El tripartito da la puntilla al macrocentro en Rabasa pero ampara a Ikea con medianas superficies

ALICANTE. PSOE, Guanyar y Compromís dan el primer trámite para poner coto a la instalación de medianas y grandes superficies en el casco urbano de Alicante. Los tres partidos que comparten responsabilidades de Gobierno han aprobado en Junta Local la modificación puntual número 35 del PGOU en vigor por la que se varía la regulación de las condiciones del uso terciario comercial en el suelo urbano. El edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), ha destacado que "se trata de una modificación histórica, iniciada a petición del consejo local de comercio, que cierra una etapa de oscuros favoritismos y que acerca el comercio a la ciudad real, la de sus calles y plazas". 

Como publicó este diario, la propuesta plantea estimar, total o parcialmente, 6 de las 12 alegaciones presentadas y desestimar el resto de alegaciones. Entre las objeciones estimadas, Pavón ha destacado las presentadas por Asucova y Coepa para que la superficie mínima de almacenaje se reduzca del 10% al 5% de la superficie de venta, y entre las desestimadas, las planteadas por propietarios de terrenos del ámbito del anulado Plan Rabassa, contrarios a la reversión de la modificación puntual 31, que permitía instalar en el ámbito del Plan Rabassa un nuevo macrocentro comercial. 

"La modificación que hemos aprobado hoy en Junta de Gobierno no supone que no pueda construirse una tienda de Ikea acompañada de medianas superficies en los terrenos de Rabassa más próximos a la Avenida de la Universidad, ya que si el suelo de Rabassa terminara clasificado como urbano mediante un programa reclasificatorio de suelo, el tramo colindante de la Avenida de la Universidad sería incluido como viario estructurante junto al que poder emplazar distintos formatos comerciales, aunque no el de hipermercado", ha insistido Pavón.

Tras su aprobación en Junta de Gobierno la propuesta pasará al pleno ordinario de julio para su aprobación definitiva previo dictamen de la comisión de Urbanismo. La aprobación plenaria precisa, como en el caso del catálogo de protecciones, mayoría absoluta (15 votos como mínimo), lo que obliga al tripartito a recabar el apoyo de al menos un concejal de los grupos de la oposición. "Veremos si la oposición bloquea o no esta modificación puntual del Plan General que cuenta con el aval del consejo local de comercio, si prevalecen los intereses partidistas y particulares o el interés general de la ciudad", ha insistido el también vicealcalde.