Rubén Martínez en una imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINA.BENIDORM. El PSOE de Benidorm ha pedido al equipo de gobierno local que trate de cambiar de estrategia a la hora de gestionar las peticiones de los funcionarios para equiparar sus sueldos a los de sus tareas reales. Lo hacen después del último varapalo judicial en este sentido, y sabiendo la dura reprimenda del juez que afeaba valerse del silencio administrativo para no responder. Así, los socialistas han reclamado un cambio a la hora de proceder, entre otros asuntos, para evitar mayores perjuicios económicos.
El portavoz socialista, Rubén Martínez, recordó que “en los últimos tiempos estamos viendo un goteo incesante de sentencias que dan la razón a los trabajadores municipales en este tipo de demandas y en las que los tribunales de justicia reflejan ya en sus fallos la mala praxis del Ayuntamiento de Benidorm y su equivocada estrategia judicial”.
Como señalara este diario, el sindicato SPPLB ha ganado unas 20 demandas bajo este pretexto, a los que se añaden unas 20 más por parte del resto de organizaciones. Esto se traduce, según las estimaciones del SPPLB, en cerca de medio millón de euros que tiene que desembolsar el Ayuntamiento más las costas judiciales y los intereses de demora. Hay que tener en cuenta que hay sentencias que reconocen el derecho a percibir unos 70.000 euros que tiene que pagar de golpe el Consistorio.
Con todo, Martínez ha pedido al gobierno local que responda a las peticiones de los funcionarios para evitar que tengan que acudir a los tribunales en casos en los que está perdida la demanda por parte del Ayuntamiento: “Cuando haya pleitos y procedimientos en los que esté claro que el trabajador tiene razón, evitar que los vecinos y vecinas de Benidorm tengan que pagar intereses de demora y costas judiciales que encarecen muchísimo el coste económico de este tipo de demandas”.
Para finalizar, el portavoz socialista ha reiterado que “es necesario ya un cambio de estrategia para evitar que se sigan produciendo perjuicios económicos para el Ayuntamiento de Benidorm que al final terminan pagando los vecinos y vecinas de nuestra ciudad con sus impuestos por este tipo de cuestiones y por una nefasta estrategia del gobierno del PP”. “El equipo de Gobierno tiene que empezar a hacer las cosas bien y no de una manera chapucera y, por tanto, que hagan caso de una vez a las reivindicaciones que están llegando ya incluso en forma de sentencias contundentes que afean la conducta del ejecutivo local en esta materia”, ha afirmado.
Como se decía, en la última sentencia perdida por el Consistorio, el magistrado recrimina la forma de actuar: "Acudir al silencio administrativo supone que un Ayuntamiento del tamaño de Benidorm no se ha molestado en hacer absolutamente nada, tratándose de una petición de su propio personal. Ya no es de recibo seguir funcionando así. Estas conductas, si bien eran perfectamente normales en la administración de hace más de medio siglo para la cual se dictó la ya derogada Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, ya no son admisibles para unas administraciones, las del siglo XXI, que están al servicio de los ciudadanos, y no al revés".
El texto sigue afeando el procedimiento seguido por el Ayuntamiento: "Que una Administración resuelva por silencio (es decir, no resuelva) es algo frustrante para el solicitante. Y doblemente frustrante para quien, además, es personal de la propia administración y esta sometido a la consabida relación de sujeción especial, que en este caso parece funcionar en un solo sentido. Todo ello implica que el Ayuntamiento de Benidorm está obligando al solicitante a judicializar un silencio que, como es sabido, no es más que una ficción jurídica para que el recurrente pueda acudir ante un tribunal". Al mismo tiempo, considera que se trata de "un uso absolutamente distorsionante del silencio administrativo, impropio de una Administración moderna, que parece haberse quedado anclada en usos propios de décadas que considerábamos superadas".
