El exportavoz municipal del PSOE y exdirector del Teatro Principal, Paco Sanguino, junto a la exconcejala del PP y actual subdirectora del Teatro, María Dolores Padilla.ALICANTE. El Juzgado número 4 de Alicante reactiva la instrucción sobre el supuesto fraude por fraccionamiento en la contratación de los servicios de azafatas y montadores en el Teatro Principal de Alicante al acordar nuevas diligencias que responden a las peticiones giradas por la Fiscalía Anticorrupción, con el fin de esclarecer las presuntas irregularidades en los pagos de esas prestaciones objeto de la causa, en la que la actual subdirectora de la sala, María Dolores Padilla, figura como única investigada por los delitos de prevaricación y fraude en la contratación.
En concreto, la primera de las pruebas solicitadas por Anticorrupción atendidas ahora por el juzgado trata de precisar cuáles han sido las aportaciones de fondos públicos registradas tanto por el Ayuntamiento de Alicante como por la Conselleria de Cultura como cotitulares de la comunidad de bienes propietaria del teatro desde que pasó a ser una entidad controlada mayoritariamente por las dos administraciones públicas (poseedoras del 66% de sus participaciones), en diciembre de 2018. Es decir, cuando el departamento autonómico adquirió un tercio de los títulos de dicha comunidad de bienes, con la intención de que los tres millones de esa compra se destinase a promover la rehabilitación del edificio que acoge el teatro: una intervención a la que se pretende dar impulso ahora con la próxima licitación de la redacción del proyecto.
De este modo, la solicitud de esa información económica -ya girada tanto al Ayuntamiento como a la conselleria- insta a que se precise, año por año, las entregas registradas para contribuir a los gastos de funcionamiento del Principal desde el año 2019 hasta la actualidad. En principio, esas aportaciones se cifran ahora en 180.000 euros anuales por parte de cada una de las dos administraciones, a los que se suman otros 180.000 euros por parte del tercer cotitular: la Fundación Banco Sabadell.
El objetivo de esa petición, según fuentes consultadas, sería poder confirmar que el Principal esa una entidad que queda bajo el control público, con lo que los encargos sobre la prestación de servicios deberían ceñirse a las obligaciones de transparencia y pública concurrencia recogidas en la Ley de Contratos del Sector Público, sin que tuviese cabida la fórmula de la contratación directa, sin el preceptivo concurso, a partir de determinadas cuantías: 15.000 euros en el caso de los contratos de servicios.
Al tiempo, el juzgado también atiende una segunda petición formulada por la Fiscalía para que se acuerde la citación del exportavoz municipal del PSOE durante el pasado mandato, Paco Sanguino, para que comparezca en calidad de testigo con el propósito de que pueda precisar qué funciones concretas desempeñaba la actual subdirectora del Principal, María Dolores Padilla, durante el tiempo en el que Sanguino -ahora apartado de la primera línea de la política- ejerció como director gerente del teatro, entre mayo de 2015 y abril de 2019. Fue entonces cuando dimitió de esas responsabilidades para hacer campaña tras ser nombrado candidato socialista a las municipales de ese año.
Pero no solo eso. El juzgado también acepta la práctica de otra diligencia adicional demandada por Anticorrupción con el propósito de que se incorpore a la causa la información solicitada previamente que no se ha llegado a facilitar hasta ahora, como el detalle de las facturas de los servicios prestados por las empresas contratadas por el Principal para el suministro de azafatas acomodadoras y montadores, como Expertus Servicios de Atención al Público o Go Group Servicios Integrales de Marketing, así como las declaraciones de ingresos y gastos presentadas ante la Agencia Tributaria por esas mismas compañías correspondientes al ejercicio de 2019, toda vez que ya se habría recabado las de los años siguientes.
Además, Anticorrupción también reitera la petición de informes sobre las memorias económicas presentadas por la gerencia de la comunidad de bienes del teatro tanto a su Consejo de Gobierno como a su Junta General entre los años 2022 y 2024.
En las diligencias practicadas hasta ahora, la misma Padilla ya ha negado la existencia de las anomalías apuntadas por la Fiscalía al insistir en que los contratos se formalizaron siempre con la oferta más ventajosa tras la recopilación de varios presupuestos y que en todos los casos esos encargos fueron por una cuantía inferior a los 15.000 euros: el límite previsto en la legislación que hubiera obligado a concertar un concurso público.
