ALICANTE. Es el momento. El equipo de Gobierno del PP al frente del Ayuntamiento de Alicante echa oficialmente a andar tras una primera semana de aterrizaje, de puesta al día sobre los asuntos ordinarios de la gestión municipal y de desarrollo de los primeros encuentros institucionales con representantes de otras administraciones. Desde el pleno de investidura, el pasado 19 de abril, el popular Luis Barcala ha tenido tiempo de entrevistarse con el delegado y el subdelegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues y José Miguel Saval, con el presidente de la Diputación Provincial, César Sánchez, y con el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert. Además, se ha estrenado en la presidencia del pleno durante la sesión correspondiente al mes de abril. Pero todavía no ha encarado dos de las decisiones inmediatas que competen a todo representante público cuando asume funciones de gobierno en la administración local: la confección de un equipo de colaboradores por el sistema de libre designación y el nombramiento o ratificación de gerentes y directores de entidades o empresas de participación municipal.
En el primer estadio, Barcala sí ha dado dos primeros pasos. En primer término, ha nombrado al periodista Vicente López (que hasta ahora ejercía como responsable de comunicación del grupo municipal) como jefe de Gabinete de Alcaldía. Y en segundo lugar, ha firmado el fichaje del también periodista Javier Izquierdo (hasta ahora al frente de la comunicación de la Subdelegación del Gobierno) como jefe del Gabinete de Prensa. Pero nada más. Nada se sabe todavía sobre la identidad de las personas con las que el PP piensa completar su nómina de asesores y cargos de confianza en esta nueva etapa al frente de la segunda ciudad de la Comunitat. Fuentes municipales sí han confirmado que la voluntad del primer edil es mantener el reparto que se acordó durante el inicio de mandato, de modo que se designará la misma proporción de colaboradores de la que disponía el anterior equipo de Gobierno. Así, se prevé el nombramiento de dos cargos de confianza adscritos al funcionamiento del grupo político, uno por cada uno de los ocho concejales con competencias delegadas y cuatro adscritos a Alcaldía. En total, se trataría de catorce personas, entre las que ya se incluirían los citados López e Izquierdo.
Hasta el momento, no ha trascendido la identidad de ninguno de esos posibles doce nuevos colaboradores que podrían incorporarse para ejercer funciones de asesoría. No sería descartable que se produjese la incorporación de algunos de las personas que ya asumieron responsabilidades de Gobierno durante el pasado mandato y que fueron repescados por el PP en la Diputación. Con todo, no es menos cierto que, al menos por lo que corresponde a los asesores de cada concejal, se espera que exista cierto margen de autonomía para que cada uno de ellos elija a una persona de su más estrecha confianza. Sea como fuere, según fuentes del equipo de Gobierno, se trata de una cuestión que comenzará a despejarse a partir de esta próxima semana, ya que, según se apunta, no se ha dispuesto de tiempo para llegar a afrontar esa reflexión.
Al margen de esos doce puestos vacantes, Barcala y su grupo de concejales también deben decidir sobre los responsables de lo que podría considerarse el segundo escalón de la administración local: los gerentes, directores y vocales designados por el Ayuntamiento en empresas, entidades o consejos de administración en los que tiene participación. En principio, las fuentes del PP consultadas apuntaron que no se prevé una hipotética revolución, con relevos en todos los puestos directivos sobre los que se tenga capacidad de decisión. La idea es discurrir por la senda del pragmatismo por la que el propio Barcala viene apostando desde su toma de posesión: no se puede perder el tiempo en cambiar lo que ya está en marcha si se tiene en cuenta que sólo resta un año para que finalice el mandato. Con todo, las mismas fuentes también apuntaron que sí podría producirse alguna sustitución en el caso de que se tratase de imprimir otro rumbo a la gestión que se estaría desarrollando ahora en algunos de esos organismos o empresas participadas por el Ayuntamiento.
Pero, ¿cuáles son esos puestos en los que se podría acordar una hipotética sustitución? La más accesible, al no requerir de trámites extraordinarios, es la vocalía que ejerce el Ayuntamiento en el consejo de Administración del Puerto, al margen de la plaza reservada para el propio alcalde. Hasta ahora, al margen de Gabriel Echávarri (PSOE), el Ayuntamiento ha estado representado en el consejo por el exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), primero, y por el expresidente de la asociación de trabajadores del puerto, ATDAPA, Antonio López, después. Se da la circunstancia de que López es militante socialista (formó parte de la ejecutiva del partido hasta hace un mes, según subrayó el propio Pavón, cuando se produjo su nombramiento). Así, podría considerarse probable que el nuevo Gobierno del PP acordase su sustitución y que su puesto fuese ocupado, por ejemplo, por la nueva titular de Urbanismo, Mari Carmen de España, o por el edil de Desarrollo Económico, Carlos Castillo (que también ejerce como responsable de Economía en la Diputación).
En segundo lugar, podría acordarse un nuevo nombramiento al frente del Teatro Principal. Su actual director, el dramaturgo Francesc Sanguino, fue nombrado a propuesta del grupo municipal de Guanyar, como responsable de la Concejalía de Cultura, al inicio del actual mandato. Lo cierto es que el PP llegó a reclamar su cese cuando trascendió que el presupuesto del coliseo se había cerrado en pérdidas en el ejercicio de 2016. No obstante, según las fuentes consultadas, no es menos cierto que Sanguino habría sabido granjearse cierto respeto entre todos los grupos de la corporación municipal. Además, la nueva edil de Cultura, Dolores Padilla, ha trabajado codo con codo con Sanguino durante los últimos tres años, durante su etapa como subdirectora del Teatro, por lo que conoce los engranajes de la sala y la forma de trabajar de su director. Así que al PP podría no serle necesario acordar su relevo, bastaría con instarle a corregir ciertas decisiones, en el caso de que resultase necesario. Por lo pronto, la propia Padilla ya señaló a Alicante Plaza que no contemplaba ningún cambio en el teatro. En todo caso, de acabar impulsándolo, el PP debería tener en cuenta los tiempos para los cierres de la programación de espectáculos. Y, de nuevo, como viene insistiendo Barcala, de tiempo, no se dispone demasiado.
Otra plaza para cuya designación tiene competencias el equipo de Gobierno es la del gerente de la sociedad mixta Mercalicante. En la actualidad, la responsabilidad recae en Dolores Mejía, que fue nombrada por el consejo de administración en febrero de 2016. Mejía se convirtió, entonces, en la sustituta de José Ramón Sempere, el último gerente del parque agroalimientario designado bajo el mandato del PP.
Según las fuentes consultadas, Mejía tendría contrato en vigor hasta 2019, pero siempre podría acordarse su cese con el pago de la indemnización que le correspondiese. Desde su acceso al cargo, no ha trascendido ninguna crítica del PP a cuenta de sus decisiones que pudiese constituir un posible motivo fundado para acordar su relevo.
En su misma situación se encontraría el gerente de Alacantí TV, el periodista Pepe Soto (además, presidente de la Asociación de la Prensa de Alicante). Accedió al cargo por designación del Ayuntamiento de Alicante (el socio mayoritario del consorcio comarcal de televisión) tras la llegada del ya extinto tripartito al poder en 2015, después de haber ejercido funciones como asesor del PSOE en la campaña electoral de las municipales. Tampoco ha trascendido que el PP haya discutido públicamente su labor al frente del canal comarcal.
No obstante, según las fuentes consultadas, no concurrirían las mismas circunstancias -en cuanto a la posibilidad de acordar una posible sustitución- en las plazas de gerente del Patronato de Vivienda y de la Agencia de Desarrollo Local. Los dos organismos autónomos están dirigidos por Gaspar Mayor y por Manuel Amorós, ambos funcionarios que ya ejercieron esos puestos durante los pasados mandatos del PP.