El PP pacta con Compromís y sin Vox la creación de un Tribunal Administrativo de Contratos Públicos 

VALÈNCIA. El primer paso para la aprobación de la ley de Medidas Fiscales se ha dado este martes en Les Corts. El siguiente y último se hará en el pleno de finales de diciembre. Conocida como ley de Acompañamiento, es aquella que sirve como cajón de sastre para la modificación de multitud de normativa autonómica y sin ella no pueden salir adelante los Presupuestos de la Generalitat de 2024. 

Este martes se ha celebrado la comisión en la que se han debatido y votado las enmiendas parciales presentadas por los grupos. El PP y Vox han aprobado todas las presentadas conjuntamente, pero la sorpresa de la jornada ha sido una pactada entre los populares y Compromís, en la que Vox se ha abstenido y el PSPV ha votado en contra. En ella han acordado la creación de un tribunal administrativo valenciano de contratos públicos, un organismo que existe en otras comunidades autónomas como Navarra, Aragón o Galicia. 

En este momento, en el caso de la Comunitat Valenciana, cualquier contratista con la administración pública tiene que acudir al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Ahora habrá uno propio que se adscribirá a la conselleria de Hacienda y que actuará en el ámbito de la administración de la Generalitat, su sector público instrumental, los ayuntamientos y entidades públicas vinculadas, las universidades públicas valencianas y los consorcios.

Tras la aprobación de esta enmienda transaccionada con Compromís –la única–, el PP deberá impulsar el correspondiente desarrollo normativo. 

La docencia de los altos cargos

Los partidos de la derecha también han sacado adelante otros asuntos de relevancia con la aprobación de la ley de Acompañamiento. Uno es el relativo a que los cargos no electos –es decir, los miembros del Ejecutivo– podrán compatibilizar el ejercicio de su puesto con la docencia universitaria, la docencia en centros de selección y perfeccionamiento de empleados. 

Con ello, cualquier conseller, secretario autonómico o director general podrá desempeñar tales responsabilidades y a su vez ser profesor en una universidad pública, privada o una academia particular "en régimen de dedicación a tiempo parcial". Además, en caso de que los altos cargos ejerzan de docentes en algún centro o universidad podrán percibir un salario que en ningún supuesto "exceda del 30% de la retribución que corresponda al alto cargo". 

Un salario que, por tanto, se sumaría al que ya perciben como altos cargos. Entre el primer y tercer escalón del Consell los sueldos oscilan de los 95.521 que cobra el president a los casi 60.000 euros anuales que percibe un director general. En definitiva, un cambio que, a la postre, permitirá que los altos cargos puedan ver engrosadas sus nóminas aunque no sea a través de una subida de salarios pura y dura a los miembros del Gobierno valenciano.

El PSPV planteó limitaciones a través de enmiendas, que han sido rechazadas por el PP y Vox. Consistían en que, en lugar del 30%, la cuantía de las retribuciones percibidas por la actividad docente o de investigación no pudiera, en ningún supuesto, exceder del 10% de la retribución bruta anual fijada para los directores generales en los Presupuestos de la Generalitat del ejercicio. También que el ejercicio de la docencia se realizara con una duración determinada, que fuera en horario vespertino sin exceder en cómputo anual las 75 horas o que hubiera una autorización previa de la Conselleria en la que el alto cargo trabaja, además de un informe de la Oficina de Control de Conflicto de Intereses. 

"Algun día nos explicarán qué toman por la mañana para llegar a todo como ser altos cargos, que requiere una gran dedicación, y dar clases. Pero bueno, el gobierno de los mejores puede con eso y con más", ha ironizado este martes durante el debate el diputado socialista José Muñoz. El parlamentario ha criticado que el PP y Vox proclamen la reducción del gasto político –con el recorte de altos cargos y asesores– de 9 millones de euros pero no hayan realizado la cuantificación "de esa subida de sueldo". 

El diputado del PP José Juan Zaplana le ha replicado que el informe de la Oficina de Conflicto de Intereses ya se encuentra recogido en la ley y le ha afeado que no hubieran llevado sus reclamaciones a las reuniones con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con quien rechazaron llegar a un acuerdo sobre la agenda valenciana. 

"Hablan de poner un horario para la docencia, ¿pero cuál es el horario laboral del Consell? Determinar si alguien está en horario laboral en la peluquería, cuidando de sus hijos o dando clase no lo vamos a poder discernir. La diferencia está en si es un Gobierno de los mejores o de mediocres", ha afirmado, para destacar que en el Ejecutuvo catalán se encuentra regulado. 

Familias numerosas y À Punt

Por otro lado, el PP y Vox han rechazado igualmente otras enmiendas de los socialistas. Entre ellas, que las familias con dos hijos –sean o no comunes– tengan la condición de numerosas, con todos los efectos que ello conlleva: deducciones en matrículas educativas; puntos extra para escoger centro educativo y para las becas comedor; reducciones en las tarifas de metro, tranvía y autobuses; deducciones en el tramo autonómico del IRPF; o descuentos en espacios culturales o de ocio. 

Los populares consideran que ese texto conlleva un gran desembolso económico y supone una modificación de los presupuestos que no pueden asumir en este momento. 

En la comisión los grupos de la oposición han mencionado igualmente que el PP y Vox hayan retirado las enmiendas relativas a À Punt. Concretamente, aquellas en las que aumentaban su peso en el máximo órgano directivo de la radiotelevisión valenciana –lo que suponía que pasaran a tener mayor control– y limitaban el presupuesto –lo que podía derivar en una reducción efectiva en futuros presupuestos. En los textos, cambiaban la composición del Consell Rector y las mayorías parlamentarias necesarias para nombrar a sus miembros sin la oposición, además de introducir un nuevo miembro en el Consejo de la Ciudadanía. 

El PSPV y Compromís les han acusado de intentar ejercer un control político sobre À Punt. El diputado del PP José Juan Zaplana les ha respondido: "Ustedes hablan de control político. Pero fueron ustedes los que modificaron la ley para cambiar las mayorías para elegir al presidente del Consell Rector y que no fuera necesaria la oposición. En cuanto al Consejo de la Ciudadanía, se elige a 4 personas de entre la sociedad, y entre ellos se encuentra Alexis Lara, candidato en Algemesí por Esquerra Unida y asesor la pasada legislatura en la Conselleria de Transparencia; y Vicent Moreno, concejal del PSPV ya en 1979 en Castelló del Rugat y ex alto cargo de la Conselleria de Educación. El presidente del Consejo de la Ciudadanía también fue alto cargo del PSPV. No sé quién está controlando políticamente À Punt".