El director del IVF, Manuel Illueca. Foto: EVA MÁÑEZALICANTE. La patronal alicantina, Coepa, respira por primera vez en muchos meses. El juez ha aprobado su convenio con los acreedores, al adherirse el 90% del crédito, y le ha dado un espaldarazo al indicar al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) que, si quiere cobrar la deuda de 3,1 millones de euros por el crédito que le concedió para levantar el Centro de Oficios, tendrá que quedarse con el edificio.
Al banco del Consell sigue sin convencerle la solución, pero en los últimos días se ha modulado la posición de rechazo. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ya señaló que acatan el fallo del juez, aunque luego se matizó para asegurar que aún se estudia si recurrir el convenio. Y el director del IVF, Manuel Illueca, parece empezar a contemplar también la posibilidad de quedarse con el centro para cancelar el crédito.
Así al menos lo indican las declaraciones realizadas este fin de semana a Alicante Plaza para valorar la oferta de Coepa, que plantea que la Generalitat se quede el centro y se encargue de dotarlo de contenido (es decir, los cursos de formación para los que fue concebido), si no aparece un improbable inversor privado que lo adquiera.
Illueca advierte de que la Abogacía de la Generalitat sigue estudiando si impugna el convenio aprobado el viernes, para lo cual dispone de un plazo de diez días. "Se está estudiando el convenio, y aún no hay una posición clara", explica, pero avanza que no es descartable que esa impugnación se produzca.
Eso sí, si finalmente el convenio sale adelante (el juez ya ha rechazado la pretensión del IVF de no tramitarlo avalando la solución de la enajenación del inmueble), se estudiaría la propuesta. "El IVF no puede dar formación, obviamente, por lo que habría que traspasar la titularidad del inmueble al Servef, o a la Conselleria de Educación", razona. Pero eso sí, "si al final nos tenemos que quedar con el centro de oficios, se estudiará cómo dotarlo de contenido".
Coepa presentó este viernes el convenio de acreedores, aprobado por el juez, y que contempla una quita del 95% de la deuda ordinaria y seis meses para pagarla. En paralelo, se ha pactado un calendario a ocho años con el Fogasa y los exempleados para abonar las indemnizaciones por despido, y se propone al IVF cancelar el crédito con la venta del inmueble o, en su caso, la enajenación (ejecutando la garantía hipotecaria) para que pase a formar parte del patrimonio de la Generalitat. El centro está tasado en 4,4 millones, mientras que la deuda es de 3,1 millones.
Si la patronal alicantina logra dejar atrás la fase de concurso (para lo que debe cumplir escrupulosamente los pagos pactados), su presidente, Francisco Gómez, convocará una asamblea electoral a la que no se presentará. La alternativa, si no se cumple el convenio, es la liquidación de la organización empresarial. El IVF, en cualquier caso, tendría que quedarse con el centro también en este supuesto.
