BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha celebrado este jueves el pleno ordinario del mes de octubre. Una sesión que ha durado 15 minutos debido a que la Junta de Portavoces tomó la decisión de que fuera sin intervenciones de los grupos municipales en solidaridad con la catástrofe ocurrida por la DANA en la provincia de Valencia y el resto de España. Otros municipios como Orihuela informaron este miércoles que aplazaban sus plenos. El alcalde, Toni Pérez, explicó al inicio de la jornada que no se había podido retrasar "por el contenido de los puntos y sus plazos".
De este modo, se fueron aprobando una a una todas las propuestas debido a la mayoría absoluta del PP. Salvo una, la presentada por el PSOE y que solicitaba eliminar las distinciones y honores a Eduardo Zaplana Hernández-Soro. La portavoz socialista, Cristina Escoda, solicitó que se quedara sobre la mesa para que el debate político que suscitara se aplazara al siguiente pleno.
La moción la presentaba el PSOE tras hacerse pública la sentencia de la Audiencia Provincial de València que ha condenado a 10 años y cinco meses de prisión al exalcalde de Benidorm, Eduardo Zaplana, como autor de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. Y el alcalde aclaró después que la postura de su partido sería la del voto en contra.
Uno de los puntos que sí que se mantuvieron fue el de rechazar las alegaciones presentadas por la anterior concesionaria del aparcamiento público de l’Aigüera, FCC Medio ambiente, contra el acuerdo plenario del pasado mes de agosto mediante el cual se declaró nulo el contrato de continuidad del servicio, una anulación que estaba avalada por el Consell Jurídic Consultiu.
De este modo, se da por buena la liquidación provisional que incluía esta moción por valor de de 644.591,63 euros. Esta estimación contaba con el informe favorable del departamento de Ingeniería Municipal del pasado 26 de agosto. Tal y como ha venido adelantando este diario, la mercantil había formulado un escrito de oposición a dicha liquidación y reclamaba a su vez una compensación por el impacto económico de la covid-19, algo que fue calificado por el departamento de Ingeniería de extemporáneo “y que no constituye objeto de valoración en el presente procedimiento”. Una postura que contaba además con informes favorables de Contratación y Secretaría del Ayuntamiento para que dicha liquidación fuera elevada a definitiva y que tomaba en consideración el mantenimiento del equilibrio económico de la relación contractual para evitar perjuicios a la hacienda pública local.
Como se recordará, todo el procedimiento se remonta a que la Agencia Valenciana Antifraude inició una investigación a instancias del que era portavoz de Ciudadanos en ese momento, Juan Balastegui. En noviembre de 2023 resolvió que estaba acreditada la existencia de indicios de presunto fraude de ley. Calculaba que podría haber un perjuicio en las arcas municipales de algo más de 600.000 euros por el periodo que comprende el 1 de junio de 2021 al 1 de febrero de 2023. El Consistorio optó por seguir la recomendación del ente y solicitar el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC). Este, finalmente, y por unanimidad, consideró que constituyó una prórroga del contrato contraria a la normativa de contratación pública, representada por la Ley 9/2017, LCSP. Se refiere así a "una contratación irregular, nula de pleno derecho, al convertirse, en definitiva, en una prórroga de contrato indeterminada, con vulneración de los principios que rigen la contratación pública (artículo 1 de la LCSP)".
El pleno también ha aprobado por unanimidad la actualización del Plan Antifraude del Ayuntamiento de Benidorm en el que se añade el anexo ‘Test de conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción’, que se centra en el potencial conflicto de interés que puede suscitarse entre las personas que participan en los procedimientos de adjudicación de contratos en sus diferentes fases.
Igualmente, por unanimidad ha salido adelante la aprobación definitiva de la Ordenanza de Movilidad una vez resueltas las alegaciones presentadas por una plataforma estatal de ‘caravaning’. Así, se ha estimado parcialmente una alegación de modo que el artículo 30, punto 4 de la ordenanza tendrá el siguiente tenor literal: “Salvo en los campings autorizados, se prohíbe la utilización de vehículos vivienda como medio de acampada en el término municipal de Benidorm. Entendiendo por acampada toda actividad que trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo”.
Por otro lado la corporación ha acordado iniciar el procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por la Generalitat Valenciana, Felicitaciones Públicas, al agente de la Policía Local Luis Manuel Roselló Serrano. Por mayoría se ha aprobado la propuesta de la edil de Hacienda de aprobación extrajudicial de una relación de facturas por valor de 636.544 euros cuyo fin es regularizar una serie de gastos que han visto alteradas las normas procedimentales en alguna de sus fases de contratación administrativa o de reconocimiento de las obligaciones y en virtud del principio de enriquecimiento injusto que se daría si el Ayuntamiento, que ha recibido las obras, servicios o suministros, no hiciera frente a las facturas o gastos derivados de los mismos.
El pleno también ha dado cuenta de la diligencia de ordenación de la Sala Tercera del Tribunal Supremo por la cual se tiene por personado al Ayuntamiento en el recurso de casación por el APR-7 y del informe de la Sindicatura de Cuentas de la Comunitat de fiscalización de las medidas adoptadas por las entidades locales en materia de ahorro y eficiencia energética. Por último, en el capítulo de despachos extraordinarios, se ha incluido en el orden del día la aprobación de la Cuenta General del Ejercicio 2023 que arroja un balance equilibrado entre el activo y el pasivo.
