Las instalaciones de la fábrica de Harinas Buforn.ALICANTE. El desarrollo de la segunda unidad de ejecución del Plan Parcial Benalúa Sur, promovida por los propietarios de Harinas Cloquell y Harinas Bufort sobre los terrenos de sus propias fábricas, queda ya en manos de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo encargados de resolver las alegaciones presentadas al Programa de Actuación Integrada (PAI) del sector. Al cierre de plazo para su registro, la propuesta de urbanización presentada por las empresas propietarias de las harineras (Harinas Cloquell y Bufort Urbana) ha recibido una veintena de objeciones en las que se plantea propuestas de modificación de tipo técnico, además de peticiones relacionadas con la conservación de los edificios que albergan las fábricas.
Fuentes consultadas por Alicante Plaza precisaron que, en realidad, las alegaciones que reclaman variaciones técnicas se reducen básicamente a dos: una presentada por la compañía Iberdrola y otra por la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) que asume la urbanización de la unidad de ejecución 1 del mismo Plan Parcial, ahora en plena obra. En ambos casos, se plantea ajustes relacionados con el emplazamiento de determinadas infraestructuras, como los centros de transformación, que podrían tener fácil encaje, según las mismas fuentes. Se trataría de alegaciones lógicas si se tiene en cuenta la interconexión entre las dos unidades de ejecución, hasta el punto de que los trabajos impulsados por la AIU ya rodean las instalaciones de las harineras.
Así, las restantes alegaciones plantean solicitudes de protección para los distintos elementos que conforman los edificios de las harineras tras destacar su valor patrimonial como uno de los últimos referentes de la arquitectura industrial de la ciudad. De hecho, la mayoría de esas objeciones corren a cargo de arquitectos, que resaltan el diseño racionalista de los edificios, construidos según el proyecto elaborado por Miguel López, aunque sufrieron modificaciones posteriores, como la construcción de alturas adicionales. Entre ese paquete de alegaciones también figura la del exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, quien plantea que los edificios queden incorporados en el catálogo de protecciones.
Las obras de la unidad de ejecución número 1 del Plan Parcial de Benalúa Sur, prácticamente ya asentadas las puertas de las fábricas de Harinas Bufort y Harinas Cloquell.Lo cierto es que el derribo de las fábricas queda recogido desde 2003 en la propuesta urbanística para la unidad de ejecución número 2 del Plan Parcial de Benalúa, aprobada definitivamente entonces por la Conselleria de Obras Públicas y Urbanismo. En ese mismo año, el pleno del Ayuntamiento de Alicante también aprobó el convenio urbanístico con los propietarios del sector por el que se regulaba la compensación que correspondía a las harineras por el derribo de sus fábricas. En concreto, se estableció que se les asignaría 10.200 metros edificables en la propia unidad de ejecución, procedentes del exceso de aprovechamiento municipal. Todo, al margen de los aprovechamientos que les correspondiesen como propietarios del sector.
De acuerdo con la documentación del PAI expuesta al público, el derribo de las fábricas daría paso a la construcción de unas 145 viviendas sobre el perímetro de 8.355 metros cuadrados conformado entre la avenida de Elche, la calle Alona, la calle Doctor Just y la Avenida Central (antigua calle Quintiliano). Para su construcción, los propietarios de las harineras que ejercen la condición de agente urbanizador prevén alcanzar acuerdos con promotoras interesadas en desarrollar la urbanización y la edificación de las futuros inmuebles.
No obstante, como también ha informado este diario, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante (PP y Cs) continúa contemplando la posibilidad de cerrar un acuerdo de compra sobre la unidad de ejecución (tras la contratación de un préstamo bancario) con el propósito de situar en ese emplazamiento el Palacio de Congresos anunciado durante el debate sobre el estado de Alicante, el pasado noviembre.
En el caso de que fraguase la operación, la pretensión del bipartito sería mantener la parte de los edificios de las harineras que mereciesen ser conservados por su valor arquitectónico para integrarlos en la reurbanización del conjunto del sector como un elemento singular.
Hasta el momento, al margen de los primeros contactos con los propietarios de las harineras, el único paso administrativo que se ha materializado al respecto es la inclusión de una partida de 400.000 euros para la redacción de estudios y proyectos a través del presupuesto aprobado en Junta de Gobierno este lunes. Por lo pronto, la junta directiva de CEV Alicante se ofreció este jueves al equipo de Gobierno a buscar un inversor interesado en participar en la construcción del edificio a través de alguna fórmula de colaboración público-privada.
