ALICANTE. El grupo municipal Esquerra Unida Podem en el Ayuntamiento de Alicante llevará al próximo pleno una moción en la que reclamará asistencia económica y financiera para los ayuntamientos, con el objetivo de aplicar correctamente la nueva Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, según informan fuentes de la confluencia, a través de un comunicado. "La implementación de esta ley ha generado debates y preocupaciones en todo el territorio nacional, y en el País Valencià, el foco de atención se ha centrado en el aumento de la tasa de residuos", según añaden las mismas fuentes.
"Es necesario aclarar que dicho impuesto no es nuevo y, en caso de que haya un incremento, se debe a que anteriormente no se cubría el costo real del servicio con las tasas pagadas. Esto plantea la pregunta de quién ha estado financiando el servicio de recogida y tratamiento de basuras. En el contexto valenciano, empresas constructoras, que tras la crisis inmobiliaria de 2008 a 2013 se diversificaron en la prestación de servicios de residuos, han continuado beneficiándose económicamente, incluso confesando haber contribuido a campañas electorales de determinados partidos", sostienen portavoces de la confluencia.
En esta línea, Esquerra Unida Podem apunta, a través de dicha nota pública, que "la Ley de Residuos tiene como objetivo regular la prevención, producción y gestión de residuos, asignando competencias claras a las administraciones. Esta legislación establece metas ambiciosas para reducir la cantidad de residuos generados: reducción del 13% para 2025 con respecto a los niveles de 2010 y reducción del 15% para 2030 en comparación con los residuos generados en 2010".
De ahí que el portavoz del grupo municipal, Manolo Copé, haya subrayado "la necesidad de establecer un sistema de seguimiento eficaz que asegure que quienes más residuos generan paguen más. Además, se deben implementar mecanismos que bonifiquen a las personas que separen correctamente sus residuos domiciliarios". "En un contexto en el que los materiales son cada vez más difíciles de obtener, la gestión de residuos debe ser eficiente y justa", añade el comunicado. Sin embargo, "la propuesta de exigir una apertura mínima mensual de cuatro veces del contenedor marrón resulta insuficiente y no garantiza que se esté separando adecuadamente", sostiene Copé, a la vista de la propuesta de bonificaciones por la separación del residuo orgánico planteada por el PP a través de la propuesta de revisión de la tasa de la basura.
A la luz de estos objetivos, Esquerra Unida Podem también llama la atención sobre el equipo de gobierno actual del Ayuntamiento de Alicante. "La moción cuestiona si el gobierno local cumplirá con los plazos y objetivos de la nueva ley, ya que en anteriores ocasiones ha incumplido compromisos, lo que ha provocado la necesidad de abrir nuevas celdas en la Planta de Tratamiento de Fontcalent. Esta situación no solo impacta en el medio ambiente, sino que también afecta la calidad de vida de los vecinos debido a la contaminación atmosférica, acústica y lumínica", apunta el comunicado.
Por todo ello, la confluencia propone "activar una herramienta legal a disposición de las comunidades autónomas, para que en sus competencias gestionen el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. Alicante, que ha demostrado ser solidaria al recoger basuras de otros planes zonales, tiene argumentos sólidos para reclamar una redistribución de este impuesto, lo cual podría aliviar la carga económica de la tasa de residuos que el actual equipo municipal impone a la ciudadanía", concluye la nota pública.