Los exediles del PP de Alicante Juan Zaragoza y Andrés Llorens, junto al resto de los acusados, en el desarrollo del juicio. ALICANTE. Las supuestas anomalías registradas en el contrato de montaje de infraestructuras festivas y culturales de Alicante, investigadas en el llamado 'caso Isjoma', quedan definitivamente descartadas. La Sección Primera de la Audiencia de Alicante acaba de dictar una diligencia de ordenación por la que confirma la firmeza de la sentencia absolutoria para el conjunto de los procesados dictada el pasado mes de octubre, después de que haya vencido el plazo previsto para la interposición de recursos sin que se haya registrado ninguno.
Esa resolución viene a confirmar, así, la exculpación de los dos exconcejales del PP, Andrés Llorens y Juan Zaragoza, que se sentaron en el banquillo de los acusados para responder sobre el presunto fraccionamiento de contratos y el supuesto delito de revelación de secretos que advertía la Fiscalía Anticorrupción por su intervención en la adjudicación y en la prestación de ese servicio de montaje de escenarios, y que ahora la misma acusación pública habría desistido de defender ante la instancia judicial superior: en este caso, el Tribunal Supremo (TS). Tampoco ha registrado recurso la acusación particular, ejercida por los representantes de la empresa Montajes Alavés, que presentaron la denuncia original con la que se basaron las pesquisas iniciales, tras tener constancia de presuntas anomalías y sentirse perjudicados en el primer concurso para contratar el servicio al que también optaban, que acabó concediéndose a Isjoma.
La sentencia que ahora ya es definitiva, fechada el pasado 22 de septiembre, exoneraba a Llorens y Zaragoza del delito continuado de prevaricación administrativa por el que se les había procesado (a Zaragoza, además, se le atribuía otro delito de revelación de secretos en relación a la supuesta filtración de un informe de valoración) al rechazar que se hubiese producido una manipulación de proceso para que la contrata quedase en manos de Isjoma en los dos procedimientos de licitación promovidos por el Ayuntamiento en los años 2003 y 2009.
Tampoco consideraba demostrado que hubiese un fraccionamiento de contratos por la acumulación de encargos posteriores a esas contrataciones supuestamente al margen del contrato marco, como sostenía Anticorrupción. De igual modo, al no apreciar delito, se extendía el mismo fallo absolutorio para el resto de los imputados: el responsable de la empresa Isjoma y dos técnicos municipales, al margen del jefe del área de Atención Urbana, ya fallecido antes de la celebración del juicio.
A modo de resumen, el tribunal descartó la existencia de una supuesta trama en beneficio de la empresa Isjoma a partir de las manifestaciones de los testigos y de las aportaciones de los peritos, entre las que se incluyó la rectificación respecto a su informe inicial realizada por el inspector de la Udef que analizó parte de esas contrataciones. Una rectificación en la que contempló la posibilidad de que en las adjudicaciones de los dos contratos pudiesen tener cabida otros encargos adicionales, lo que conllevaría que no existiese el supuesto fraccionamiento apuntado por la acusación pública.
No obstante, la investigación de esas presuntas anomalías no apreciadas en esa primera sentencia podría tener continuidad en el supuesto de que la Audiencia estimase el recurso que sí ha presentado la Fiscalía Anticorrupción frente al sobreseimiento de las segundas diligencias relacionadas con la prestación de ese servicio entre los años 2009 y 2014.
Como informó este diario, la titular del Juzgado de Instrucción número 7 acordó dar carpetazo a la instrucción de esas diligencias a la vista de la sentencia absolutoria dictada respecto a la causa original. No obstante, Anticorrupción sí recurrió frente a ese auto al considerar que no se había completado la investigación y que no podía extenderse las conclusiones alcanzadas en el primer juicio a las segundas diligencias al argumentar que se trataban de hechos distintos. De ahí que solicitase la reapertura de la causa o el dictado de un auto de procesamiento para los investigados, entre los que volvía a figurar el exedil Llorens, junto a dos funcionarios (uno de ellos ya fallecido) y el representante de Isjoma (también fallecido). Ese recurso sigue todavía pendiente de respuesta.
