ELDA. La nueva tasa de recogida, tratamiento, eliminación y transporte de residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Elda, la conocida como tasa de basura, ha sido aprobada definitivamente este viernes sin haberse registrado ninguna reclamación en el plazo de exposición pública del expediente. Por lo tanto, entrará en vigor con su inminente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.
De este modo queda ratificada en Elda la aplicación de una normativa de la Unión Europa que conlleva que los ayuntamientos y corporaciones locales dispongan de una tasa no deficitaria para cubrir el coste íntegro y real de los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos.
La medida supone que el recibo de la basura se sitúe en los 98,23 euros por hogar, un importe que se sitúa entre los más bajos de la provincia ya que Elda será una de las pocas ciudades en las que sus contribuyentes pagarán menos de 100 euros por vivienda. Para una familia eldense la recogida, transporte y tratamiento de los residuos será uno de los más bajos de la provincia, con un coste de 1,88 euros a la semana.
El edil de Hacienda, Fernando Gómez, ha reiterado que “esta actualización no es tan elevada como en otros municipios gracias a la buenas gestión en materia de reciclaje y recogida selectiva de residuos. Fuimos una ciudad pionera en la implantación del contenedor marrón y la incorporación de nueva maquinaria para una recogida más rápida y selectiva”.
Las reducciones incluidas en la nueva ordenanza por causas económicosociales, a las que podrán acogerse unos 2.000 hogares, tienen el objetivo de ayudar a las familias con menos recursos económicos o en riesgo de exclusión. Prueba ello es que la nueva ordenanza fiscal contempla reducciones en la cuota del 40% para aquellos hogares unipersonales en los que los ingresos brutos anuales sean iguales o inferiores a 15.120 euros o en los hogares con dos o más miembros cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o inferiores a 21.840 euros.
Además, la reducción será del 60% en casos o situaciones excepcionales, como personas mayores de 60 años, familias numerosas, familias monoparentales con al menos un hijo a cargo, personas beneficiarias de prestaciones sociales, unidades familiares en las que uno de los miembros tenga una discapacidad igual o superior al 33% y no puedan desarrollar una actividad profesional, hogares en los que el cabeza de familia sea desempleado de larga duración (seis meses o más de manera ininterrumpida), unidad familiar víctima de violencia de género y personas inmersas en un proceso de desahucio”.
