El PSOE y UP cuestionan al bipartito de Alicante sobre las multas por la ordenanza de convivencia

ALICANTE. El PSOE de Alicante y el grupo municipal de Unides Podem EU en el Ayuntamiento de Alicante han coincidido este martes en instar al alcalde, el popular Luis Barcala, a concretar "el número de sanciones y expedientes abiertos a personas sin recursos tras entrar en vigor hace más de dos meses la nueva ordenanza de la vergüenza, cuyo objetivo es perseguir y multar a las personas sin recursos", según han concretado, en primer término, fuentes del PSOE. De igual modo, el PSOE solicita que se detalle "qué acciones sociales se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento para ayudar a esta población desprotegida para reincorporarse a la sociedad", según han apuntado portavoces oficiales, a través de un comunicado.

El secretario general del partido en Alicante, Miguel Millana, asegura que el alcalde "debe dar explicaciones a la ciudadanía tras poner en marcha una ordenanza que se asemeja más a la ley de vagos y maleantes franquista que con una norma de un país democrático". "Alicante, para nuestra desgracia, se ha convertido en el centro de atención informativa del país porque hemos sacado una ordenanza sonrojante que persigue a las personas que duermen en la calle y a las prostitutas. Hemos pasado de ser conocidos por nuestros atractivos turísticos a ser identificados como una ciudad que acosa y sanciona a la gente pobre; lamentable".

La concejala Llanos Cano, que redactó "una ordenanza alternativa donde hacía especial mención a la necesidad de incrementar las acciones sociales para la población más vulnerable y sancionar a los clientes y hostigar y detener a los proxenetas, en vez sancionar a las mujeres que son empujadas a prostituirse", según el comunicado, califica la normativa de "un auténtico despropósito que no ha solucionado nada".  "Nos gustaría saber no solo el número de multas, sino a cuántas personas han rescatado de la calle y que ‘golpes mortales’ ha habido contra las supuestas mafias a las que aludió el bipartito para justificar la ordenanza de la vergüenza", ha concluido Cano.

En segundo lugar, el grupo municipal de Unides Podem EU ha reiterado su petición de "trasparencia" al gobierno municipal en cuanto a la aplicación de las sanciones y disposiciones "de la conocida como Ordenanza de la vergüenza". Fuentes de la confluencia han apuntado que El portavoz municipal, Xavier López, ya planteó esta petición en pleno municipal el pasado marzo, vía pregunta. "Una petición que no ha sido atendida por el edil Jose Ramón González", según las mismas fuentes. El grupo municipal considera imprescindible "hacer un seguimiento de las personas sancionadas para conocer los perfiles y situaciones que se esconden detrás de las cifras".

López reclama "conocer el detalle tanto de las cuantías y sanciones que se han impuesto desde que entró en vigencia la ordenanza, que hagan público exactamente cuántas personas están siendo sancionadas por dormir en la calle u por otros aspectos que a nuestro juicio, vulneran derechos fundamentales". "También queremos conocer si, además de las multas, se han abierto expedientes de intervención en servicios sociales, tal y como decían que iban a hacer, para darles soluciones a las personas que viven en la calle". De la misma forma, López invita a Barcala a "aclarar con cuantas mafias ha acabado ya el texto de su ordenanza, que según él era el objetivo principal del la medida".

Sobre el procedimiento judicial que mantiene este grupo municipal respecto a la ordenanza en el Tribunal Superior de Justicia Valenciana, el portavoz municipal aclara que "estamos estudiando la posibilidad de ejercer recurso a la denegación de la cautelar, pero en todo caso, la ordenanza está sentenciada por la ciudadanía de Alicante, que ha expresado que no le gusta, que es hostil con las personas más vulnerables, lo que hace que esté condenada a desparecer tarde o temprano, si no lo hace la justicia, lo hará en 2023 el próximo gobierno progresista de la ciudad", ha concluido.