BENIDORM. Tres empresas han presentado su oferta para hacerse con el megacontrato del Ayuntamiento de Benidorm que incluye la limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos urbanos, tal y como ha confirmado la concejal de Contratación, Aida García Mayor. El plazo terminó el pasado martes 6 de febrero a las 23.59 horas. De este modo, el Ayuntamiento da un paso más para adjudicar el nuevo servicio, a la espera de conocer las propuestas y si hay una propuesta ganadora. En los próximos días está prevista la apertura de los sobres donde se sabrá la identidad de las mercantiles, las condiciones y el importe económico.
La licitación cuenta con un presupuesto de 360,8 millones de euros, impuestos incluidos, por un plazo de 15 años. Desde 1993 el responsable de este área ha sido FCC, cuya prórroga arrastra desde 2018, año desde el que lleva caducado y con actualización de precios de manera anual. Sin embargo, en los últimos ocho años no se han podido acometer actuaciones de reforma y modernización del contrato.
El nuevo pliego contempla un año de transición para llegar a la prestación efectiva del servicio. El objetivo es que en este periodo se actualicen las ordenanzas a las nuevas medidas. Y los cuatro primeros años de contrato serán para la implantación progresiva, como es el ajuste de la recogida de residuos puerta a puerta, quita y pon, el sistema de identificación y bonificación. El Consistorio pretende renovar los vehículos de limpieza y maquinaria. La empresa se responsabilizará de todos los espacios de uso público, incluidos los que ahora no están en contrato, como los no urbanizados, caminos, parque natural, acantilados, barrancos, etc., tal y como manifestó durante el pleno en el que se aprobó el pliego el concejal de Limpieza Viaria, Luis Navarro.
El nuevo pliego también sirve para adecuar el servicio a todas las exigencias europeas y estatales. Entre otras cuestiones, tendrá que cumplir con ciertos objetivos de separación a los que ahora mismo no llega. Según las cifras aportadas por el Consistorio, el 17% de los residuos se recogen de forma selectiva, sabiendo que para el 2025 ese porcentaje tiene que llegar al 55%. A su vez, el gobierno local contempla la introducción de medidas compensatorias a los vecinos y el lanzamiento de una tarjeta ciudadana 'monedero' para usarla en el comercio.
Para llegar a este punto, el pliego fue cuestionado por el área de Intervención. El Ayuntamiento optó por mandar el expediente a la Conselleria de Hacienda con el fin de que pusiera luz sobre las discrepancias técnicas entre departamentos del Consistorio. Finalmente, dio luz verde a la tramitación y fue aprobado por el PP con seis reparos de Intervención que no tenían carácter suspensivo y que con su aprobación se levantaron.
