Esta semana hemos conocido que el Ayuntamiento de Alicante va a revisar la ordenanza de recogida de residuos sólidos y que, en la mayoría de los casos, el precio de esta tasa se cuadriplicará respecto a lo que han pagado las viviendas y locales comerciales e industriales hasta este ejercicio. No se trata de algo nuevo: lo que va a hacer el consistorio alicantino es algo que ya han tenido que hacer muchos ayuntamientos de la provincia de Alicante para cumplir las nuevas leyes supramunicipales. Quizás lo que sorprende es el porcentaje de subida, que puede llegar a ser del 400%.
Y es que todas las corporaciones locales deben cumplir con la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada por el Gobierno central ahora hace dos años. Lo que viene a decir ese texto normativo, que se aprueba a instancias de la UE, es que el coste del servicio de recogida de basuras de un municipio y ciudad se debe financiar con el recibo que paga el vecino, sin aportaciones externas.
En 2025 es cuando entra en vigor la norma, para la cual se establecieron tres años de moratoria para que cada consistorio lo aprobara cuando quisiera. La mayoría lo hizo en el último trimestre del año 2023, después de las elecciones locales, y otros lo han dejado para este año.
Y después está la política fiscal que cada ayuntamiento ha adoptado en los últimos años: si ha optado por una presión fiscal baja, pues ahora le viene el susto (aunque sea por imperativo legal). Lo fácil será echarle la culpa a Pedro Sánchez, pero en las locales, ya se sabe, el componente personal tiene su peso.
Si, por el contrario, ha ido acomodando los impuestos a una mayor consolidación de los ingresos para las arcas públicas, pues el susto ha sido (o será) inferior. En el caso de Alicante ciudad, con los recibos sólo se cubría el 40% de todo el coste del servicio; es decir, muy poco, de ahí que ahora el esfuerzo que tengan que hacer los vecinos sea mayor. Esta es la consecuencia de pregonar (y aplicar) los impuestos bajos cuando se sabe -y en el caso de los residuos se vienen hablando de ello desde 2011- que finalmente el coste de la recogida de las basuras se tiene que distribuir entre todos…
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En este caso, el otro lado de la moneda es que el recibo se puede bonificar hasta un 20% si el titular contribuye más o menos al reciclaje y separación de cada tipo de residuos. Ese parece el objetivo de la medida: incrementar los porcentajes de aprovechamiento de los residuos, que pueden tener otro uso: energía, material reciclado, etc.
Ahora, además, ha aparecido un nuevo elemento discriminador a la hora de fijar el precio del recibo de la basura: en función del barrio en el que es la vivienda, se paga más o menos. La cantidad recaudada por el ayuntamiento es la misma, pero cada vivienda paga más o menos en función de otros criterios: lejanía del centro urbano, facilidad de acceso para la recogida, calificación del suelo… Esto es lo que va a aplicar ahora Benidorm, y lo que pretende Calp (aunque de momento lo tiene en stand by por un error).
Como ven, hay diferentes maneras de hacer el pago de la tasa más redistributiva, en función de los ingresos, zona, ubicación, etc. Ahora bien, aquí el problema no solo es poner en marcha la tasa de residuos, que también, sino aprobarla. No es plato de buen gusto, pero al parecer el fin último —la concienciación del coste de un servicio y las maneras que tiene cada uno para lograr una bonificación— es comprensible.
La mayoría de los ayuntamientos que han aprobado esas actualizaciones de las ordenanzas fiscales se han producido en plazas donde hay una mayoría absoluta (Benidorm, Santa Pola, Guardamar, Novelda, Petrer o Benissa) o gobiernos de coalición estables (Altea o Dénia). El problema lo tienen esos gobiernos que dependen de apoyos puntuales. Y ahí es donde reside el gran obstáculo para Luis Barcala para sacar adelante la actualización: por la derecha, Vox le dirá que no porque no cree en eso, y la izquierda, más de lo mismo porque la ve desmesurada, y además, poco redistributiva y sin determinados alicientes para que fomente la separación. Tiempo habrá para el debate, pero no parece fácil ni siquiera lograr una abstención que facilite su aprobación. En las mismas estarán aquellos gobiernos que tengan a Vox dentro y se necesite su concurso para la aprobación.
El debate de esta tasa de la basura va a generar otros dos. El primero, vanagloriarse de una política fiscal baja tiene las piernas cortas en el momento que vienen imperativos superiores, como es el caso. Por mucho que eches la culpa al de arriba, quien levanta el brazo es el concejal de turno y, por tanto, es éste quién se lleva el desgaste (por justificación que tenga el tasazo).
Y segundo, abrirá el debate, de nuevo, de la responsabilidad cívica de la limpieza y su contribución: y en este caso, la suciedad es anónima, y el pagano tiene nombres y apellidos. Y no es de extrañar que ese debate salte a otras esferas: si ahora el vecindario paga a escote, es momento de ser, más que nunca, exigentes con el servicio (ahora sí lo pagamos entre todos). Y la eterna diatriba: ¿quién asume el coste de la suciedad del visitante? Mientras el reparto de recursos entre administraciones siga igual, seguirá la llama encendida (y el debate). Ahí lo dejo.
