Foto: JORGE GIL/EPVALÈNCIA. El vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, interpelaba el pasado jueves a la vicepresidenta María Jesús Montero desde la tribuna del Congreso sobre el pacto de los socialistas con ERC: "¿Ustedes les han dicho [a los españoles] que pactaron no deflactar la tarifa del IRPF?". Recordaba así una de las reiteradas exigencias de los populares al Gobierno: ajustar la tarifa del IRPF para que los contribuyentes, como consecuencia de la inflación, no paguen más impuestos sin haber mejorado su poder adquisitivo.
Es una exigencia reiterada del PP nacional y también lo fue de Carlos Mazón al Consell del Botànic hasta las elecciones de 2023. Tanto, que Ximo Puig acabó modificando el tramo autonómico del IRPF en octubre de 2022, con efectos retroactivos a 1 de enero de ese año, para evitar el efecto negativo de la inflación en las rentas medias y bajas. Se beneficiaron aquellos contribuyentes con una base imponible inferior a 60.000, mientras que para 2023 el Consell del Botànic aprobó una subida del IRPF para rentas superiores a 77.000 euros y elevó también el Impuesto de Patrimonio.
Ahora le toca mover ficha a Carlos Mazón, que parece haber olvidado aquello que exigía a Puig y que Núñez Feijóo exige a Sánchez, una deflactación de la tarifa del IRPF para que los valencianos no paguen más impuestos por culpa de la inflación. O dicho de otro modo, para que la Generalitat no aproveche la inflación para recaudar más a una población que no ha ganado poder adquisitivo o incluso lo ha perdido.
Así se deduce del borrador de Ley de Acompañamiento que la Conselleria de Hacienda ha sometido a información pública antes de su aprobación por el pleno del Consell en las próximas semanas. Al igual que en 2024, el departamento que dirige Ruth Merino no ha previsto para 2025 la acomodación de la tarifa del IRPF a la inflación.
La consecuencia, si se confirma que no hay deflactación, es que, por segundo año consecutivo, se producirá una subida encubierta del Impuesto sobre la Renta que perjudicará a todos los contribuyentes de manera progresiva según su renta.
La decisión del Consell afecta al 50% del IRPF sobre el que tiene competencias, pero en el otro 50% las noticias tampoco son buenas puesto que el Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado las reiteradas peticiones del PP para que deflacte la tarifa en el tramo estatal.
La no deflactación afectará de forma clara a los contribuyentes que hayan visto mejorado su salario desde 2023 para paliar los efectos de la inflación, porque su poder adquisitivo es el mismo pero les tocará pagar más. En 2023 el aumento promedio de sueldos en convenios colectivos en España fue del 3,4% y la inflación media, el 3,5%. Entre enero y agosto de 2024 los salarios han aumentado una media del 3,38% y la inflación en ese período fue del 3,2%.
A aquellos que no hayan visto mejorado su sueldo también les perjudica la no deflactación, puesto que pagarán lo mismo de IRPF que el año anterior habiendo perdido poder adquisitivo.
Mazón tampoco ha cumplido, de momento, su promesa de bajar el tipo impositivo del IRPF en el tramo más bajo de renta del 9% al 8,75%. Lo que si hizo tras ganar las elecciones en 2023 fue introducir deducciones en el IRPF para las rentas medias y bajas, con efectos retroactivos a ese mismo año.
Así, en 2023 se añadieron seis nuevas deducciones relacionadas con la salud física y mental y con la práctica deportiva, destinadas a rentas individuales de hasta 32.000 euros y rentas conjuntas de hasta 48.000 euros. Estas deducciones permitieron ahorrarse 51,79 millones de euros a 424.000 contribuyentes valencianos.
Para 2025 el Consell ha incluido en el borrador de la Ley de Acompañamiento, como anunció Mazón en el Debate de Política General, nuevas medidas, entre las que destaca el aumento de la deducción por nacimiento o adopción para contribuyentes con renta de hasta 30.000 euros o 47.000 en declaración conjunta.
El Banco de España ha estimado que del aumento de la recaudación del IRPF en España entre los años 2019 y 2023, que pasó de 86.000 a 124.000 millones de euros, 11.000 millones de ingresos adicionales se deben al efecto a la inflación y a la ausencia de adecuación del impuesto al alza de los precios.
