ELCHE. El foro sobre Zonas Logísticas e Implantación de Empresas organizado por Alicante Plaza en el hotel Port Elche, situado en pleno Parque Empresarial ilicitano fue el lugar de encuentro para algunos de los principales exponentes políticos y empresariales de la provincia para hablar sobre los cambios que se han producido en la actual ley urbanística vigente en la Comunitat, la conocida como la Lotup. Representantes empresariales tuvieron la oportunidad de trasladar a los políticos sus preocupaciones por los plazos y trabas para conseguir suelo industrial en la provincia o por la agilización de trámites para crear tejido empresarial en el territorio. La jornada sirvió para hacer un repaso de los logros y necesidades en empresas e instituciones de cara al futuro para avanzar.
Tras las intervenciones del alcalde de Elche, Carlos González y del secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Lluís Ferrando, planteando los avances y peticiones de mejora a nivel local y autonómico, comenzó un turno de preguntas que inició Jesualdo Ros, secretario general de Provia. Ros propuso al Consell que extienda la figura de declaraciones responsables y amplíe el catálogo de actividades exentas de DIC a más ámbitos, al igual que ya se hace con los territorios de interior o con las empresas fotovoltaicas. Además, el responsable de Provia señaló la importancia de que el Consell amplíe el personal en cuestiones urbanísticas para combatir la lentitud en los procesos administrativos. "Deberían ser conscientes de que, el esfuerzo en crear cuatro puestos de trabajo en la administración puede ayudar a generar otros muchos puestos en nuestro sector".
La siguiente intervención fue la de Antonio Martínez, gerente de Pimesa, quien aportó que se debe seguir simplificando la ley y los plazos cuando un informe sectorial resulte negativo. Por ello, ahondó en que, además de hacer una nueva normativa, esta debe explicar de qué modo se ha de hacer cada informe. Es decir, dar indicaciones de cómo perfilar los documentos, unificar criterios técnicos para que estén normalizados. Esto evitaría, según Martínez, que los informes se puedan echar atrás por algún defecto de forma que haga perder mucho tiempo a la empresa repitiendo el proceso.
En respuesta a estas demandas, Lluís Ferrando aseguró que el Plan de Agilización y Transparencia en la Planificación y Gestión Urbanística del Consell trabaja, además de en una plataforma digital para conectar la administración local y las 51 unidades administrativas a las que han de informar de forma simultánea, en una provisión de puestos de trabajo. En estos momentos, se contempla la posibilidad de dotar de apoyo externo al funcionariado que "se deje ayudar" en materias como patrimonio, inundabilidad y paisaje, donde existe más retención en la emisión de informes. Es, según Ferrando, un parche hasta conseguir la solución definitiva, que es proveer de más puestos de trabajo en cada unidad, algo que preparan, dice, para la próxima legislatura.
El contenido de los informes sectoriales es otra pata del Plan de Agilización y Transparencia. El representante del Consell mantiene que "vamos a pedir la elaboración de guías, no solo del contenido de la ley, sino de qué contenidos han de tener los informes". Serán los propios funcionarios quienes hagan las guías y servirá, además, para que informen y evalúen los documentos que reciben y avisen al instante de los cambios necesarios, si los hubiera.
Desde Mármol de Alicante, su presidente, David Beltrá, expuso la sintonía y el trabajo con el Consell en este mandato, que podría verse reflejado en un plan de regularización del mayor yacimiento de extracción de piedra natural en Europa, entre La Algueña y Pinoso, después de 30 años de espera. Beltrá aseguró que tardan 19 años para conseguir licencia para explotar una cantera que tiene 100 años de historia y lo atribuye a que Novelda aún sigue funcionando con normas subsidiarias de 1992. El presidente de la entidad lanzo la cuestión de cómo se actúa desde el Consell en municipios sin PGOU, que deberían tener tutela superior para agilizar los pasos.
El secretario Lluís Ferrando aseguró que en este mandato se trabaja en un proceso de aprobación de planes de acción territorial, en marcha, por ejemplo, en áreas metropolitanas de Alicante, Elche y la Vega Baja. "Nos hemos dado cuenta de que hoy para Monforte es mucho dinero, tiempo y complicación meterse en normas subsidiarias. Por eso conviene que el Consell de el planeamiento hecho y que, sobre él, el Ayuntamiento trabaje en intervenciones concretas".
Siguiendo con los plantamientos del sector empresarial, Vicente J. Seguí Picó, director de gestión del Polígono Industrial Las Atalayas, apoyó la agilización de plazos para las empresas que llegan a polígonos industriales y un esfuerzo desde las administraciones para hacerlo posible. Además, sobre la incertidumbre en la planificación urbanística señaló que las zonas rústicas sufren más trabas y que, en los casos en que haya municipios con imposibilidad de implantar nuevo suelo industrial, se deberían crear compensaciones de servicios para que no se queden atrás. Seguí señaló que, desde 2005, la importancia de la formación y las implantaciones de parques empresariales han tomado el protagonismo en las necesidades de las firmas y que hay que superar "el localismo y metropolizar zonas, como la de Elche y Alicante para lograr un gran desarrollo, no solo con intermodalidad entre ciudades, sino también entre personas. Por ello, echa en falta un estudio que pueda crear un flujo entre dos ciudades a través de sus áreas empresariales.
Por su parte, Antonio Andreu, vicepresidente de AESEC celebró las acciones que desde el Consell se están llevando a cabo en materia empresarial y, en concreto tildó de muy importante la coordinación entre administraciones. "Cuando hay una persona que de verdad piensa que el Consell y el gobierno local no están en un reino de taifas y se trabaja en conjunto es genial". Por ello, aseguró que, sin pisar competencias, la coordinación y comunicación ágil en la normativa es crucial. Andreu lanzo una idea para quienes trabajan con pymes o micropymes, como el caso de AESEC, que sería una vía para que estos promotores tuvieran acceso a las licencias urbanísticas de forma muy rápida, que se marquen unos requisitos mínimos para poder agilizar trámites y que se eternicen los meses para solucionar un problema sobrevenido, porque los plazos y el tiempo en pequeñas empresas son más determinantes para el éxito o fracaso de su proyecto.
El vicepresidente de UEPAL, Diego Menor, celebró los avances en las exenciones en las DIC y añadió la necesidad de simplificar los trámites en una unidad que coordine las cuestiones importantes y trabaje, a través de ejes en sus necesidades concretas. También consideró necesario que los Ayuntamientos más pequeños no tengan que costear esos planes. Menor puso en relieve que se deben frenar, así las trabas desde la administración que obstaculicen la actividad privada y que se tomen decisiones para fomentar la cohesión entre territorios con más y menos desarrollo.
En respuesta a estas cuestiones, el conseller de Economía Sostenible y Sectores Productivos, Rafael Climent, destacó que "no debemos perder de vista que es muy complicado aunar criterios y acciones y en el ámbito urbanístico aún mas". Por este motivo, destacó como clave la importancia de la coordinación entre administraciones y de planificar desde el conjunto para no tener problemas. Asimismo, apuntó que a nivel local y autonómico es más fácil sentarse a trabajar, pero que a nivel estatal el asunto se complica.
Agilizar los procesos es, para Climent, el quid de la cuestión y asegura que es, comenzando desde los Ayuntamientos el punto de partida clave para actuar. En este sentido, aportó que el cambio político es importante y que, si cambia el signo político, también cambiarán las políticas urbanísticas "y hay que empezar de cero. Llevamos toda la legislatura trabajando, y hemos estado encima de la cuestión. Debe haber implicación de todas las partes".
Natxo Gómez, presidente de la Federación de Empresarios de l' Alcoià y El Comtat (FEDAC), presentó las trabas a nivel industrial de Alcoi, que, al estar situada entre dos parques naturales, tiene un territorio protegido al 80% y es prácticamente imposible buscar nuevos suelos aptos para el desarrollo empresarial. Presentó como un problema las trabas encontradas cuando el Consell que cuestionó la única zona de crecimiento y de inversión planteada por su Plan General local, el polígono de Pagos. No obstante, tras dos años de conversaciones, finalmente se ha aceptado este plan de crecimiento.
Gómez expuso que cree que la zona de Alcoi es una zona "sobreprotegida y que cualquier planteamiento de crecimiento se podría tumbar" y puso como ejemplo la nueva área de protección del Serpis, y la incertidumbre de qué permite construir y qué no, que también afectaría al resto de la comarca. "No está definida, y se ha parado la propuesta de un puente de acceso hacia el Hospital". El presidente de FEDAC pide replantearse la "sobreprotección de determinados territorios y eliminar o cambiar las figuras".
Asimismo, pidió flexibilidad en la normativa de seguridad para las pymes que comienzan en núcleos urbanos, en espacios donde antes había otro tipo de comercios. "Una simple tienda no puede reconovertirse en otro uso. Es muy difícil cambiar el uso de los locales en el casco histórico".
El secretario autonómico respondió que Alcoi tiene una situación doblemente complicada para el desarrollo industrial por su orografía y por su valor medioambiental. Pero ello, asegura, se ha permitido la idea del polígono de Pagos, de Alcoi Innova, porque no se podía anular cualquier crecimiento allí. Ferrando apuesta porque sea la comarca la que realice el impulso industrial. Que se cree un área policéntrica accesible a todas las localidades de El Comtat, porque "interesa que en la montaña de Alicante haya suelo industrial bien comunicado y situado para invertir y crear trabajo, es más irrelevante qué municipio ponga el suelo, sino que se creen áreas y polígonos supramunicipales". También apostó por que las nuevas ampliaciones industriales no solo pasen por los grandes parque empresariales, como el de Elche, sino que vayan a la par con el crecimiento de otros sectores en zona de montaña.
En cuanto a la regeneración urbana, cree, al igual que Gómez, que es necesario flexibilizar y suavizar la rigidez de la normativa de seguridad para los usos de antiguos negocios del casco histórico de las ciudades.
Por otra parte, Antonio Martínez, de Pimesa, incidió en la importancia de que desde el Consell se apueste por una reindustrialización desde un carácter de interés social y público para favorecer los procesos legales y jurídicos. Además, apostó por dejar atrás el localismo y por articular las relaciones intercomercales para crear un sistema de cohesión y de sinergias fuertes entre las zonas empresariales de la provincia; competitividad y cooperación. Por otra parte, apostó por que los negocios de la nueva economía, más dinámicos y que piden más rapidez en su creación, tengan más lugares en los que implantarse, como el centro de las ciudades. Martínez apuesta por que el centro histórico sea generados de negocios de nueva economía para aportar vida a esos enclaves y que, si funcionan, ya sean esas empresas las que se trasladen a grandes núcleos empresariales.
Luis Rodríguez, secretario general de FEMPA, recordó que, aunque piensa que la nueva Lotup es positiva y simplifica barreras, "no hay que caer en la autocomplacencia" y pedir una mayor eficiencia. La agilización de los trámites administrativos debe ser clave, según Rodríguez, porque "los retrasos dan al traste con las inversiones y poner en marcha una empresa puede conllevar encontrarse con barreras insuperables". Por ello pide mayor colaboración de la administración y "que les exijamos ser tan eficaces como lo han de ser las firmas". Además, ahondó en la importancia de que las compañías situadas en suelo aislado tengan un impulso para ser regularizadas y que consigan los certificados correspondientes. Y que esto se de por parte del Consell, dando muestras de dinamismo y proactividad para alcanzar a las administraciones locales.
El presidente de Elche Parque Empresarial, Francisco Palacios, destacó la necesidad de tener interlocutores ágiles para acelerar el funcionamiento de los proyectos y que "si el funcionario de turno al que me he de dirigir, a pesar de los cambios en la ley, trabaja como hace años, no vamos a avanzar". Para Palacios, la gestión de Pimesa es clave para el éxito del parque empresarial ilicitano, porque "está en contacto directo con empresarios, escucha sus necesidades".
Los problemas que encuentra el presidente de Elche Parque Empresarial, ahora, de otra magnitud. "Me siento abandonado, porque esto es una ciudad, con 15.000 personas y 700 empresas que necesitan servicios como la adecuación de jardines, de limpieza, de potencia eléctrica y son necesidades que no llegamos a tener resueltas".
El conseller, Rafael Climent, aseguró que, a veces, la mejor agilización de la admnistración es un llamada telefónica cuando se detecta que algo no funciona lo rápido que debería y que, desde el Consell tratan de mejorar en todo lo posible en materia de urbanismo empresarial. Por ello, asegura que se han propuesto acortar los plazos administrativos, como mínimo en un 50% y que cuando una nueva empresa se quiere poner en marcha, se coordinan tres Consellerías distintas para agilizar ese proceso y la firma pueda funcionar lo antes posible. "Nuestro pecado, quizá sea que no capilarizamos nuestras acciones para llegar por completo a todo el territorio", pero afirma que trabajan en ello.
Así, aseguró que las empresas también deben apretar a las admnistraciones. "Utilizadnos. Apretaremos a quienes haga falta para agilizar cosas. A veces los planes se enquistan. Siempre y cuando la posibilidad legal esté, apretadnos".
Por parte de empresarios de la Marina Alta, Juan Carlos Juan, miembro de la junta de CEDMA, aseguró que existe un abismo entre el modo de funcionar de las administraciones y del mundo empresarial y pide que "haya empresarios que sean catalizadores y que sobrevivan a los políticos, para que funcione". Pidió que la administración copien los servicios que funcionan bien y que "la calidad de los funcionarios respete a a sociedad a la que sirven para marcar la diferencia".
Asimismo, Marian Cano, presidenta de AVECAL, afirmó que los tiempos en el sector del calzado son la clave y habló de que la normativa se ha de ajustar a los nuevos modelos de negocio que las empresas ya han puesto en marcha. Apuntó a que los avances del Consell deben ser globales y llegar hasta el estado para que sean eficaces. También señaló que el trabajo de los funcionarios debe mejorar y que, para ello, les han de dotar de las herramientas correctas, utilizar la inteligencia competitiva y trabajar con mayor eficacia de la mano de las nuevas tecnologías y atendiendo a sus plazos.
Héctor Torrente, director de IBIAE aseguró que "hemos sufrido todos los retrasos en trámites que se han expuesto y ahora peleamos con Fomento por un millón de metros en los que se trabaja desde 2007". Torrente señaló que espera que la Lotup pueda ser solución a esos problemas pero aseguró que, aún hoy, cuentan con problemas de suministros básicos, de luz, que tardan un año en llegar a una empresa nueva. Pide celeridad en la resolución de esos trámites.
La conclusión final del secretario autonómico fue que "como sociedad, no debemos darnos un tiro al pie. Tenemos un tejido empresarial ejemplar que ha conseguido no desaparecer". Lluís Ferrando añadió que la administración no puede ser una rémora de la sociedad y que coincide en que la coordinación es imprescindible.
Como conclusión final del foro, Rafael Climent aseguró que el trabajo de este mandato del Cnsell ha sido "crear una estructura, para que quien venga detrás lo tenga más facil. Si solo se depende de voluntades es un desastre. No se puede permitir".
Afirmó que en los cuatro años de mandato han hecho un trabajo de fondo en el que se encontraron en 2015 que "en las consellerías, había gente de un mismo departamento que no se hablaba con otra, pero ahora van cambiando las cosas".
Destacó la modificación de la Lotup para agilizar la industria o la informatización de sistemas para que de forma telemática se resuelvan los trámites de forma más rápida y la reducción de los tiempos de tramitación en un 50%.
También explicó nuevas leyes de medidas ficales para eliminar tasas de cierre o de instalación y el impulso de trámites telemáticos, de instalaciones de equipos o de auditorías energéticas, a demanda de los empresarios.
En cifras, la implantación telemática para solicitar ayudas alcanza un 90% y su totalidad llegan a través de este medio. Desde el Ivace, se ha puesto en marcha en sistema "solicita" como conexión directa entre el Ivace y las líneas de ayuda, así como un mapa de suelo industrial para ver qué áreas y suelo disponible hay para inversores.
La asignatura pendiente es el cómo marcar criterios para optimizar el tiempo y no perder meses en actuaciones simples. "Hemos avanzado en un paso de pulga pero nos quedan los de gigante", concluyó Climent.