El alcalde de Busot y diputado provincial de Economía, Alejandro Morant, dialoga con el presidente César Sánchez. Foto RAFA MOLINAALICANTE. El juzgado contencioso-administrativo de Alicante ha rechazado la petición de la Diputación Provincial, gobernada por el PP, de cerrar la causa abierta sobre la ayuda nominativa que se le dio al Ayuntamiento de Busot -de 700.000 euros para construir un pabellón polideportivo-, y que fue recurrida por el grupo Compromís. De esta manera, el proceso sigue abierto y suspendido cautelarmente a la espera de que ese mismo juzgado decida sobre el fondo de la cuestión: si la institución provincial puede dar ayudas directas sin tener un argumentación justificada para ello y fuera de un proceso sin convocataria pública, como fue el caso.
Según ha podido saber Alicante Plaza, la juez ha emitido un auto en el que rechaza la petición de cerrar la causa judicial, como pretendía el PP. Esta circunstancia puede complicar el plan de inversiones de la institución provincial puesta esta ayuda vuelve a estar incluida ahora, junto con la de Mutxamel y la Nucía, todas ellas cuestionadas por el grupo Compromís. El plan de inversiones, que asciende a 31 millones de euros, tiene una apartado de 7,5 millones de euros dedicado a ayudas nominativas, que es lo que también cuestiona la formación valencianista a la hora de alcanzar un pacto con el resto de formaciones políticas.
Compromís ha emitido un comunicado en el que asegura que "el Partido Popular no podrá introducir las líneas a dedo a los vicepresidente y miembros de gobierno de la Diputación. O como mínimo no lo podrá hacer si no quiere enfrentarse a una ampliación de denuncia y posible fraude de ley cada vez más evidente".
En el escrito de la jueza especifica que se procede “continuar el proceso por los trámites legales correspondientes, y por esto se da traslado a la Administración demandada para que conteste a la demanda en el plazo de cinco días…”
La coalición valencianista recuerda que "el Partido Popular, con el posible apoyo del Partido Socialista, había hecho público una propuesta de pacto donde se recorta un 40% la inversión con criterios objetivos como el poblacional o la densidad para crear un paquete de 7,3 millones de euros de subvenciones a dedo, la mitad de los cuales va destinado a resucitar las subvenciones ‘a la carta’ previamente judicializadas, y en el caso de Busot con resolución de suspensión cautelar".
A estas ayudas se sumaban otras sin ningún criterio de selección, sin justificación de la urgencia, sin ninguna Junta de Portavoces previa. Por todo ello, Compromís había acusado al PP y a los PSPV de haber negociado ayudas discrecionales "de forma opaca y discriminando los pueblos, a expensas de reducir la inversión democrática. El acuerdo preveía por ejemplo que sólo entre dos municipios gobernados por el PP en la Marina Baixa doblaron la inversión que iban a recibir el resto de municipios de la comarca, el mismo que en l'Alacantí en el caso de Busot y Mutxamel, o restar dos millones de euros al reparto con criterios objetivos de la Marina Alta o un otro resto de 2,1 millones en el reparto por población en la Vega Baja.
Compromís había solicitado dejar de lado estas subvenciones e impulsar el pacto original que había sido modificado para incluirlas. Compromís opinaba que las causas se mantenían vigentes y que la propuesta de la Diputación podría incurrir en graves irregularidades. Cabe recordar que el propio portavoz del Partido Popular, Carlos Castillo, calificó como “ignorantes” a los diputados de Compromís para defender que el proceso continuaba abierto, según dice el comunicado de la coalición.
