Los consorcios denuncian que las plantas de residuos están obsoletas y piden una mayor inversionALICANTE. Premiar el buen comportamiento ciudadano en materia de reciclaje, enfocar el esfuerzo en la separación de los residuos en origen y la necesidad de modernizar las instalaciones. Estos fueron algunos de los leitmotiv dominantes en el Foro sobre La gestión de los residuos en la provincia de Alicante, organizado por Alicante Plaza durante la mañana del viernes 25 de septiembre. La jornada de debate, que tuvo lugar en el Hotel Meliá, estuvo conducida por el redactor jefe de este medio, David Martínez, y reunió a diferentes expertos y expertas en la materia.
Entre ellos, José Vicente Férriz, presidente del Consorcio Mare, quien aclaró que el papel de los consorcios es el de "servir de nexo entre los diferentes ayuntamientos, así como hacia la Diputación. Estos organismos están para "ayudar a las administraciones municipales en la gestión de residuos y en la concienciación ciudadana". Y, además, dio la vuelta a la visión en cuanto a inversión, afirmando que "en la gestión de residuos no hay gasto, sino inversión".
Fulgencio Cerdán, presidente del Consorcio Crea, fue quien puso el énfasis en lo "obsoletas" que se han quedado las plantas de residuos y en la "necesidad de inversión que precisan las mismas para poder cumplir con los objetivos que nos marca Europa". Una afirmación con la que se mostró de acuerdo Isabel López, presidenta del Consorcio Terra, lamentando que "no se plantean inversiones de la altura que se están planteando si no resulta estrictamente necesario. En muchas ocasiones se llega tarde".
Al hilo de la antigüedad que soportan las instalaciones, Ángel Garcillán, director de la Delegación Levante II en la empresa FCC Medio Ambiente, informó sobre que la planta de El Campello tiene diez años y "ya precisaba de las obras de modernización que se van a llevar a cabo". Para que trabajos como este puedan constituir una realidad, la conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, ha solicitado una ayuda de 680 millones de euros de fondos de reconstrucción de la Unión Europea con la intención de "que todos los consorcios puedan estar en la misma situación", anunció su conseller, Joan Piquer, quien también encarna la figura de director general de Calidad y Educación Ambiental.
Para acercarse al -cada vez menos- utópico residuo cero, José Vicente Férriz explicó que sus acciones se resumen en dos: por un lado, la modernización de la planta, lo cual se logra con dinamismo, porque la administración requiere de ese movimiento", y, por otro, la labor de concienciación de la ciudadanía. En esta sensibilización social, Férriz propuso "bonificar al ciudadano cuando lo hace bien, viéndose recompensada su concienciación".
Una idea que secundó, en nombre de la Diputación, Miguel Ángel Sánchez, apostando "no por penalizar a la ciudadanía que no recicla, sino por aplicar bonificaciones a la que sí lo hace bien. En este sentido, queremos bonificar a los municipios que más materia orgánica envíen a la planta". Además, el diputado de Medio Ambiente, Energía y Residuos Sólidos Urbanos fijó como objetivos de la administración provincial la asistencia técnica a los municipios y la implantación de herramientas tecnológicas.
Por su parte, Ángel Garcillán, abogó por la recogida separada de materia orgánica, pues este tipo de desechos suponen "la columna vertebral, con cifras que alcanzan el 40% de los residuos". Asimismo, la implantación de modelos relacionados con la economía circular repercuten en que la planta, último eslabón de la cadena, no se vea tan colapsada y pueda procesar de manera más óptima los residuos y, a su vez, "pueden ayudar a reducir el coste para la ciudadanía", introdujo la presidenta del Consorcio Vega Baja, Teresa María Belmonte, quien defendió la unificación de la "tasa de recogida y transporte de residuos (competencia municipal) y la de tratado y procesado (competencia de los consorcios)".
En cuanto al concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante, Manuel Villar, determinó tres acciones indispensables, como priorizar los asuntos de urgencia, concienciar a la ciudadanía y agilizar los trámites burocráticos. En esta línea, Isabel López criticó la lentitud de los tiempos políticos, lo que complica "a las administraciones mantenerse al día", mientras que Teresa María Belmonte ejemplificó esta problemática con el caso de la Vega Baja, consorcio que lleva 15 años para poder desarrollar su proyecto de gestión.
Una práctica imprescindible en cuanto a concienciación ciudadana reside en la educación de la sociedad. En esta línea, para que las personas se impliquen en la causa, Fulgencio Cerdán propuso la construcción de "un relato en que la ciudadanía se sienta identificada". Sin embargo, en ocasiones este aprendizaje no se produce desde cero, sino que los conocimientos previos deben modificarse a través de la reeducación, "consiguiendo cambiar los patrones de consumo de la ciudadanía y el enfoque en la separación de residuos en los hogares", indicó Ángel Garcillán.
A esta campaña de conciencia -a la par que de identidad- habría que sumarle la inclusión de las nuevas tecnologías, como señaló el presidente del Consorcio Mare, quien también avanzó que "se está trabajando en una app para ofrecer información y facilitar el proceso a la ciudadanía". Pero el anuncio más notable lo comunicó el conseller Joan Piquer, desvelando que la Generalitat está trabajando en tres nuevas líneas de ayuda que se lanzarán en 2021: "Una para sobrerrendimiento ambiental, otra para los/as educadores/as ambientales y una tercera para la reducción de residuos".
La reciprocidad entre las administraciones públicas y las empresas fue otro de los asuntos que se puso sobre la mesa, en la que el único representante del sector privado en el foro no limitó la colaboración a las plantas de tratamiento y reciclaje, sino a los diferentes trabajos que se pueden llevar a cabo dentro de los residuos. Un sector con oportunidades y con potencial para la "creación de empleo en el ámbito público -por ejemplo, con los/as educadores/as ambientales- y en las empresas", expuso la presidenta del Consorcio Terra.
"La administración debe estar para regular; lo demás, para el sector privado", aclaró Teresa Belmonte la función de cada parte. Una declaración que encaminó el discurso de Joan Piquer, quien trasladó que "la gestión pública directa al 100% no es el mecanismo preferente para la UE, pues la institución europea ha determinado que siempre tiene que haber una parte pública como mecanismo de control de la entidad privada".
Foro AP: La gestión de los residuos en la provincia de Alicante (Fotos: Pepe Olivares)
