Guillermo Moreno, presidente de Fempa. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. Fempa tenía derecho a percibir las subvenciones para formación que, en 2016, le negó el Servef (hoy, Labora) en base a un supuesto fraude en la contratación de personal discapacitado. Así lo establece una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a la que ha tenido acceso Alicante Plaza, y que corrige la anterior sentencia sobre el asunto dictada por un juzgado Contencioso Administrativo de València.
La sentencia obliga a Labora a abonar los 1,3 millones de euros que negó a Fempa en 2016, y además le impone las costas, tras el recurso de la federación de empresas del metal de Alicante. El TSJ, así, estima el recurso interpuesto en su día por la federación contra cinco resoluciones del antiguo Servef, declara dichas resoluciones contrarias a derecho y, por tanto, nulas, por lo que reconoce el derecho de Fempa a percibir las subvenciones que se le negaron.
Las referidas resoluciones de septiembre de 2016 denegaban las solicitudes de ayuda de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante para planes de formación (sectoriales de la industria del metal y de la construcción e intersectoriales), por un importe total de 1.352.779 euros. Dichas ayudas le habían sido previamente concedidas de manera provisional, si bien finalmente en la resolución definitiva se le denegaban, al alegar un presunto fraude en la contratación de personas pertenecientes a colectivos vulnerables.
Dicho presunto fraude, como se desprende de la sentencia recientemente notificada, que se hace eco de un informe de la inspección de trabajo, era totalmente inexistente. No obstante, la sentencia del TSJ va más allá y llama la atención sobre el hecho de que las ayudas debían destinarse a sufragar la formación a terceros de Fempa, y no a sus propios empleados, por lo que la contratación o no de personas discapacitadas que alegó el Servef para retirar las ayudas preconcedidas era en realidad irrelevante.
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha adquirido firmeza y carácter de definitiva, ya que se dictó en diciembre y no ha sido recurrida en casación por la Generalitat. De esta forma, el Alto Tribunal reconoce ahora que Fempa tiene derecho a percibir las referidas subvenciones para formación por importe de 1.352.779 euros.
