía como agente urbanizador de determinados sectores. En resumen, nada delictivo. De nuevo, su mensaje fue que si alguien intentó corromperla, no tuvo éxito. No podía ser de otro modo: como Ortiz, Alperi, se presentó como inocente.

Salvo sorpresa improbable, será la misma posición que mantendrá este viernes su hermano, José Luis Castedo, y su socio en el bufete Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez. Los dos cerrarán el turno de declaraciones de los acusados con el reto de tener que defenderse frente al relato autoinculpatorio del único de los nueve procesados que sí ha asumido su culpabilidad: el promotor ilicitano Ramón Salvador. Como viene informando este diario, el empresario firmó un pacto de conformidad con la Fiscalía el pasado febrero en el que reconocía que había concertado los servicios de los abogados de Salvetti para conseguir que unos terrenos de su propiedad en el Pla de Xirau quedasen recalificados en el Plan General. Para ello, habría pagado 116.000 euros  al bufete para que se tramitasen sus alegaciones, que finalmente fueron estimadas. En virtud de ese acuerdo, Salvador asume una condena de tres meses de cárcel con lo que elude el riesgo de ingreso en prisión, tras la transformación de esa pena en multa.

Castedo y Gutiérrez tendrán que desmontar ese relato frente a las preguntas del fiscal, quien cuenta con la confesión de Salvador como uno de los elementos centrales para probar la existencia de la trama organizada para beneficiar a Ortiz.

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