La Fiscalía ratifica la petición de cárcel para Llorens y Zaragoza por los escenarios de fiestas de Alicante

ALICANTE. El juicio del denominado caso Isjoma por el presunto amaño en la adjudicación del contrato de montaje de escenarios e infraestructuras para actos festivos y culturales de Alicante entró este miércoles en su fase final con la práctica de las últimas pruebas: una pericial conjunta entre tres peritos que analizaron el informe de valoración de las propuestas presentadas al concurso, la audición de nuevas grabaciones (las primeras, correspondientes a la conversación mantenida con el exconcejal de Hacienda, Juan Zaragoza, se escucharon en la sesión del martes) aportadas por los responsables de la empresa Montajes Alavés al denunciar en Fiscalía las supuestas anomalías en la adjudicación, y la presentación de prueba de tipo documental. En cualquier caso, además, la sesión sirvió para que las partes anticipasen su propuesta de conclusiones definitivas, antes de que se formulen los correspondientes informes en una última jornada prevista para el próximo jueves, 6 de octubre.

Por lo pronto, en ese trámite de anticipación ya se pudo vislumbrar que acusaciones y defensas mantendrán sus relatos y ratificarán sus correspondientes peticiones iniciales. Así, la Fiscalía Anticorrupción incidirá en la tesis de la existencia de anomalías en la adjudicación y en la existencia de un supuesto fraccionamiento por encargos troceados al margen de la prestación, ya que su representante, Felipe Briones, elevó a definitivas las conclusiones de su escrito de acusación inicial y confirmó su solicitud de condenas para los cinco procesados por los mismos delitos que les atribuía de partida. De este modo, planteará que se imponga una pena de tres años de prisión al exconcejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, como responsable de un delito prevaricación administrativa en concurso con otro delito continuado de fraude a la administración. Para el exedil de Hacienda, Juan Zaragoza, reafirmará su solicitud de condena a un año de prisión por el delito de revelación de secretos. 

Por su parte, para el funcionario que ejercía como jefe de talleres (ya jubilado), Ginés Pérez, persistirá en solicitar dos años de prisión por los delitos de prevaricación y fraude a la administración. Para el exresponsable de Isjoma, Isidro García, un año y medio por los mismos delitos, en grado de cooperador necesario. Y para el técnico Francisco Ramón Casal, la pena de inhabilitación para el desempeño de cargo público. En realidad, el fiscal solo planteó una modificación respecto a la acusación de Casal para extender el periodo en el que se circunscribe su acusación, después de que su defensa hubiese planteado la prescripción de los delitos que se le imputaban en el trámite de la formulación de las cuestiones previas.

Por su parte, el letrado de la acusación particular, José Ferrer, en representación de los responsables de la empresa Montajes Alavés -quienes denunciaron las supuestas anomalías al sentirse perjudicados por la adjudicación a Isjoma- también avanzó su ratificación respecto al escrito de acusación, por el que solicita cuatro años de prisión para Llorens y dos para Zaragoza. No obstante, retiró la petición que había incluido inicialmente por la que planteaba que se indemnizase al Ayuntamiento en la suma de 1,1 millones en concepto de posible responsabilidad civil por el perjuicio que se hubiera podido producir para el interés público, en el caso de que la sentencia certificase que se produjo un amaño en la adjudicación. 

Esa cifra se cuantificaba a partir de la diferencia de precio existente entre la oferta de Isjoma y la formulada por Montajes Alavés, 960.000 euros más económica. Lo cierto es que, de algún modo, la sala ya había reconvenido a la acusación particular durante la primera sesión del juicio al apuntar que figuraba en el proceso como acusación particular, no como acusación popular: un papel que podía corresponder al Ayuntamiento y que, sin embargo, se apartó del procedimiento después de plantear el sobreseimiento y archivo de las diligencias, antes de que se dictase el auto de apertura de juicio.

Absolución y dilaciones

Por último, las defensas de los cinco procesados también confirmaron sus respectivas solicitudes de absolución al negar la existencia de delito. Además, anticiparon su petición para que, en el caso de que se acabe dictando una sentencia condenatoria, se tenga en cuenta la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas en un proceso que se ha prolongado durante 16 años.

En principio, el trámite de la exposición de los informes finales estaba previsto para este jueves. Sin embargo, la sala acordó aplazar esa última sesión una semana más, a la vista de que no se había podido facilitar copia del acta de grabación de las sesiones diarias para que las partes pudiesen consultarlas antes de ese momento.

Por lo demás, en la pericial conjunta practicada este miércoles, los tres peritos contrastaron las conclusiones expuestas en sus respectivos informes con sus distintas apreciaciones: uno de ellos, propuesto por quien fuera jefe del área de Servicios, Víctor López (que estuvo procesado en la causa, ahora fallecido), que el resto de las defensas hizo suyo; otro concertado por la acusación particular y, el tercero, el perito judicial designado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) al dirimir el recurso contencioso-administrativo paralelo en el que se dio la razón a Montajes Alavés y se falló que, en realidad, su oferta debía haber sido la ganadora del concurso convocado en 2009 al ser la que había presentado la mejor propuesta y la más económica. Respecto a la audición de la grabación, se reprodujo la conversación captada por los responsables de Montajes Alavés con un técnico municipal, Diego Agulló, en la que éste habría insinuado que conocía quién había redactado los pliegos de Isjoma, sin llegar a facilitar nombres.