BENIDORM. El PP de Benidorm advierte del "perjuicio económico" que trae como consecuencia la resolución que anula el pliego para el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. Para ello, se basan en los cálculos de reducir los gastos fijos de 15 a 10 años, que es una de las motivaciones admitidas por el Tribunal Central de Recursos Contractuales (TACRC). Y más en concreto, los populares apuntan directamente al PSOE por ser los que presentaron el recurso que ha motivado esta decisión.
Como ya explicara este diario, el contrato actual lleva caducado desde finales de 2018 y no fue hasta diciembre de 2023 cuando se aprobó el nuevo pliego, siendo el pasado 6 de febrero a las 23.59 horas el final del plazo de presentación de ofertas. La licitación contaba con un presupuesto de 360,8 millones de euros, impuestos incluidos, por un plazo de 15 años. Hasta llegar ahí, el Ayuntamiento había contado con numerosos informes contradictorios entre técnicos municipales, lo que ocasionó que derivaran el asunto a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, que dio su visto bueno.
No obstante, la propuesta fue a diciembre con un informe del interventor accidental que mantenía los reparos. El documento ha servido de pretexto para que el PSOE recurriera el pliego en el Tribunal, que ha admitido parcialmente el escrito y como consecuencia se anula el acuerdo. Las motivaciones atañen a la duración del contrato, la construcción de una base logística, los criterios evaluables mediante fórmulas y los de juicio de valor (parcialmente), así como la omisión de parámetros para la determinación de las ofertas para aquellas consideradas como anormalmente bajas.
El alcalde, Toni Pérez, ha ofrecido este jueves una rueda de prensa para valorar la resolución. En ella ha mencionado que la anulación del pliego va a suponer un "perjuicio económico a los benidormenses". Así, ha explicado que reducir el plazo de 15 a 10 años, como apuntan los informes aportados al recurso, provocará que se pague por el contrato 28 millones de euros al año, frente a los 21,6 millones anuales de costes fijos previstos. "Si el contrato se reduce a diez años está claro que costará bastante más dinero al año porque hay que repercutir el mismo dinero en menos tiempo. Es muy sencilla la explicación", ha dicho. Y como consecuencia podría venir aparejado el incremento de la tasa e impuestos en hogares y empresas, que son los que costean este servicio, aunque ha evitado mencionar en concreto estos dos conceptos tributarios.
Una cuestión sensible sabiendo que este 2024 ya se va a pagar un incremento del 71,82% en la tasa de la basura. Es más, los informes del área económica ya apuntaban que con el pliego aprobado, y ahora anulado, la subida era inevitable. Así, la propuesta aprobada en pleno en diciembre incluía el inicio del expediente de modificación de ordenanzas fiscales del IBI y la conocida como tasa de la basura. Para entonces, se hablaba de que antes de 2025 el Ayuntamiento debía incrementar la recaudación del IBI en 1.575.527,05 euros, y el año siguiente, 1.592.321,05 euros, acumulado al anterior. En cuanto a la tasa de basura, antes de 2024 el aumento sería de 3.397.111,06 euros, un año después otros 2.016.282,40 euros más, y finalmente en diciembre de 2026 contemplaba otros 2.035.617,07 euros adicionales. Unas cifras que según lo que se termine aprobando ahora, podrían variar.
Durante su intervención, el primer edil se ha preguntado “a quién beneficia la denuncia del PSOE y la anulación de los pliegos” porque “los benidormenses vamos a tener que pagar más dinero por el mismo servicio. Un dinero que saldrá del mismo bolsillo, el de los vecinos de Benidorm”.
El Ayuntamiento de Benidorm aún no ha tomado ninguna decisión de cómo proceder con respecto a la decisión del Tribunal. El alcalde encargó este miércoles los informes técnicos correspondientes a los departamentos de Contratación, Secretaría General, Ingeniería e Intervención "para que diagnostiquen en qué situación queda este procedimiento después de haber incorporado la resolución del tribunal a la próxima comisión informativa de Régimen Interior". Hay que tener en cuenta que también se ha abierto un plazo de dos meses para que la administración local pueda recurrir la resolución en la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Toni Pérez ha reiterado varias veces que los pliegos de condiciones fueron avalados hasta en dos ocasiones por la Junta Consultiva de Contratación de la Generalitat y por la Intervención General de la Generalitat. Al mismo tiempo, ha informado que durante el proceso de presentación de ofertas, hubo cinco empresas que se interesaron por el contrato, conllevando la tramitación de 58 consultas. Finalmente, fueron tres las propuestas recibidas. Con todo, ninguna de ellas recurrió los pliegos. “Generalmente, casi siempre, suelen ser empresas las que recurren a este tribunal cuando consideran que algo les puede perjudicar o no se ajusta a la legalidad. En este caso, curiosamente, han sido concejales del PSOE”, ha aclarado el alcalde, que a la vez que apuntaba a los socialistas, reconocía que estaban en su derecho de recurrir y que desde el gobierno local actuarían conforme a lo que valoren los técnicos.
De igual modo, Pérez ha puesto de relieve que el tribunal “no ha hecho ninguna apreciación o puntualización sobre las características del proyecto técnico contemplado en los pliegos, no hay ningún pero u objeción; solo en la parte administrativa”. Entre sus explicaciones, también mencionó que la reducción del plazo "supondrá que un millón anual será para el futuro contratista y su beneficio industrial y no para la mejora del servicio". A lo que añadió que los pliegos que se aprobaron en pleno preveían además la patrimonialización de las inversiones. Sin embargo, ahora “las inversiones han de ejecutarse igualmente, pero no pasarán a formar parte del patrimonio municipal aunque las pagaremos de nuestro bolsillo”.
En su intervención, el alcalde ha insistido en que el servicio de recogida selectiva viene impuesto por una ley de la Generalitat Valenciana de tiempos del Botànic y por otra del Gobierno de Pedro Sánchez. “Era un contrato muy grande porque era el mejor servicio de limpieza que podía tener Benidorm y al menor precio”. Hay que cumplir la ley del gobierno de España porque con la Ley en la mano, si no cumples, te sancionan”, ha zanjado.
Tras la intervención del alcalde, el PSOE optó por responder a través de un comunicado. Así, el concejal socialista que fiscaliza el área de Contratación, Antonio Charco, ha calificado de “ridículas” y “patéticas” las declaraciones de Toni Pérez. De este modo, ha censurado "los ataques lanzados por el alcalde responsabilizando al grupo socialista de una ficticia subida del contrato por cumplir con la legalidad que exige el Tribunal de Recursos Contractuales". Para el socialista, "ha realizado declaraciones más propias de un mal perdedor que no acepta sus errores, tras la chapuza del nuevo contrato de basura, que las de un alcalde a la altura de Benidorm. Ha sido el gobierno del PP quien ha licitado un contrato con unos pliegos llenos de irregularidades y deben asumir su responsabilidades", ha apuntado.
Para Charco, el primer edil ha "hecho las cuentas de la abuela con el precio del contrato obviando deliberadamente que si el Ayuntamiento cumple con lo legalmente establecido y se reducen a 10 los años del contrato, se reducen también los gastos variables y los fijos como el de personal, que ascienden a 13 millones anuales, o el beneficio industrial de la empresa. Si hubiera licitado el contrato en 2019 cuando tocaba, y a diez años, seguro que nos hubiera costado mucho menos", ha destacado. No obstante, fuentes municipales aseguraron que en la cifra aportada ya se habían retraído partidas no imputables a los años que iba a estar en vigor el contrato.
Charco ha señalado directamente al alcalde como único responsable de esta situación puesto que “ha sido incapaz de licitar el contrato de recogida de residuos y limpieza viaria, caducado desde finales de 2018, con unos pliegos ajustados a la legalidad y con todos los informes técnicos favorables”. “La gestión de todo el procedimiento durante estos últimos cinco años ha sido lamentable y la resolución del TACRC lo ha terminado confirmando. Continuos retrasos en la redacción de los pliegos, haciendo caso omiso de las advertencias de la oposición y levantado los reparos de la Intervención municipal para ahora volver a la casilla de salida por hacer las cosas muy mal”, ha recalcado.
Igualmente, el edil socialista ha criticado que mientras el alcalde y su equipo de Gobierno iban "chapuza tras chapuza" retrasando la licitación del nuevo contrato, “la concesionaria ha continuado prestando el servicio de una manera deficiente y por el que el ayuntamiento ha estado pagando 15 millones de euros al año”. Por último, Charco ha insistido en que lo que debería hacer el alcalde ahora es pedir disculpas a la ciudadanía, al departamento de Intervención y al grupo municipal, “por su negligente gestión y por no defender el interés general”.
