El portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, interviene en la comisión de investigación sobre los contratos de Comercio, ante la mirada de su presidente, Carlos Giménez. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. Los contratos bajo sospecha de la Concejalía de Comercio, que han derivado en el procesamiento del todavía alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), y dos de sus asesores por un supuesto delito de prevaricación administrativa, siguen siendo objeto de disputa política. El portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, anunció este lunes que su formación discrepa del acuerdo aprobado por el PSOE en la Junta de Gobierno del pasado viernes al considerarlo "un cierre en falso" basado en un informe que, a su juicio, vendría a contradecir las conclusiones reseñadas por el exjefe de Servicio de Comercio, Diego Agulló, y por el interventor municipal, además del propio auto judicial en el que se plantea el procesamiento de Echávarri. "Nosotros consideramos que esas dudas" sobre la existencia de anomalías, expresadas en los informes de Agulló y del interventor municipal, "sí son motivo más que suficiente para haber iniciado el expediente y para concluirlo adecuadamente tras la evacuación por parte del Consell Jurídic Consultiu de su preceptivo dictamen. Más aún cuando ese presunto fraccionamiento de contratos está siendo objeto de un proceso penal en los Juzgados de Alicante, en el que están procesados el aún alcalde de Alicante y su jefe de gabinete". Por ello, avanzó que Guanyar lo impugnará mediante la presentación de un recurso de reposición. Es decir, un escrito sobre el que debe resolver el propio Ayuntamiento.
El acuerdo en cuestión contra el que Guanyar pretende formalizar el recurso es el cierre del expediente de revisión de los contratos, incoado a instancias de la propia Junta de Gobierno en abril de 2017, para dilucidar si correspondía declarar la nulidad de esos 25 encargos directos, por un importe inferior a los 18.000 euros, aunque por una suma global de más de 189.000. Como informó este diario, el actual equipo de Gobierno, compuesto por el PSOE en solitario, aprobó la conclusión de ese expediente de revisión -sin requerir ya el informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC)- con el argumento de que no existía ningún informe jurídico ni ninguna apreciación formulada por los técnicos municipales en los que se hubiese reflejado que en esos contratos se incurrió en ilegalidad alguna que conllevase causa de nulidad. Eso sí, en la propuesta de acuerdo aprobada por la Junta de Gobierno (sin la presencia del alcalde ni del edil de Movilidad, Fernando Marcos) no figuraba ninguna mención a las diligencias judiciales seguidas en el Juzgado de Instrucción número 9 que han derivado en el procesamiento de Echávarri por un presunto fraccionamiento de contratos.
En realidad, la propuesta de acuerdo se centraba en subrayar que, en relación a esos 25 contratos bajo sospecha, sólo constan dos escritos (emitidos después de que se produjesen los encargos) en los que se expresaban dudas sobre la existencia de un posible fraccionamiento de contratos: los informes ya citados formulados por Agulló (relegado de sus funciones, después de que Echávarri cediese las competencias de Comercio a la edil Gloria Vara), y por el interventor municipal. El acuerdo aprobado por el PSOE se apoyaba, además, en un informe técnico elaborado por el nuevo jefe de Servicio, Javier Maestre, en el que se subraya la inexistencia de esas posibles causas que justificasen la nulidad de esos contratos.
Al margen de esa conclusión, ese informe señala que los actos de la administración "están revestidos de una presunción de legalidad" y que, en todo caso, para que ese principio quede desvirtuado "se exige prueba en contra de tal presunción". Así, remarca, nadie habría aportado esa posible prueba. Por ello, sostiene, primero, que "las facturas emitidas como consecuencia de los 25 contratos cumplen con los requisitos exigidos reglamentariamente", razón por la que se aprobó el reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar sus costes.
Segundo, insiste en que el informe de su antecesor (Agulló) refleja que "los servicios a que se refieren los referidos contratos, se prestaron a precios de mercado". Tercero, detalla que "en ningún informe de los que obran en el expediente se ha puesto en duda que los empresarios a quienes se encargaron los servicios tuvieran capacidad de obrar y contaran con la habilitación profesional necesaria para realizar las prestaciones". En cuarto lugar, añade que "no consta en el expediente informe alguno (proceda su autoría de la Jefatura del Servicio de la Asesoría Jurídica Municipal o de la Intervención General del Ayuntamiento) que acredite jurídica y fehacientemente que hubo fraccionamiento de todos o algunos de los 25 contratos".
Y, en quinto y último lugar, resuelve que sólo uno de los 25 contratos (relacionado con una campaña publicitaria sobre el comercio de la ciudad que se desarrolló en un periódico impreso de difusión provincial) excede el límite legal de 18.000 euros establecido hasta ahora en la Ley de Contratos del Sector Público para los llamados contratos menores de adjudicación directa (sin concurso). Pero, para el jefe de Servicio, ni tan sólo eso puede considerarse motivo suficiente que pueda justificar su nulidad, ya que "el contrato que no respeta el límite cuantitativo aludido sobrepasa en un céntimo la cantidad máxima fijada, en lo que -a mi juicio y aplicando las más elementales reglas de la razón- no constituye más que un mero error material o aritmético, subsanable a tenor de lo establecido en el artículo 109 de la LPACAL y que, además, una vez aplicado el IVA, no tiene incidencia alguna en el precio final a satisfacer al contratista".
El nuevo jefe de Servicio subraya la presunción de legalidad de la Administración y lamenta que los técnicos de Comercio no tuviesen participación en la tramitación de los contratos
El informe del jefe de Servicio añade, además, una apreciación personal con la que vendría a distanciarse del procedimiento seguido en la tramitación de los 25 contratos objeto de la polémica. "Este funcionario no comparte que en la planificación y ejecución de la actuación puramente administrativa de la que se deriva este informe hayan tenido tan insignificante -cuando no inexistente- intervención los funcionarios municipales adscritos al Servicio de Comercio y Mercados que, por ser los profesionales especialistas en la materia, pueden ofrecer unas mayores garantías de legalidad y de acierto en la actuación administrativa para la satisfacción de las necesidades e intereses públicos", reseña.
La falta de participación de los técnicos de la concejalía es una de las apreciaciones que refleja el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 9 por el que se acordaba la transformación de las diligencias del llamado caso Comercio en procedimiento abreviado: la antesala de juicio.
