El alcalde Carlos González y la edil de Hacienda Patricia MaciàELCHE. Todo apunta a que la rectificación de la ministra de Hacienda María Jesús Montero y su consiguiente lluvia de dinero municipal apenas tendrá efectos para la inversión y el gasto de distinta índole en la ciudad. El motivo es que el superávit del Ayuntamiento a día de hoy —es decir, la estabilidad presupuestaria—, su capacidad de financiación, es de aproximadamente 2,5 millones de euros. Una cifra reducida que en principio no se gastará porque ello supondría poner en riesgo la estabilidad presupuestaria municipal.
Aunque el equipo de gobierno empezó el curso con una capacidad de financiación de 20,5 millones de euros este curso, de ellos hay que restar 17,5 millones de las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), ya consignados y que ahora se podrán ejecutar los que queden en 2021, que venían del remanente de tesorería —el ahorro acumulado de otros años— de cursos anteriores. A eso hay que sumarle el crédito reconocido y 400.000 euros que se destinaron a Bienestar Social por la pandemia —se permitía utilizar 20% del remanente a gasto social por el coronavirus—. Así que tan solo queda una estabilidad presupuestaria, superávit, de unos 2,5 millones de euros. Gastarlo supondría incurrir en esa inestabilidad.
Como explica la edil de Hacienda, Patricia Macià, la situación sería muy distinta si el Ayuntamiento de Elche contara con un superávit mucho más holgado. Dado que antes de esta situación extraordinaria, el bipartito hizo una apuesta fuerte por las IFS con 17,5 millones de euros de remanente procedente de 2018 y que consignó en 2019, porque así lo había aprobado el Ejecutivo central —como ha ido aprobando año a año salvo este, en el que planteó la alternativa del famoso decreto que no ha salido adelante—, apenas queda margen de gasto importante con el superávit que ahora el Ministerio de Hacienda permite gastar en 2021.
Así que en este caso, el daño 'colateral' de las IFS es que el Ayuntamiento tiene ahora más remanente que superávit. De hecho, al no salir adelante el decreto tras la rebelión de los Consistorios de todos los colores, los 9 millones de euros que quedan de remanente irán a amortizar deuda porque así lo establece la ley Montoro, aún vigente, salvo que el Gobierno apunte o legisle lo contrario. Quedará ver el nuevo decreto de los superávit que presente Hacienda; el bipartito ha utilizado ya el grueso con las IFS y en principio así se quedará. Eso sí, se mantienen las condiciones del decreto rechazado referidas a que este año no habrá regla de gasto y que las IFS se puedan culminar durante 2021. Permitirá al Ayuntamiento no hacer un plan de ajuste este año y finalizar los proyectos en marcha de estas inversiones consignadas y que se tienen que ejecutar ahora.
