Edificios en una vista de la ciudad oriolana Foto: RAFA MOLINAORIHUELA. Un informe remitido por la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana a instancias del Juzgado número 3 de Orihuela, da por extinguidos los tres contratos para la gestión del servicio municipal de agua potable, del saneamiento, y para la depuración de aguas residuales, actualmente prestados por Hidraqua. Así, en el documento remitido a los Juzgados después de una denuncia iniciada en 2017 por Cambiemos Orihuela, consideran que los contratos deben considerarse extinguidos en la fecha de expiración de su plazo inicial y, por lo tanto sus prórrogas no pueden considerarse conformes a derecho. Ahondando en este sentido y según el documento completo, el órgano de contratación, en este caso, el Ayuntamiento de Orihuela, ha de revisar el procedimiento a través de los trámites previstos e indica que "se hace necesario cuanto antes que se inicie y adjudique una nueva contratación con todas las garantías legales".
Cabe recordar que en 2001 se firmó el contrato original, de 20 años a contar desde 1988, se prolongó 10 años más, hasta 2018; después en 2004, se volvió a prorrogar 20 años más hasta 2038.
Asimismo, como parte de las conclusiones de la Junta, dependiente de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, con registro de entrada en el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela el 28 de noviembre, las prórrogas de los tres contratos, que en estos momentos tendrían vigencia hasta el año 2038, así como otros acuerdos de obras de 2001 y 2004 supondrían modificaciones sustanciales de los contratos e incluirían prestaciones nuevas que excederían los términos legales según los documentos previamente firmados. Las actuaciones específicas que señala el informe serían la ejecución y financiación de abastecimiento de agua para Orihuela Costa (Fase II) en 2001, así como el proyecto de mejora de infraestructuras hidráulicas para pedanías en mayo de 2004.
Así, en su informe, la Junta Superior de Contratación Administrativa también especifica que, si bien, quedaría claro que los contratos no pueden mantenerse hasta 2038, es solo el órgano de contratación, en este caso, el Ayuntamiento de Orihuela -actualmente en manos de un gobierno del PP y Cs- el único que puede declarar la nulidad y revisión de oficio, a través de los cauces legales y con emisión de informes por los órganos competentes. Así, la pelota, en estos momentos estaría en el tejado del equipo de gobierno oriolano. Por otra parte, la Junta que emite el informe indica que, en el caso de que considerar la nulidad del contrato "produjese un grave trastorno al servicio público", podría considerarse la posibilidad de continuación, aunque con una salvedad importante: "hasta que se adopten las medidas urgentes para evitar el perjuicio". Por este motivo acentúan en su informe la expresión "medidas urgentes" como una especificación "no baladí" y, asimismo, consideran que debería iniciarse "cuanto antes" un nuevo procedimiento de contratación.
Precisamente ayer, Cambiemos Orihuela dio una rueda de prensa para detallar parte del documento en el marco de las investigaciones judiciales y el portavoz de la formación, Carlos Bernabé, aseguró que "el informe es demoledor" y que "revela graves irregularidades en la gestión del agua en Orihuela, en manos de una empresa privada que es un entramado multinacional, desde 1988". De hecho, para Bernabé, la apertura de una nueva contratación del servicio, "no tiene por qué significar una gestión privada, podría ser una oportunidad para recuperar una gestión pública del agua".
Según las conclusiones del informe, la concesión que actualmente está en manos de Hidraqua -es la misma que la compañía Aquagest que, en 2013 cambió de nombre-, debería haber quedado anulada en 2008, momento en el que se cumpliría el término del primer contrato firmado en 1988 con la empresa, con una prórroga de diez años -hasta 2008-. Asimismo, desde hace más de diez años, las prestaciones carecerían de "título jurídico válido".
Así, el informe también aprecia que, a pesar de que en 2001 el Ayuntamiento de Orihuela podía modificar las características del servicio privatizado según necesidades de interés público o imprevistos, las razones para llevar a cabo prórroga "son inexistentes", motivo por el cual, la Junta no vería que "pueda otorgarse validez". En el mismo sentido, tampoco verían la validez de las prórrogas para la depuración de aguas ni del alcantarillado.
El contrato que supuso la privatización de la gestión del agua en Orihuela se firmó en 1988 con la firma Aquagest, con una duración inicial de 20 años y prorrogable por períodos de 10 años. La empresa Aquagest cambió de nombre en la Comunitat Valenciana a Hidraqua en 2013.
El proceso de denuncia comenzó en diciembre de 2017. Este fue el momento en el que Cambiemos Orihuela elevó ante la Fiscalía Anticorrupción su denunció. El Juzgado de Instrucción número 3 decidió abrir diligencias en 2018, momento en el que se solicitó al Ayuntamiento la documentación sobre Hidraqua.
El juzgado investiga la gestión del agua en Orihuela tras una denuncia de Cambiemos
El Juzgado de Instrucción número 3 incoó diligencias previas para investigar la gestión del agua en Orihuela. Desde el año pasado se han realizado averiguaciones tras estimar una denuncia de Cambiemos Orihuela, elevado por su grupo en 2017 a la Fiscalía Anticorrupción, en la que presentaban dudas sobre las prórrogas del contrato, los beneficios del mismo o la gestión de fondos de renovación.
Las diligencias previas son el primer paso judicial a través del cual se inicia una investigación para determinar la naturaleza del hecho, quiénes han participado en él y qué órgano es el competente para el enjuiciamiento. El juzgado ha remitido información a los denunciantes y también al Ayuntamiento de Orihuela y admite que los hechos investigación podrían ser constitutivos de un delito de contra la Administración Pública.
El juzgado, asimismo, declaró la causa compleja, a la vista, afirman, de los hechos objeto de investigación y de la extensa documentación que debe ser requerida y aportada. Mientras que el plazo normal es de seis meses, en este caso, el plazo se extiende hasta los 18 meses para completar los trámites.
Entre otros documentos, se requirió al Ayuntamiento de Orihuela copias del expediente de contrato para la gestión de los servicios de agua potable, saneamiento y evacuación de aguas residuales municipales. También se pidió la liquidación del canon que la adjudicataria debía satisfacer por la concesión de estos servicios, desde el año 2008 hasta el último año liquidado, incluyendo informes técnicos.
