ALICANTE. Las diligencias por un supuesto delito de prevaricación administrativa abiertas contra los exconcejales de Partidas Rurales e Infraestructuras, Manolo Jiménez y José Ramón González, por la concatenación de hasta cuatro contratos menores en actuaciones desplegadas en la partida de La Alcoraya de Alicante se amplían ahora con la disposición de nuevas declaraciones. La titular del Juzgado de Instrucción número 9 que asume la causa -la misma que dirigió el proceso del llamado caso Comercio contra el exalcalde socialista Gabriel Echávarri- ha acordado las comparecencias de otros tres funcionarios municipales en calidad de testigos con el fin de contrastar o ampliar la información facilitada por los dos exediles investigados, en su declaración del pasado 16 de junio.
Fuentes consultadas precisaron que se habría acordado al menos tres nuevas citaciones, al margen de las que ya quedaron aplazadas tras la primera ronda de comparecencias. En esta ocasión, se trata del secretario general, de la responsable del área de Intervención que autorizó el abono de algunos de los contratos bajo sospecha, y del jefe de servicio de la Concejalía de Partidas Rurales.
Los tres están llamados a testificar el próximo 7 de julio, en una jornada en la que también debía comparecer otro técnico municipal (que no pudo declarar el 16 de junio al encontrarse de viaje), así como otro de los empresarios que formaron parte de los procedimientos de contratación, al que no se pudo notificar la primera citación.
Con esa ampliación de testificales, se trataría de disipar dudas sobre los planteamientos defendidos hasta ahora por los investigados y por los testigos. Como informó este diario, las explicaciones ofrecidas por Jiménez y González entraron en contradicción con las versiones facilitadas por el técnico adjunto al jefe del Servicio de Infraestructuras y por el interventor municipal.
La continuidad de las diligencias queda supeditada al resultado que pueda obtenerse de esos nuevos testimonios y de la posibilidad de que alguna de las partes -la Fiscalía o las defensas de los cuatro investigados (los dos exconcejales, un técnico y uno de los empresarios contratados)- pueda plantear la práctica de nuevas pruebas.
Como informó este diario, la causa se abrió a partir de la denuncia registrada por el grupo municipal del PSOE justo un día después de que Jiménez compareciese ante el pleno del Ayuntamiento por voluntad propia para ofrecer explicaciones sobre el procedimiento seguido para concertar las intervenciones desarrolladas en La Alcoraya. El PSOE decidió trasladar los hechos a los juzgados para que fuese un juez el que dilucidase si pudo existir un fraccionamiento de contratos al ejecutarse cuatro actuaciones distintas concentradas entre los meses de noviembre y diciembre de 2022 en el mismo espacio público: la plaza de Manuel Giménez Pastor de La Alcoraya.
Esos cuatro contratos (tres de ellos, por importes inferiores a los 50.000 euros) correspondieron con la instalación de un circuito de aparatos biosaludables, con la reforma del escenario de la plaza, con la redacción del proyecto de una nueva pérgola y con la construcción e instalación de dicha estructura. Los tres últimos contratos se tramitaron de forma coordinada entre las concejalías de Partidas Rurales e Infraestructuras a través de la fórmula del procedimiento negociado, en la que se solicita presupuestos a un mínimo de tres empresas distintas. A la postre, los tres encargos fueron concedidos a empresarios que pertenecían al círculo de conocidos de Jiménez en el ámbito de les Fogueres.