Manuel Trigo y Francisco LlopisVALÈNCIA. El TSJ de la Comunitat Valenciana ha rechazado las medidas cautelares que pedía una de las empresas concesionarias del servicio de ITV en la Comunitat Valenciana para dejar en suspenso la comunicación por parte de la Generalitat a las empresas sobre su intención de no prorrogar los contratos de concesión más allá de su finalización el 31 de diciembre, fecha a partir de cual el servicio pasará a ser público.
En un auto dictado el pasado día 19, la sección quinta de la Sala de lo contencioso-administrativo concluye que no procede la suspensión de la comunicación por la que se anuncia la intención de no prorrogar los contratos de concesión del servicio público de ITV en respuesta a la petición de la firma Pistas Iteuve mientras se resuelven los recursos que las concesionarias han presentado contra la no prórroga de sus respectivos contratos.
En esa resolución, los magistrados sostienen que esa no prórroga "es algo previsible de acuerdo con los términos pactados y no nada extraño que ocurra, de manera que los concesionarios deben estar preparados para tal evento". Además, sobre la necesidad de garantizar la continuidad del servicio público a la que apelan las empresas, el auto responde que la comunicación con un año de antelación del final del contrato persigue precisamente esa finalidad "y sin interrupción en su prestación".
En el auto también se le afea a la empresa recurrente, concesionaria del lote 7, que apenas dedique "esfuerzo argumental" en su recurso al extremo fundamental para pedir la suspensión cautelar, es decir, la ponderación de intereses.
Frente al argumento de que la petición de suspensión cautelar persigue defender el interés público y que de lo contrario se derivarían daños y perjuicios de imposible difícil reparación para la seguridad vial y el medio ambiente, los magistrados lo rechazan porque, según explican, la demandante "se olvida que es este un procedimiento entre una concesionaria de un Departamento de Economía y la Consellería de Economía, cuya finalidad y competencias van dirigidas, precisamente, a la finalidad pública que parece atribuirse con carácter exclusivo y excluyente sin que con esa comunicación se resientan el interés público y los perjuicios de los usuarios y concesiones".
La asociación que agrupa a los concesionarios de ITV en la Comunitat Valenciana, Aecova, se reúne este miércoles con el conseller de Economía, Rafael Climent dos meses después de pedir este encuentro para exponerle los datos de un informe pericial que rebate los datos económicos en los que la Generalitat basa la viabilidad del paso a la gestión pública.
Según criticó el expresidente y vocal de esa asociación, Manuel Trigo, esa reversión "no será viable": "Tienen derecho a una reversión, pero con la verdad, no con unas falsedades para justificar una acción que es insostenible", lamentó el empresario durante una rueda de prensa para denunciar los "errores, delirios, inexactitudes y falsedades" que contienen los informes de la administración y anunciar una batería de recursos judiciales.
Según Trigo, que compareció acompañado por el portavoz de Aecova, Francisco Llopis, ese informe pericial ha sido utilizado de base para los recursos contencioso administrativos de que cada concesinaria ha presentado por su cuenta contra la postura de la administración de no alargar el contrato tras 25 años de gestión privada.
