ALICANTE. Los grupos políticos que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento de Alicante anticipan su previsible rechazo a la propuesta de modificación de la tasa por el servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos planteada por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), salvo que se lleve a cabo su retirada y rectificación, con la incorporación de enmiendas que prevén plantear en los próximos días (el último día para presentarlas ese el miércoles 25). Por lo pronto, este jueves no han escatimado en críticas respecto a los baremos utilizados para determinar los nuevos importes, en los que se contempla que la cuantía de los recibos a abonar por cada domicilio llegue a cuadruplicarse a partir de 2025.
En primer término, el portavoz del grupo municipal de Compromís, Rafa Mas, ha advertido que la propuesta de Ordenanza Fiscal de la tasa por la recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos "está mal planteada desde el inicio por la memoria económica financiera que la acompaña. Creemos que hay datos que no se corresponden con la realidad, por lo que pediremos la retirada de la misma", según ha puesto de manifiesto, a través de un comunicado.
La crítica de Mas se basa en la estimación de reparto de los porcentajes de generación de residuos entre las viviendas y el sector económico. Según Mas, "la memoria nos indica que el 82 % de los residuos lo generan los domicilios, mientras que solo el 18% lo genera el sector servicios, algo que no cuadra precisamente en una ciudad como Alicante que se caracteriza por el importante peso del sector económico".
En esta línea, ha señalado que "mientras, la media estatal nos indica que el porcentaje está más igualado en el resto de ciudades, un 52% la parte comercial y un 48 % la parte domiciliar, según un informe de la FEMP de 2019 o el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR)". Así, Mas ha apuntado que "no vamos a permitir que más del 80% del coste del servicio recaiga sobre la ciudadanía alicantina", en lo que ha interpretado como una repercusión incorrecta de los costes que conlleva la prestación, "que va a ver triplicar o cuadriplicar el recibo en 2025, por lo que instaremos a la retirada de la ordenanza".
En todo caso, Mas también ha anticipado algunas de las propuestas que Compromís pretende que se incorporen a la ordenanza, por la vía de la presentación de enmiendas, en las que se planteará "bonificaciones del 50% quién separe en origen" o "bonificaciones a quien lleve los residuos a los puntos limpios con un sistema de fichaje". Además, propondrá que los escombros que se generen en "obras que se haga en la ciudad, deberá acreditarse que se depositan en el punto limpio, o se multiplicará su factura, así como incrementar la tasa a los pisos turísticos hasta un 200%".
Por su parte, el grupo municipal del PSOE ha denunciado, a través de un comunicado, que "la importante subida de la tasa de residuos planeada por el gobierno de Luis Barcala (PP) afectará en mayor medida a las viviendas de familias de clase media. En ese sentido, las variaciones introducidas en el tasazo de Barcala gravarán especialmente a los pisos ubicados en barrios con menor poder adquisitivo", según sostienen portavoces del partido, a través de un comunicado, en alusión a la graduación planteada en la ordenanza para equiparar la recaudación de la tasa con los costes del servicio, basada en la superficie en metros cuadrados de las viviendas y en su valor catastral.
Según apunta el PSOE, "hasta ahora, la variación de la tasa entre dos viviendas de similares características y con el mismo tamaño, una ubicada en un barrio trabajador y otra en zonas de alto poder adquisitivo, era de un 80% superior en viviendas de lujo. Ahora, sin embargo, esta diferencia se reduce hasta el 40%. Y no sólo eso. Si además del barrio diferenciamos el tamaño de la vivienda, encontramos que la diferencia que existía del 156% entre pisos más humildes y grandes casas, se reduce ahora a sólo un 57% de diferencia entre quien paga esta tasa de residuos, por ejemplo, en un piso de menos de 60 metros en un barrio como el Pla, y entre un propietario que dispone de una mansión de cuatro plantas en primera línea de playa", expone la nota pública.
Así, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha criticado que "este es un tasazo de Barcala contra las clases medias y trabajadoras que sigue la misma línea ultraliberal de Mazón, que consiste en dar privilegios a quienes más privilegios tienen". En ese sentido, ha adelantado que el principal grupo de la oposición presentará "un paquete de enmiendas que garantice una fiscalidad justa, progresiva y acorde a las exigencias europeas". Barceló ha añadido que "el gran problema de Alicante es que la ciudadanía no está recibiendo el servicio por el que el alcalde pretende que se pague".
"Barcala ha tomado la decisión de que su tasazo lo paguen las familias trabajadoras y ha hecho todo lo posible por eliminar cualquier crecimiento progresivo en función del tamaño o del valor de la vivienda. La tasa no crece en función del valor catastral en el concepto de tratamiento de residuos, y prácticamente tampoco lo hace en el concepto de recogida en relación a los m2 de la vivienda (0-10 euros)", ha explicado el concejal Raúl Ruiz.
En esta línea, el PSOE considera que "los 21.201.587,84 euros que tiene previsto recaudar Barcala con esta subida recaerá sobre la economía de las familias alicantinas. En términos globales, supone una media de 110,83€ de tasa de basura por cada hogar, un coste que se sitúa muy por encima de los 92,80€ de la media nacional o de los 98,33€ de media que registran las ciudades de más de 50.000 habitantes, según el último informe 2023 del Observatorio de Fiscalidad de Residuos".
Al tiempo, el PSOE sostiene que "un análisis de la propuesta del gobierno del PP revela que no se introducen bonificaciones creíbles que promuevan la separación de residuos bajo el principio europeo de 'quien contamina paga'", a pesar de que sí se contemplan reducciones de hasta el 20% para los ciudadanos que separen los residuos orgánicos en origen. En todo caso, Ruiz señala que "no se incentiva el uso de puntos limpios ni el compostaje doméstico, y tan sólo hay una bonificación a quienes abren y cierran el contenedor de la fracción orgánica cuatro veces al mes, algo inaceptable si se tiene en cuenta, además, que el contenedor marrón ni siquiera está implantado en toda la ciudad. Se trata de una bonificación que resulta tan ficticia que ni siquiera la han llegado a contabilizar en el balance económico de la nueva tasa", añade.
Por último, recalca que "Alicante, la segunda ciudad más sucia de España (OCU) y una de las que peor gestiona su vertedero, viene pagando unos costes desproporcionados por su servicio de recogida, tratamiento y gestión de residuos. En especial, los gastos asociados al tratamiento y gestión de residuos, que suponen un 38% de la recaudación frente al 25% de media nacional. Se trata de costes que ahora, el alcalde Barcala, se ve obligado por ley a recaudar directamente, en lugar de quitar cada año decenas de millones de euros a otros servicios públicos para pagar su déficit con las empresas que gestionan la basura, como ha hecho hasta ahora", según concluye el comunicado.