ALICANTE. La última palabra sobre el resultado de la subasta del Hércules la tendrá un juez.
Ya no queda otra, después de que este miércoles finalizara sin novedad el plazo de 10 días que Kuntajara SLU había otorgado al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para que diera un paso atrás en relación con la declaración de la subasta como quebrada y le adjudicase la titularidad del 15,07% de las acciones del Hércules y del derecho de crédito de 15,4 millones de euros que mantiene contra la Fundación del club blanquiazul.
El banco del Consell ha desatendido el requerimiento de la sociedad de Juan Carlos Ramírez por lo que el empresario vasco buscará ahora el amparo de los jueces. Eso sí, primero habrá de agotar la vía administrativa para lo que interpondrá un recurso de reposición contra al resolución por la que se declaraba la quiebra de la subasta. Dado que es el propio IVF el que tendrá que resolver ese recurso, parece claro que será desestimado, abriéndose así la vía judicial para Ramírez y su sociedad.
Las posturas se han mantenido distantes hasta el último momento del citado plazo y es que, si bien el banco del Consell abrió la puerta a una nueva adjudicación (por 508.000 euros) un día después de declarar quebrada la subasta (planteamiento que le reiteraba a Ramírez esta misma semana, vía burofax), exigía que antes se le liberase del pago de los honorarios del abogado y el procurador, unos gastos que el presidente del Hércules se ha negado no solo a asumir, también a entrar a negociar pues entiende que no le corresponde a él asumirlos.
Querella
Además de acudir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Juan Carlos Ramírez valora junto a sus abogados la posibilidad de querellarse contra el director general del banco del Consell, Manuel Illueca.
El empresario no quiere dar detalles al respecto, pero no ha escondido nunca que las declaraciones de Illueca en diferentes medios no le gustaron un pelo. Claro que al máximo mandatario del banco del Consell le ocurre lo mismo con las realizadas por Ramírez.