BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha decidido suspender la licitación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos de 328 millones de euros. El proceso estaba adelantado, había terminado el plazo para la presentación de ofertas y estaban a la espera de abrir el primer sobre, que contenía la información básica de las empresas que habían optado al contrato. Hasta ahora, solo se conocía que había tres propuestas. Sin embargo, un recurso presentado por el PSOE local ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha motivado su retraso.
En este caso, la decisión no parte de una petición del Tribunal notificada al Consistorio. Según apuntan fuentes municipales, la legislación permite seguir con el procedimiento. Pero desde el Ayuntamiento de Benidorm apuestan por paralizarlo en estos casos "para preservar los derechos de los licitadores" y hasta que haya una resolución.
El recurso, al que ha tenido acceso este diario, está firmado el 8 de enero por los ocho concejales que forman parte del grupo municipal socialista. A lo que se añadió una nueva comunicación el 11 de enero para subsanar datos. Un día después, el Consistorio remitió información al Tribunal sobre este asunto. Lo que no consta es todavía el pronunciamiento del TACRC sobre el contenido del recurso, que alude a los reparos de Intervención. Unas dudas de este departamento que alimentaban las discrepancias entre este área y secretaría municipal, lo que llevó el expediente a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico que no vio problema en seguir con el procedimiento.
Ahora, el PSOE presenta el recurso contra el pliego de condiciones administrativas particulares sobre los que se regirá el contrato y solicitan su anulación. El documento se aprobó en el pleno del mes de diciembre con el voto favorable del PP, mientras que la oposición se mostró en contra. Así, los socialistas se refieren en este escrito al informe desfavorable de fiscalización previa con reparos.
Pero, ¿a qué se refieren estos reparos? En primer lugar habla del plazo de duración, que se establece en 15 años más uno de transición. Para Intervención no está justificado que supere los ocho o diez años, que es lo que propone, entre otros asuntos, por la vida útil de la maquinaria. También censura la inversión en una base logística puesto que la adquisición del terreno no se ha ejecutado antes de la licitación y eso imposibilita que las empresas conozcan el alcance económico y, según él, crea inseguridad al no saber si dispondrán de la parcela. También pone el foco en aspectos técnicos del anteproyecto de explotación, factores indicativos de los servicios y los criterios para la adjudicación.
