Foto: EFEALICANTE. El último trimestre no será recordado como el periodo de mayor sintonía y felicidad entre el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez y el Consell que dirige Ximo Puig. Curiosamente, la conexión orgánica entre PSOE y PSPV es excelente, como muestra el atraso concedido de las listas solicitado por los socialistas valencianos, pero eso no se viene correspondiendo con algunas decisiones en el plano institucional que está generando no pocos quebraderos de cabeza al presidente de la Generalitat en esta recta final de la legislatura.
Más allá del problema crónico del bloqueo de la reforma del sistema de financiación, dos de los tropiezos más importantes en la relación Gobierno-Consell en estos tres meses tienen una localización concreta: la provincia de Alicante. Precisamente, el territorio en el que Puig viene deshaciéndose en esfuerzos desde 2015 a sabiendas de que es la demarcación donde mayor fuerza mantiene el bloque de derechas.
Así, las cuentas diseñadas en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 dejaban a esta provincia a la cola de España en inversión por habitante. Una circunstancia que desde el Gobierno valenciano trató de explicarse argumentando errores en la distribución (partidas que correspondían a Alicante se incluyeron en Valencia) o multitud de millones incluidos en el 'cajón de sastre' del Ministerio de Transición Ecológica que, aunque eran para esta provincia, no se encontraban territorializados.
El Gobierno valenciano trató de amortiguar el golpe con un laborioso proceso de enmiendas y también a través de compensaciones con los Presupuestos de la Generalitat, unas medidas que, no obstante, dejaron la sensación en la sociedad civil alicantina de tener que ir a remolque o con parches respecto a unas decisiones adoptadas desde Madrid con poca sensibilidad a la provincia alicantina, la quinta más poblada de España y donde se reparten 12 diputados en las elecciones generales.
Casi a renglón seguido, se ha producido otra decisión del Gobierno central que ha trastocado la tranquilidad del Consell de Puig, en este ocasión en una cuestión especialmente sensible en el sur de Alicante, el trasvase Tajo-Segura. El problema hídrico siempre ha sido un factor estratégico en una zona considerada decisiva desde el punto de vista electoral, por lo que el Gobierno de Puig viene insistiendo en tratar de fomentar las inversiones de todo tipo mediante el Plan Vega Renhace.
No obstante, el golpe de timón de la Comisión Nacional del Agua transformado luego en decreto desoyendo el acuerdo alcanzado anteriormente entre Gobierno y Generalitat sobre el caudal de esta transferencia hídrica, ha dejado en una posición de debilidad a Puig frente a Castilla-La Mancha, liderada por su compañero de partido, Emiliano García-Page. De hecho, el Consell solicitó este martes a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio Cordero, que emita un informe desfavorable sobre el proyecto de real decreto que afecta al plan hidrológico en el que se incluye la regulación del trasvase Tajo-Segura. Mientras, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, defendía también reiteradamente esta semana la posición del Gobierno frente a las alegaciones de Puig.
Una disputa en la que el presidente de la Generalitat no parece dispuesto a ceder. En su entorno, no se termina de entender las últimas maniobras del Gobierno central que afectan, justamente, a una provincia tan importante por su tamaño y sensibilidad estratégica, y más aún cuando estas polémicas se levantan a cinco meses de las elecciones autonómicas. Unos comicios donde la victoria también es importante para Pedro Sánchez, puesto que determinará si llega a las elecciones generales previstas en noviembre en una dinámica ganadora o perdedora. De hecho, hasta ahora Puig ha sido el presidente autonómico que, probablemente, haya apoyado a Sánchez de manera más firme incluso en cuestiones tan delicadas como la última reforma del código penal.
Alicante es una provincial capital en la distribución y en el número de escaños. Tanto en la Comunitat Valenciana -Alicante aporta 35 escaños- como en España -donde aporta 12-. En los últimos comicios, la marca socialista fue la más votada en ambos casos, algo considerado un hito en las filas del puño y la rosa después casi 28 años de hegemonía popular. Y ahí se la juegan tanto Sánchez como Puig. Para ambos un buen resultado es importante para aplacar la mayoría del centro derecha que ya se dio en las últimas elecciones, primero con la suma de PP y Cs, mayoritaria en las autonómicas; y posteriormente con la de PP-Vox en la generales.
Otro elemento que también puede ir en perjuicio de los socialistas es el desgaste de sus socios en las comarcas de Alicante, Compromís y Podem. Los primeros mantienen intacta su estructura, con representación en la mayoría de ayuntamientos y más de una decena de alcaldías, pero con cierto desgaste también en la gestión por el caso Oltra y la destitución de Mireia Mollà. La situación de Podem todavía es más oscura para los intereses socialistas. La marca morada apenas tiene estructura en la provincia -sólo conserva la de Alicante ciudad con cierta vitalidad- y no tiene referentes tras la marcha de Rubén Martínez Dalmau. Pese a ello, tanto morados, pero sobre todo los valencianistas, han cerrado filas con el PSPV a la hora de ganar más inversiones presupuestarias y mantener, en la medida de las posibilidades, el trasvase Tajo-Segura en sus actuales condiciones.
Más allá de la cuestiones de cada asunto -presupuestaria o hídrica- lo que más frustración genera en el seno del PSPV es el ruido alrededor del peso de la provincia de Alicante en el conjunto de la Comunitat y de España, y el papel de Puig en ello, algo que el PP intenta explotar como una debilidad.
Además, se produce la circunstancia de que en la provincia de Alicante es, precisamente, donde el líder del PPCV, Carlos Mazón, tiene mayor potencia de fuego, puesto que además es presidente de la Diputación. O lo que es lo mismo, los socialistas valencianos observan cómo estas últimas decisiones del Gobierno central están facilitando al jefe de la oposición cantidades ingentes de 'munición' política de las que, de otra manera, no dispondría.
Es por todo ello que un veterano dirigente del PSPV ironizaba días atrás en privado con aquel eslogan que hizo fortuna en la campaña de Clinton contra Bush a principios de los 90: "¡Es la economía, estúpido!", tratando de enfatizar la importancia de la provincia de Alicante en las próximas elecciones autonómicas que tendrán lugar en mayo.
