El año Barcala: Guanyar y Compromís golpean; el PSOE se busca; Cs, equidistante; y el PP, práctico

ALICANTE. El pleno ordinario de abril celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Alicante dio el pistoletazo oficial al año de Gobierno del PP (con ocho concejales) que resta por agotar el mandato. Y el desarrollo de esa sesión permitió atisbar que esta nueva etapa terminará como arrancó. Podría convenirse que fue un tráiler sobre la película que va a proyectarse en la pantalla hasta 2019. Al margen de la intervención de la edil tránsfuga, Nerea Belmonte, en la que desveló la supuesta oferta que habría recibido para percibir un sueldo de 3.500 euros a cambio de su posición de voto en el pleno de investidura del pasado jueves, lo cierto es que el debate casi quedó reducido a una foto sobre cuál va a ser la posición de cada grupo político hasta que se celebren las próximas elecciones municipales.

Primero, la propia Belmonte. La exconcejal de Guanyar (expulsada de ese grupo municipal, del equipo de Gobierno y de Podemos después de que trascendiese que había concedido contratos menores de manera directa a personas de su entorno) dejó claro que su intención es persistir en su estrategia de descargo, de ajuste de cuentas, frente a las tres formaciones a las que responsabiliza de desprestigiarla y de poner fin a su carrera política hace dos años: PSOE, Guanyar y Compromís. Es lo que ya hizo en el mismo pleno de investidura, con su voto en blanco que propició el regreso del PP a la Alcaldía. Así, a los tres exsocios del tripartito les recriminó que, al pasar a la oposición, "su primera preocupación" fuese "pedir sus sueldos" y que, además, se obstinasen en negarle a ella el reconocimiento de sus derechos políticos y económicos "en igualdad de condiciones" que el resto de concejales. Eso sí, durante el resto del debate (al que acudió, otra vez, acompañado de la exedil del PP y exdirectora general de Ciudad de la Luz, Elsa Martínez) tuvo algún gesto en favor de algunas de las propuestas del extinto tirpartito, como en la modificación del PGOU para impedir la instalación de plantas de residuos en el término municipal. 

El segundo concejal no adscrito, Fernando Sepulcre (que abandonó la disciplina de Cs y que sigue dando sustento al Gobierno del PP en la Diputación, de donde percibe sueldo), mantuvo cierto equilibrio entre las posiciones del nuevo Gobierno, del PP, y de los grupos de la oposición. Es lo que ha venido haciendo hasta ahora, respecto al anterior gabinete, presidido por el PSOE. No obstante, como ocurre en la Diputación, reaccionó frente a algunas de las iniciativas defendidas por Compromís, como la declaración institucional de rechazo a los Presupuestos Generales del Estado, en un movimiento que le acercaría a convertirse en el concejal número 9 del equipo de Gobierno.

En tercer lugar, la coalición valencianista y Guanyar. Las dos formaciones fueron quienes se dedicaron a ejercer de oposición y quienes golpearon al Gobierno de Barcala con algunos de sus particulares leitmotivs estratégicos.

La propuesta constaba de cinco puntos y los cinco quedaron aprobados con distintos apoyos. Además, su portavoz municipal, Miguel Ángel Pavón, también planteó la pregunta crítica que ya formuló tras el pleno de elección de Barcala al cuestionar al primer edil sobre qué acuerdo se alcanzó con Belmonte para que propiciase el regreso del PP al poder.

El PSOE, por su parte, se estrenó en labores de oposición sin encontrar su sitio y todavía sin un liderazgo definido. Máxime tras el golpe sufrido por la pérdida de la Alcaldía y tras la crisis protagonizada por el relevo corregido de Montesinos como portavoz municipal. En realidad, el grupo tuvo una actuación coral: participaron cinco de sus seis ediles (todos salvo Carlos Giménez) en una estrategia que, según precisaron fuentes socialistas, estaba previamente definida. Según las mismas fuentes, en lo sucesivo seguirá siendo así, de modo que cada concejal intervendrá en los asuntos que hasta ahora han recaído bajo su responsabilidad.

Con ese guión, Montesinos prácticamente no tuvo protagonismo y sólo tomó la palabra para plantear una pregunta sobre la firma de un convenio con APESOA y para instar a toda la corporación -y fundamentalmente a Belmonte- a "no avergonzar" a los ediles que tratan de desempeñar su labor por vocación de servicio con intervenciones como la de los citados 3.500 euros. Lo cierto es que el PSOE llegó a la sesión casi con la resaca de haber sido gobierno: se defendió de la propuesta de Guanyar sobre la planta de Abornasa con otra iniciativa paralela relacionada con ese tema (con recado incluido a Pavón sobre su presunta inactividad sobre el tema) y hasta fue Sofía Morales quien expuso el acuerdo para bonificar el ICIO a la construcción del centro de la Asociación Alicantina de Síndrome de Down.

En quinto lugar, la posición de Ciudadanos (Cs) fue la de la equidistancia. Siguió en la deseada centralidad entre PP y el conjunto de la izquierda en la que trata de manejarse desde 2015. Hubo la casi tradicional pregunta sobre el futuro de la contrata de la limpieza, ahora bajo responsabilidad del PP y reproche a Guanyar, también por lo que Cs considera una falta de gestión en Urbanismo.

Y por último, el PP. Al margen del lógico nerviosismo de Barcala en la presidencia del pleno, todo en las filas del equipo de Gobierno destiló pragmatismo. Él mismo reiteró, en respuesta a las preguntas que le fueron planteando sobre sus intenciones al frente del Ayuntamiento, que no iba a revertir ninguna de las propuestas gestadas por el anterior equipo de Gobierno que ya estuviesen en trámite para no perder ni un minuto, al ser consciente de que sólo resta un año para que finalice el mandato. 

Sobre la gestión del contrato de la limpieza, ratificó lo que ya adelantó Alicante Plaza: que era una de sus prioridades en las que debía de conseguir mejoras, que habrá auditoría para determinar el grado de cumplimiento de la concesionaria y que se planteará una propuesta de ampliación de costes que se debatiría en pleno si de demuestra que el servicio que se presta es el previsto y que no resulta suficiente. Es decir, el planteamiento que ya defendió el PSOE tras quedarse solo en el Gobierno. Además, remarcó que su propósito es reivindicar todos los proyectos y las inversiones que resulten necesarias para la ciudad, sin distinción del color político de la Administración que resulte competente. Es decir, pragmatismo.