VILLENA. Solo entre febrero y marzo de 2021, se han proyectado en Villena y alrededores al menos seis megaplantas fotovoltaicas. Desde que la alemana Abo Wind promovió una con 65 MW de potencia hasta la impulsada recientemente por la valenciana Atitlan (de 89 MW), han pasado únicamente dos meses. Dos meses de fiebre solar que, de continuar y materializarse, acabará transformando de manera sustancial el paisaje del Alto Vinalopó. Para evitarlo, tanto el Ayuntamiento villenense como los grupos ecologistas de la ciudad exigen, desde sus respectivos altavoces, una regulación autonómica y estatal que limite la ocupación del territorio.
En la transición hacia un nuevo modelo de producción energética, en la que, según el presidente de la asociación Salvatierra, José Carlos Hernández, la Unión Europea pretende situar a España como líder “para así producir un excedente de energía y venderlo a otros países”, la fijación por este punto del interior de Alicante se debe, sobre todo, a dos motivos: que Villena, tal y como arguye el concejal de Urbanismo, Javier Martínez, tenga 345 km cuadrados de término municipal (“el segundo más extenso de la provincia” según Hernández); y que disponga de varias subestaciones para volcar la energía producida (principalmente, las de Los Alhorines y Sax), en torno a las cuales se extienden, además, grandes terrenos con suelo no urbanizable común (el idóneo para las placas).
Ante la proliferación de tantos proyectos fotovoltaicos —auspiciada por la reducción de las trabas burocráticas—, la opinión popular, como la de los grupos políticos, se polariza en algunos ámbitos. Según el portavoz de Salvatierra, entre la población general, “hay un sector muy preocupado por lo escandaloso de esta situación, y quienes solo ven una oportunidad para el desarrollo, sin tener en cuenta el impacto que puede llegar a generar esta macroinstalación de parques solares sin límites”.
Por su parte, el concejal socialista apunta que, si bien en el escenario político-administrativo, “hay un consenso bastante claro entre partidos porque, en lo técnico, no hay discusión”, en el contexto político-social, el posicionamiento es más subjetivo: “Cada grupo tiene un umbral del dolor con respecto a la ocupación del terreno y también una red de asociaciones afines”, en unos casos empresariales; en otros, ambientales. Como miembro del PSOE (el partido que gobierna Villena en coalición con los Verdes), Martínez considera que aunque el desarrollo de instalaciones solares fotovoltaicas (ISF) “económicamente, puede ser muy positivo para la ciudad, hay que mantener el equilibrio”. Y agrega: “No a cualquier precio vamos a dejar de defender nuestra riqueza paisajística y medioambiental”.
El impacto ecológico
Probablemente, llegado el momento, no todos los proyectos presentados acaben ejecutándose. De hecho, en la anterior “ola fotovoltaica”, apenas cristalizaron una parte de los que se habían planteado. Así lo avala el también concejal de Industria. No obstante, Javier Martínez reconoce que “el temor” del equipo de gobierno “es que la inercia legislativa se pase de frenada” y que las energéticas excedan “los blindajes medioambientales” del municipio.
Desde el asociacionismo ecologista, José Carlos Hernández recuerda que “el término de Villena es uno de los lugares con mayor diversidad de ecosistemas de la Comunitat Valenciana”, por lo que la instalación masiva de ISF “puede provocar una pérdida irreversible de estos ambientes y de las especies que los habitan”. Más si cabe teniendo en cuenta que algunos promotores plantean una línea de evacuación independiente en lugar de utilizar una común.
