Foto: RAFA MOLINA. BENIDORM. El gobierno local llevará al debate del pleno del próximo lunes aprobar el expediente de contratación para el servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza de los Espacios Públicos. Un contrato que lleva desde 2018 caducado y prorrogado a la espera de una nueva licitación. La propuesta se ha ampliado este viernes con un nuevo punto en la moción: la que incluye el inicio del expediente de modificación de las ordenanzas fiscales que regulan el IBI y la tasa de la basura. Una exigencia por parte del área Económica para que cumpla con la estabilidad presupuestaria.
El punto abre la puerta a nuevas subidas de estas cuotas que ya se han incrementado en las últimas semanas. Como ya avanzara este diario, el Interventor urgía a tramitar estos modificados para hacer frente al aumento del gasto que supone este nuevo contrato. Esto implica que para antes de 2025 el Ayuntamiento debe aumentar la recaudación del IBI en 1.575.527,05 euros, y el año siguiente, 1.592.321,05 euros, acumulado al anterior.
En cuanto a la tasa de basura, antes de 2024 la subida será de 3.397.111,06 euros, un año después otros 2.016.282,40 euros más, y finalmente en diciembre de 2026 será de otros 2.035.617,07 euros adicionales.
Todas estas cuantías salen del último informe del tesorero municipal, que no obstante, reseña que son previsiones a futuro que pueden alterarse por cualquier modificación que se introduzca en los expedientes. El escrito está firmado en agosto de este año.
Sabiendo esto, el PSOE ya alertó este jueves de que esto supondría una nueva subida de impuestos después de haberse aprobado el incremento para el año que viene del IBI un 23% y de la basura un 72%. Según sus estimaciones, los ciudadanos pagarán en tres años un 140% más por la tasa de basura que lo que han pagado en 2023, y un 33% más por el recibo del IBI.
Con todo, fuentes municipales recalcaron a este diario que en este contrato hay dos servicios: limpieza viaria y recogida de basura. El primero, debe atenderse por Ley con recursos generales y los técnicos señalan y proponen, en base a los estudios económicos y el coste de los servicios, que se suba el IBI. Mientras que para el segundo, el de recogida, tratamiento y valorización, está vinculado a la tasa y, por la nueva Ley 7/2022 del Gobierno de España, debe repercutirse al usuario del servicio, sin que pueda ser deficitaria la recaudación respecto al coste.
Sobre esto último señalaron que el Ayuntamiento tendrá que adecuar la ordenanza a la nueva normativa de recogida, que prevé el pago por generación de residuos. Esto permitirá además incluir bonificaciones a los vecinos que cumplan con los objetivos de segregación de residuos, con lo cual, habrá que realizar una reestructuración de costes.
"Los técnicos del área económica han trasladado su parecer. Ahora se iniciará una fase de estudio, en la que habrá que cuantificar esas posibles modificaciones, sus cuantías y su posible repercusión, y a partir de ahí tomar decisiones", manifestaron estas mismas fuentes. De este modo, prefirieron "no aventurar nada", para "ser cautelosos y rigurosos". Así, recordaron que en su momento el PSOE "dijo que se iba a subir el IBI al tipo impositivo del 1,15 porque se proponía en un informe técnico, generando una gran alarma, y finalmente la subida no alcanzó ni de lejos esa cifra, de hecho, aún con la subida el tipo está por debajo del aprobado por el mismo PSOE en 2012".
Después del informe firmado por el interventor el pasado 12 de diciembre para fiscalizar la propuesta que se iba a llevar a pleno, el alto funcionario ha vuelto a emitir otro este viernes para informar de nuevo sobre la propuesta, que ahora, sí incluye el punto sobre las modificaciones del IBI y la tasa. El escrito tres días después mantiene todos los reparos que ya expuso en el pasado informe, así como las conclusiones. Es por esto que el primer punto de la moción será para levantar los reparos con el fin de que se pueda aprobar el pliego.
Como se recordará, el interventor sembró la duda afirmando que la suma de todos los reparos en su conjunto "hace que la licitación esté sometida a un grado de discrecionalidad incompatible con los principios de salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa". Es por esto que a su juicio deberían de redefinirse los pliegos.
