Foto: PEPE OLIVARES.BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha vuelto a perder una sentencia por una demanda presentada por un funcionario que reclamaba que ejerce funciones de categoría superior. Así, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante ha reconocido al empleado público trabajar como administrativo desde 2010, aunque su puesto nominal es el de técnico auxiliar de biblioteca. Por lo que ha condenado al Consistorio al pago de casi 11.000 euros por la suma de las retribuciones salariales, más costas e intereses. Una sentencia más que pierde, a la que se espera nuevos juicios del mismo tenor.
Como ha venido contando este diario, el Ayuntamiento se está enfrentando en los últimos años a varias denuncias de sus propios trabajadores por ejercer funciones que van más allá de lo que establece su puesto. El último caso sonado fue uno de los más cuantiosos: unos 70.000 euros a un funcionario que ejercía como jefe de Emergencias y Movilidad desde octubre de 2015, pero que no percibía las retribuciones por ello. Sin llegar a los 110.000 euros que se llegaron a decretar para otro caso similar en 2019.
Como se decía, son numerosas las sentencias ganadas por los trabajadores y los sindicatos municipales. Desde el SPPLB estimaron que el montante total entre todas las sentencias firmes podría rondar el medio millón de euros. Y el importe podría subir en los siguientes meses, ya que hay juicios pendientes de resolver aún, además de que desde el SPPLB explicaron que también están acudiendo a los juzgados para asuntos relacionados con la aplicación de la nueva Valoración de Puestos de Trabajo (VPT).
En el caso conocido este miércoles, la sentencia señala directamente al Consistorio por dejar dormir la solicitud y dar respuesta con silencio administrativo. Motivo por el cual el empleado acude a los tribunales, lo que encarece el proceso por tener que hacer frente al pleito y sumar costas e intereses al pago del trabajador, que repercute a las arcas municipales. Es más, el magistrado reprocha la actitud del Ayuntamiento en el fallo al que ha tenido acceso Alicante Plaza.
Así, se muestra tajante: "Acudir al silencio administrativo supone que un Ayuntamiento del tamaño de Benidorm no se ha molestado en hacer absolutamente nada, tratándose de una petición de su propio personal. Ya no es de recibo seguir funcionando así. Estas conductas, si bien eran perfectamente normales en la administración de hace más de medio siglo para la cual se dictó la ya derogada Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, ya no son admisibles para unas administraciones, las del siglo XXI, que están al servicio de los ciudadanos, y no al revés".
El texto sigue afeando el procedimiento seguido por el Ayuntamiento: "Que una Administración resuelva por silencio (es decir, no resuelva) es algo frustrante para el solicitante. Y doblemente frustrante para quien, además, es personal de la propia administración y esta sometido a la consabida relación de sujeción especial, que en este caso parece funcionar en un solo sentido. Todo ello implica que el Ayuntamiento de Benidorm está obligando al solicitante a judicializar un silencio que, como es sabido, no es más que una ficción jurídica para que el recurrente pueda acudir ante un tribunal". Al mismo tiempo, considera que se trata de "un uso absolutamente distorsionante del silencio administrativo, impropio de una Administración moderna, que parece haberse quedado anclada en usos propios de décadas que considerábamos superadas".
El secretario general del SPPLB, Francisco Ángel González, recordó que solo su sindicato lleva ya una veintena de sentencias ganadas de este ámbito "con el consiguiente gasto innecesario para las arcas municipales al tener que hacer frente a las costas judiciales". Además, se refiere a la reprimenda del magistrado: "Nos dan la razón no solamente en el fondo, sino también en las malas formas y artes que viene denunciando esta central sindical de una manera sistemática y reiterada, utilizadas por esta administración contra sus trabajadores". Con todo, la concejal de Personal, Ángela Zaragozí, no se ha querido pronunciar sobre este asunto.
Vista la situación, el SPPLB ha solicitado el amparo al alcalde de Benidorm, Toni Pérez, para que "tome cartas en el asunto". Según refleja el escrito presentado el 9 de marzo, lo hacen para evitar tener que acudir de nuevo a los juzgados. Por ello, piden, que cese esta situación de inmediato y que dicte las órdenes oportunas para que el Ayuntamiento cumpla con la ley y dicte resolución expresa a las solicitudes.
