La labor en pandemia de Elche Acoge: colectivos 'fuera del sistema' sin acceso a ayudas ni red familiar

ELCHE. Durante semanas y meses las distintas administraciones han ido aprobando medidas económicas de todo tipo, desde exenciones fiscales hasta ayudas directas, pasando por créditos de bajo interés o devoluciones de impuestos. Con mayor o menor acierto e impacto, se ha hecho un importante despliegue de dinero público para amortiguar el impacto de la pandemia desde 2020. Sin embargo, como siempre, hay quienes tienen que conformarse con vales de comida y otro de iniciativas al no tener acceso al grueso de las ayudas. Con estos colectivos que viven o están 'fuera del sistema' y que no tienen medios para alzar la voz, la fundación Elche Acoge ha aumentado sus esfuerzos para abordar estas situaciones de emergencia, con situaciones que ya eran precarias antes del estallido del coronavirus.

El doble de afluencia del habitual tras el confinamiento

En un primer momento, con el primer decreto del Estado de Alarma y el confinamiento, empezaron a aumentar las personas que demandaban ayuda por motivos laborales y por su economía doméstica. Aproximadamente durante los primeros meses tuvieron una afluencia del doble de casos del que habitualmente atendían; algo que se fue rebajando progresivamente después. En general, en año 2020 la Fundación ha podido atender a un total de 4046 personas. Como explica Rosario Lucas Clemente, responsable del departamento social, "hubo un primer periodo de incertidumbre y adaptación entre la población durante las primeras semanas de estado de alarma. Y lo mismo sucedió en la entidad, en el que tuvimos que reaccionar con inmediatez y eficiencia para ser capaces de abordar las dificultades y necesidades de la población usuaria de nuestros servicios, así como nuevas problemáticas que surgían".

Se doblaron las atenciones de marzo a junio, incluyendo atenciones telefónicas, vía correo electrónico, WhatsApp, redes sociales, plataformas digitales... Utilizando en definitiva todos los medios al alcance para facilitar la accesibilidad y disponibilidad. Tras este periodo volvió la gestión presencial, aunque Lucas incide en que "se trata de proporcionar calidad en las atenciones, como la accesibilidad e inmediatez en nuestra respuesta y apoyo en diferentes gestiones, trámites de ayudas, prestaciones, o creación de un fondo social de emergencia para la entrega de vales de alimentos y productos de primera necesidad". 

En este sentido, no solo tuvieron que abordar las dificultades y necesidades de la población migrante, usuaria habitual de sis servicios, sino otros perfiles y problemáticas de gente que buscaba apoyos para enfrentar la crisis. "La población que anteriormente ya se encontraba en una situación de vulnerabilidad socioeconómica", y destaca que son las que han sufrido la crisis en todo su apogeo. Por las particularidades de su condición de personas migrantes quedan en una posición de riesgo de exclusión social, quedando, en muchas ocasiones, fuera de las medidas sociales que ha articulado el Gobierno para dar cobertura a los casos afectados por la covid por muchos factores. 

No solo atenciones a migrantes: economía sumergida, trabajos precarios y distintas brechas

Entre un larga lista, situación administrativa, tiempo de estancia en el país, desconocimiento de las instituciones, falta de red familiar, brecha digital, desconocimiento de la lengua y cultura, limitaciones documentales y otros condicionantes sociales, culturales y administrativos. "Otras muchas familias que vivían de manera normalizada y eran capaces de asumir los gastos residenciales y de necesidades básicas de la unidad de convivencia, tanto migrantes como españoles, se han visto afectadas y obligadas a interrumpir su actividad económica y fuente de ingresos o, en el mejor de los casos, a reducir sus jornadas laborales, sin posibilidad, en muchas ocasiones, de recuperar sus empleos", apunta la trabajadora social.

Además, entre estos casos, como se ha visto en general, una vez más la cuestión de clase se ha hecho patente: se ha dado una mayor incidencia en aquellos cuya fuente de ingresos procedía de trabajos precarios, con carácter de temporalidad, de sectores económicos especialmente impactados como la hostelería, comercios, empleadas de hogar y otros servicios que no son de primera necesidad. "Y por supuesto", añade, "dentro de la economía sumergida". En cualquier caso especifica que todas estas familias han sido atendidas sin excepción. Como explicaba la coordinadora de la Fundación Trini Urbán en plena pandemia, hablando sobre cómo estaba afectando al barrio de Carrús, "casos dramáticos". 

Problemas para comida, pagar el alquiler o violencia de género en el confinamiento

Respecto a los problemas a los que han tenido que hacer frente, la demanda que más les ha llegado ha sido la de apoyo para la alimentación y otros productos de primera necesidad, así como también solicitud de ayuda para pago de alquiler y suministros. Igualmente, esgrime, "las deudas se acumulaban y se postergaba la responsabilidad de pago, pero en pocos casos llegaban las ayudas del Gobierno para asumir en su totalidad o de manera parcial dichos gastos de los periodos afectados en tiempo y forma". Dentro de lo casos más complejos "y especial gravedad", Lucas destaca situaciones de violencia de género por el aumento en el tiempo de convivencia entre agresores y víctimas, debido a la obligación de permanecer confinados; situaciones en que menores o personas dependientes en la unidad familiar quedaban desprotegidos por hospitalización de los progenitores o tutores afectados por coronavirus, así como personas en la calle. 

En su opinión, considera que desde las administraciones no se está haciendo suficiente, "prueba de ello son todas las personas que han sufrido las consecuencias y siguen sufriéndolas sin posibilidad de resolver sus situaciones y hacerse con apoyos para afrontar esta crisis". No solo porque sean insuficientes, matiza, sino "porque las adoptadas hasta la fecha no se han gestionado de manera eficiente, por ejemplo se dan muchas dificultades para el acceso a estos apoyos, con trámites complejos, servicios desbordados y colapsados y periodos muy dilatados de espera, además de que no se han otorgado con carácter general a toda la población, sino que, nuevamente, los grupos de población más vulnerables no pueden beneficiarse". Y ejemplifica que las personas migrantes en situación administrativa irregular, trabajadores precarios dentro de la economía sumergida o aquellos que no están empadronadas o que residen en el país en estancias cortas, se han quedado sin ese apoyo. 

Trámites complejos, lentos y casos a los que el Estado no llega

A este respecto, estas coyunturas impiden por ejemplo el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ya de por sí no está teniendo el impacto anunciado, aunque explica que al menos la gente que cobra en 'B', o está en ERTE o en el paro, tienen su DNI o NIE para solicitarlo, "pero estas personas que no tienen documentación, no solo trabajan en negro, si lo hacen, sino que les van a exigir la situación administrativa regular, y en Elche Acoge más del 60% de las personas que atendemos están en situación irregular y se quedan fuera". Una brecha de pobreza que sigue ampliándose. En cuanto a las medidas que han colapsado el sistema, "la consecuencia es que las familias quedan desamparadas y desprotegidas en el momento preciso en que tienen la necesidad y requieren con urgencia respuesta y apoyo, quedando sin posibilidad de hacer frente a los gastos de alquiler y suministros, incluso a las necesidades básicas de alimentación e higiene", denuncia.

Asimismo, otro problema es que los trámites telemáticos para realizar las gestiones de manera autónoma que están a disposición de la población no compensan las limitaciones en la accesibilidad a las ayudas y organismos competentes, "por el contrario se genera una brecha entre las personas con habilidades digitales y las que carecen de ellas, incidiendo nuevamente en detrimento de los grupos más vulnerables como nuestros destinatarios, que no les queda otra opción que acudir a los locutorios, pagar por el trámite telemático y exponerse a que se cometan errores en la gestión". Para facilitar estos accesos a prestaciones y compensar sus carencias digitales, han habilitado un servicio de trámites en colaboración con la Clínica Jurídica de la Universidad Miguel Hernández (UMH) en el que se les apoya en la gestión del IMV o la Renta Valenciana de Inclusión entre otras. Y quienes cumplen los requisitos se enfrentan a trámites complejos, servicios desbordados y colapsados y periodos muy dilatados de espera.

Así pues, aunque la situación se ha ido normalizando, 2020 ha sido un año frenético en su actividad para esta fundación que con su equipo técnico y voluntario especializado y experiencia en la atención de población migrante, intenta cubrir, como otras fundaciones o entidades los huecos a los que no llega el Estado. Pero sobre todo, muy duro para todas aquellas migrantes o trabajadores que por una situación u otra, viven en los márgenes.