El puzzle de la Ley de Costas no se resuelve con palmaditas en la espalda

La emergencia climática no deja lugar para la duda. La unanimidad científica es total. Los negacionistas son pocos y la inmensa mayoría de ellos, en realidad, son irresponsables oportunistas a la caza de votos que, sabedores de que la emergencia climática afecta en tiempo presente usos, costumbres, hábitos y negocios existentes, manipulan la necesidad de los cambios hasta hacerlos pasar por una agresión a la ciudadanía. No es eso. Es justo lo contrario. En realidad, tras el negacionismo lo que se esconde es la voluntad de retardar las iniciativas de lucha, mitigación y adaptación al cambio climático para que las cuentas de resultados de los grandes poderes económicos no se vean afectadas. Porque sí; las políticas climáticas son políticas de transformación social y cambio económico, y esas son palabras mayores. Sobre todo para aquellos pocos cuyos beneficios financieros están por delante de los beneficios para la salud de todas las personas.

El cambio climático es real y la transición ecológica es imprescindible para proteger a la gente, su salud, su presente y su futuro. Las políticas climáticas son políticas de supervivencia. Introducir cambios para modificar nuestro modelo económico y social no es una posibilidad; es la única.

España, con sus más de 8.000 kilómetros de costa, es especialmente vulnerable a una de las expresiones más evidentes del cambio climático, que es la subida del nivel del mar. Dicho de otra manera, la regresión de nuestro litoral. Es un hecho al que estamos asistiendo en tiempo presente y que irá a más en los próximos años. No se trata solamente de constatar cómo la línea de costa avanza tierra adentro, sino de comprender las consecuencias que eso supone cada vez que se dan temporales. Además del incuestionable cambio climático, la propia gestión de la costa que se ha hecho durante décadas, su abuso y expolio, todas las infraestructuras que se han construido en ella, todos los ecosistemas naturales arrasados, las obras llevadas a cabo o la transformación del curso de ríos y barrancos son elementos que hay que añadir para entender lo que está sucediendo.

La Ley de Costas de 1988 y su modificación de 2013 supuestamente venían a proteger el patrimonio natural y, en base al artículo 132.2 de la Constitución, evitar el deterioro y las alteraciones irreversibles sobre nuestras costas. Ciertamente, el balance de su aplicación ha sido bastante pobre.

Así las cosas, hay otro elemento que es preciso introducir aquí y que tiene que ver con los usos que se hace del territorio afectado por las modificaciones climáticas: nos referimos a la situación de miles de propietarios de viviendas muy cercanas a la costa. Personas que sufren, de una parte, el miedo de saber que sus casas están en zonas cada vez más vulnerables y peligrosas y, por otra, la angustia ante posibles actuaciones de la administración que afecte a sus propiedades.

La problemática requiere una buena dosis de empatía, de seriedad y de realismo. Hay que ser capaces de conjugar medidas de adaptación a la nueva realidad climática, proteger la salud de las personas, no deteriorar más nuestros ecosistemas y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad jurídica de aquella parte de la ciudadanía que pueda ver sus bienes afectados por las consecuencias del cambio climático.

La solución no es sencilla ni puede ser absoluta. Hay quien vive cómodamente instalado en la problemática y, por eso mismo, ya le va bien que se mantenga. Buscan arañar cuatro votos proponiendo medidas simples que nunca se podrán aplicar y se pasan los años dándoles palmaditas en la espalda a los afectados pero engañándoles una vez tras otra. Frente a eso, lo sensato es proponer iniciativas viables que, pese a que no contenten del todo a todas las partes, sí mejorarán el estado de las cosas y encajan con los condicionantes naturales, legales y sociales en los que debemos desenvolvernos.

De forma inmediata, es obligado evitar -y en la medida de lo posible, revertir- todas las actuaciones que incrementan la vulnerabilidad de nuestro litoral. Ciertamente, las intervenciones urbanísticas que se han hecho en la costa española no atienden a un solo modelo. En este sentido, las zonas de nuestra geografía que más respetuosas han sido con su entorno natural sufren hoy menos presión y, por tanto, deberían entenderse como referentes  para aquellas otras caracterizadas por inercias invasivas que ahora se tornan contra ellas mismas.

Más allá de lo dicho, la normativa actual reclama una revisión profunda atendiendo a las nuevas realidades. Es urgente abrir un debate en profundidad sobre el actual redactado de la Ley de Costas ya que su última modificación tiene casi 10 años, no sirvió para gran cosa y ha quedado superada con creces por variaciones sustanciales en lo ambiental, en lo climático y, también, en lo social y lo económico.

El tiempo no juega a nuestro favor. Debemos actualizar ya nuestra legislación y, más todavía, proponer y aplicar acciones que mejoren la adaptación del litoral a los cambios climáticos en marcha.

Nuestra costa reclama una cartografía detallada que sirva para marcar las zonas más vulnerables y sensibles y plantear de forma inmediata, intervenciones en ellas. Es preciso planificar adecuadamente las obras de protección del litoral, evitar nuevas intervenciones, acelerar los programas de recuperación y renaturalización de playas y obligar a que las grandes hidroeléctricas -empezando por Iberdrola, pero no solo- compensen las afectaciones a los flujos de sedimentos fluviales.

Con estas iniciativas en marcha, los procesos de deslinde que hayan de seguir, es decir los señalamientos de las construcciones afectadas como espacios de dominio público marítimo, habrán de llevarse adelante con una información completa en tiempo y forma para ayuntamientos y propietarios.

No podemos evitar procesos que son inevitables, y el cambio climático lo es. Con todo lo que ello supone. Pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados. Los oportunistas, que sigan con su negacionismo; la realidad les pasará por encima. Y quienes -por ingenuidad o interés particular- les crean, terminarán percatándose de su indefensión cuando ya sea imposible echarles una mano. Lo sensato, lo responsable, es tener un buen diagnóstico de lo que está pasando, prever las consecuencias y aplicar políticas de justicia ambiental y social, antes de que las catástrofes actúen por nosotros.

Julià Álvaro, coordinador de Alianza Verde en el País Valencià

Txema Guijarro, diputado nacional de Unidas Podemos