El nuevo presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, se ha estrenado esta semana con el tradicional brindis de Navidad junto a los representantes de los medios de comunicación. Pérez Llorca ha recuperado un acto que Mazón solo celebró en 2023. En 2024, la DANA obligó a cancelarlo. Circunstancias al margen, el acto navideño del nuevo president sirvió, como es costumbre, para departir y conocer a los periodistas que cubren cada día la actividad de la Generalitat, y para hacer gala de ese nuevo perfil que sí atesora: mayor cercanía y un talante más conciliador.
En su discurso, el exalcalde de Finestrat habló del alud de acontecimientos vividos en sus primeros quince días como president, pero, a mi modesto entender, destacaron dos ideas: promete encajar con más tablas las críticas a su gestión y considera que, en esta empresa de servir a los ciudadanos desde la administración autonómica, todos deben tirar del carro en la responsabilidad que les corresponda. No mencionó partidos, pero se dirigió fundamentalmente al PSPV y a Compromís con el deseo de consensuar, al menos, el nombramiento de los representantes de los órganos estatutarios —que deben renovarse— o la dirección de la televisión autonómica À Punt, que cuenta de momento con una presidenta en funciones.
Nada hace augurar que Pérez Llorca pueda lograr ese objetivo. En primer lugar, porque a las primeras de cambio los propios aludidos, especialmente el PSPV, ya han levantado las barreras dialécticas necesarias para marcar distancia. Desde la cúpula socialista se considera que todo lo que haga el nuevo president es un intento de blanquear y marcar distancias con el pasado inmediato que deja Mazón. Se vio tras la primera visita de Pérez Llorca a los municipios afectados por la DANA, y se repitió tras su entrevista con Pedro Sánchez. El argumentario escuchado es el de la trinchera: ninguna de las dos partes quiere reconocer ningún avance del contrario. Ni los gestos de Llorca por superar la etapa de su antecesor son valorados, ni los nombramientos destinados a corregir algunas decisiones del Gobierno de Mazón tampoco. Por lo que parece —y nadie lo remedia—, el bloqueo va para largo.
El PSPV tiene sus razones, como también puede tenerlas Compromís, para no aceptar la invitación de Llorca. Pero, a mi modo de entender, el PSPV y, en concreto, Diana Morant pierden una ocasión para demostrar que su perfil político tiene matices respecto a lo que se marca desde Moncloa. Morant se equivoca si considera que cualquier pacto con Pérez Llorca supone una acción de blanqueamiento hacia su persona. El PSPV es un partido de gobierno y, cuando es llamado a una consulta para la renovación o elección de los órganos estatutarios, debería estar presente. Compromís también, aunque podría decirse que tiene más margen para descolgarse. Pero en ningún caso debería desaprovechar la oportunidad de dialogar y proponer.
La invitación de Llorca debería entenderse como una oportunidad. Una oportunidad para proteger algunas instituciones, también estatutarias, que han sido zarandeadas por el propio PP —fruto de sus pactos con Vox—, como la Acadèmia Valenciana de la Llengua, o para mejorar el crédito de una televisión autonómica que merece gozar de buena salud, libre de intereses partidistas, por el bien de la ciudadanía. À Punt ha demostrado su valía a lo largo de sus pocos años de existencia. El servicio público que ha prestado, especialmente en las catástrofes de la Comunitat —no solo en la DANA de València, sino en muchas otras—, ya justifica por sí solo su protección (después está toda la industria que genera a su alrededor, además de cumplir con la razón por la que fue creada). Que algunos no la vieran, o no quieran verla, es otro debate. Pero su papel lo ha cumplido. Y cuanto más alejada del poder político, mejor lo ha hecho.
Solo con propuestas para consensuar perfiles y áreas de actuación de estas dos entidades ya debería bastar para que Pérez Llorca se plantease elegir entre un pacto con el segundo partido más votado o con sus socios parlamentarios de Vox. Estoy seguro de que la militancia socialista lo valoraría, y que incluso podría tentar a Compromís a sumarse. ¿Que después Llorca no lo acepta? Ese ya no sería problema del PSPV; las razones las debe dar quien rechaza el acuerdo. ¿Y qué ocurre si Llorca acepta nombres sugeridos por el PSPV? Pues que ganarían todos, pero sobre todo se pondría a salvo a estas instituciones —y a otras más— de los intereses de los extremos.
Sé que soy un ingenuo, que eso no pasará, y menos en los tiempos que corren, pero creo que Morant tiene más que ganar que perder buscando el consenso: la negociación en sí misma es una prueba para comprobar si Llorca es capaz de marcar distancias con Vox. En la lógica de Abascal, sería visto como una traición. En caso de que Llorca no cediera, Morant vería reforzados sus argumentos y no comprometería a Pedro Sánchez (otra cosa sería plantear consensos sobre cuestiones como el agua, también deseable). Creo que, cuanto menos, debe intentarlo. Para demostrar que es algo más que la diatriba que le marca Moncloa, si es que así fuera.
Como estamos en fiestas, seamos inocentes y pensemos que puede pasar. Feliz Navidad. Bon Nadal.
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