ALICANTE. La Diputación de Alicante sigue en el centro del debate político. Y de nuevo por las ayudas nominativas, o a la carta, que el Gobierno de César Sánchez (PP) ha incluido en el plan de inversiones confeccionado con el remanente del presupuesto de 2017. En total, son 13 proyectos por valor de 7,4 millones de euros, que seguirán su tramitación, pese a que el juzgado contencioso-administrativo ha decidido mantener la suspensión cautelar de una de esas subvenciones, la de Busot, por valor de 700.000 euros, que ya se pretendió otorgar meses atrás y que el grupo Compromís impugnó ante el juzgado. Es decir, el PP mantendrá el plan de ayudas; responsabiliza a Compromís del actual impasse y que sea la justicia la que diga si este tipo de ayudas son ilegales.
Pues esa ayuda en cuestión, la de Busot, junto a otras dos, cuyo beneficiarios son los municipios de los vicepresidentes de Sánchez, La Nucía (Bernabé Cano), y Mutxamel (Sebastián Cañadas), son las que están en candelero y mantienen en el aire la aprobación de todo el paquete, que asciende a 31 millones de euros. El acuerdo debía haber pasado por comisión esta semana, para que pueda ser aprobado este mes de mayo, pero no existe consenso entre las formaciones políticas. El PP y el PSPV mantienen una especie de acuerdo mínimo para aprobar todo el paquete de ayudas, pero Compromís discrepa de ese apartado de 7,4 millones de euros, que incluye las denominadas ayudas nominativas o a la carta. ¿Por qué? A su juicio, "son una especie de ayudas VIP, que no forman parte de ninguna convocatoria en la que puedan participar otro tipo de ayuntamientos en igualdad de condiciones".
¿Qué va a pasar ahora? El PP mantiene el plan tal y cual está planteado. ¿La razón? La dijo este miércoles el presidente de la Diputación, César Sánchez: "Lo que Compromís critica en la Diputación de Alicante, lo practica en la Diputación de Valencia y en la Generalitat Valenciana", donde incluye este tipo de ayudas en sus respectivos presupuestos de 2018, lo que le hace concluir que "o nos equivocamos todos o todos acertamos". Es decir, para el PP no hay problema en mantener esas ayudas porque también se otorgan en la Diputación de València y en el Gobierno valenciano.
Sánchez ha solicitado, además, la intervención del president de la Generalitat, Ximo Puig, del PSPV-PSOE, para que "llame al orden" a su socio de gobierno, Compromís, por "torpedear" y "boicotear" la institución provincial a raíz de las ayudas nominativas y las subvenciones de 2018. Para ello, el dirigente del PP ha solicitado, a través de su vicepresidente Carlos Castillo, que se convoque la mesa bilateral Diputación-Generalitat para tratar esta situación con el director general de Administración Local, el socialista Toni Such.
La juez rechaza la petición de la Diputación de cerrar la causa judicial de la ayuda 'a dedo' a Busot
¿Qué va a hacer el PSPV? No hay un pronunciamiento oficial, pero desde las filas socialistas señalan que las resoluciones judiciales se deben respetar y, por tanto, si la subvención al Ayuntamiento de Busot está paralizada por un juzgado, hay que respetar esa decisión y no incluirla en el plan de ayudas. Pero más allá de eso, su portavoz, José Chulvi, sostiene que todavía no hay nada definitivo y, por tanto, hay tiempo para negociar un nuevo acuerdo entre todas las fuerzas políticas con representación en la Diputación de Alicante. "Cuántos más municipios se ven beneficiados mejor", ha dicho Chulvi.
Por su parte, Compromís hará pública este jueves una nueva propuesta para intentar alcanzar un acuerdo. O al menos, que le respalde el PSPV, que hasta ahora se había alineado con el PP para incluir algunos municipios, como Xixona o El Pinós. Pero para la coalición valencianista lo que queda claro con el auto de la juez del contencioso-administrativo, es que "el Partido Popular no podrá introducir las líneas a dedo a los vicepresidente y miembros de gobierno de la Diputación, como son el caso de Busot, La Nucía y Mutxamel. Y si lo hace, "se puede enfrentar a una ampliación de denuncia y posible fraude de ley cada vez más evidente", como ya anunció el portavoz del grupo Gerard Fullana.
La consecuencia de todo es que el plan de ayudas de la Diputación de Alicante sigue en el aire y si ya faltaba acuerdo político, el auto del juzgado contencioso-administrativo sobre la ayuda de Busot lo complica aún más. No obstante, tanto el PP, con 15 diputados, como el PSPV, con 11, tienen votos suficientes para aprobar este tipo de ayudas, que en otros ejercicios -sin las subvenciones a la carta- fueron autorizados por consenso, por unanimidad y sin debate.