El alcalde de Alicante, Luis Barcala, durante la convención local del PP. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. El equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante rompe el discurso de la continuidad defendido por el alcalde, Luis Barcala, desde su toma de posesión, el pasado 19 de abril, y anula por primera vez una decisión política adoptada por el anterior equipo de Gobierno, del PSOE. Se trata del cierre al tráfico del tramo final de la avenida de la Constitución, entre su intersección con Médico Pascual Pérez y Teatro, que quedó reabierto a la circulación este lunes, diez meses después de que los socialistas (ya durante su etapa de mandato en solitario, tras la ruptura de tripartito) decidiesen liberarlo de vehículos.
El edil de Transportes, José Ramón González, trató de justificar la reapertura en la ausencia de un estudio técnico riguroso que avalase la oportunidad y el alcance de dicha restricción al tráfico y apuntó que, en todo caso, ya estaba en proceso de contratación el encargo de ese informe para configurar un eje peatonal entre Constitución, Bailén, Castaños y Gabriel Miró. O lo que es lo mismo, que -en último término- todo sigue enfocado para que antes o después el vial vuelva a quedar restringido a la circulación.
Sea como fuere, su antecesor en el cargo, el socialista Fernando Marcos, quiso rebatir el argumento del PP al señalar que el cierre de Constitución ya está contemplado desde 2013 en el llamado Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) encargado por el PP durante el pasado mandato y acusó a los populares de no apostar por un modelo de ciudad peatonal como sí ocurre en otras grandes capitales. "La peatonalización de ese tramo de calle era sólo el primer paso para recuperar el centro de Alicante. El PP ha tenido seis meses para continuar con lo que estaba hecho y peatonalizar definitivamente toda la avenida, pero su incapacidad para trabajar les ha llevado, una vez más, a adoptar la solución más fácil, aquella que no implica esfuerzo", dijo.
En sentido estricto, la reapertura de dicho tramo de la avenida no altera en nada su configuración. Desde el pasado diciembre, sigue sin tener una estructura peatonal consolidada ni se le ha dotado de contenido, como señalaron con mayor o menor grado de crítica los portavoces del resto de grupos de la oposición. El portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, tildó la iniciativa del PSOE de "chapucera", pero, al tiempo, instó al PP a impulsar una peatonalización real. Su homóloga de Cs, Yaneth Giraldo, coincidió en calificar el acuerdo socialista como un "parche". Y el líder de Compromís, Natxo Bellido, lamentó que los distintos "minigobiernos" adopten decisiones contradictorias y reclamó una apuesta decidida por la peatonalización del Centro "sin medidas incompletas".
La anulación del cierre al tráfico es el primer gesto visible de desmarque del equipo de Barcala, que había anunciado continuidad
En cualquier caso, lo cierto es que se trata del primer desmarque visible en las políticas desplegadas por el gabinete de Barcala. Desde el pleno de investidura, los populares se han dedicado fundamentalmente a respetar y desarrollar los proyectos heredados de la etapa de mandato del PSOE y del ya extinto tripartito, como las llamadas inversiones financieramente sostenibles, sin revertir ninguna de las iniciativas que ya estuviesen en desarrollo. Como insistió el propio Barcala en el mismo discurso de investidura, el PP no llegaba al poder para perder el tiempo en el año de mandato que tenían por delante. Es decir, que no se iba a desaprovechar la oportunidad de gestionar que se les planteaba deshaciendo y rehaciendo acuerdos que estuviesen en curso. Tanto es así, que el PP ha venido lidiando con un presupuesto municipal heredado frente al que plantearon una enmienda a la totalidad. Y, sin embargo, lo han mantenido a excepción de dos modificaciones de crédito con las que los populares sí han querido dejar su propia impronta, al promover la cancelación del plan de ajuste.
Al margen de ello, aunque se ha optado por no dar impulso a otros proyectos pendientes -que el tripartito o el PSOE habían dejado en cartera-, el nuevo equipo de Gobierno se ha limitado a anular sólo una decisión de carácter administrativo que, además, no había tenido ningún recorrido real: la convocatoria de un concurso para adquirir nuevos contenedores para el depósito de residuos orgánicos. Esa licitación estaba paralizada de facto desde la etapa del PSOE por el recurso de una empresa interesada en acudir a la convocatoria que había denunciado la existencia de límites a la libre concurrencia.
Así, la decisión de revocar ese corte de tráfico supone un primer cambio de rumbo, justo tres días después de que el PP celebrase su convención local y de que -por si todavía existían dudas- Barcala quedase ratificado en público como candidato a la Alcaldía en 2019. La incógnita por despejar es si esa va a ser la nueva tónica de los siete meses que restan hasta que la cita con las urnas, el próximo mayo.
