El 'otro frente' entre Educación y el bipartito de Alicante: los conserjes de los colegios en obras

ALICANTE. La ejecución de las obras de retirada del amianto en centros educativos de Alicante ha destapado un nuevo motivo de controversia entre el Ayuntamiento y la Conselleria de Educación. Primero fueron las fricciones desencadenadas en la tramitación de actuaciones en colegios, a financiar por la Generalitat en el marco del Plan Edificant, aunque con su proceso de planificación y licitación derivada a los ayuntamientos. Después, la polémica entablada en torno a cuál de las dos administraciones debía asumir la reparación de los daños detectados en algunos de los edificios del IES Virgen del Remedio. Y ahora llega también la disputa sobre quién debe asumir la reubicación de los conserjes municipales de los centros en los que se prevé eliminar el fibrocemento empleado en la construcción de sus cubiertas, por ejemplo. 

En concreto, el nuevo conflicto se plantea a colación del destino alternativo de los funcionarios municipales que residen en los tres primeros colegios en los que se pretende intervenir: el CEIP Rabassa, el CEIP El Tossal y el CEIP Azorín. Se trata de los primeros centros en los que Educación ya dispone de lo trabajos adjudicados de sustitución de dicho material. De hecho, las obras debían haberse iniciado esta misma semana, como vienen sosteniendo los representantes municipales de Compromís, de Unides Podem y la dirección política de Esquerra Unida. 

Sin embargo, el equipo de gobierno (compuesto por Partido Popular y Ciudadanos) discrepa de esa posición hasta el punto de haber requerido de la elaboración de un informe a los letrados de la Asesoría Jurídica Municipal para dilucidar desde el punto de vista legal cuál sería la administración encargada de proporcionar esa vivienda provisional a los empleados municipales. Y ese estudio vendría a confirmar las apreciaciones que manejaba el bipartito: debe ser la Conselleria de Educación como órgano promotor de la obra quien procure una solución habitacional a los funcionarios. 

PP y Cs estarían dispuestos a asumir la búsqueda de una solución habitacional alternativa pero repercutiendo, después, los gastos generados a la conselleria

De acuerdo con el informe, fechado el 19 de julio, la administración encargada de ejecutar los trabajos debe haber garantizado la disponibilidad de los terrenos en los que se pretende intervenir, así como su posibilidad de ocupación, para el momento en el que se concrete el replanteo de la obra: el inicio de su ejecución. Además, el dictamen apunta que esa solución habitacional alternativa para los conserjes debería haber quedado prevista en la memoria del proyecto, como se reflejaría en la Ley de Contratos y en su Reglamento.

A la vista de esa conclusión, el bipartito ya ha tratado de concertar una reunión de trabajo con los representantes de Educación para alcanzar un acuerdo al respecto en un encuentro que podría celebrarse la próxima semana, si no antes. En esta línea, fuentes municipales indicaron que, en esa cita, el equipo de gobierno prevé trasladar su predisposición a buscar un espacio alternativo en el que realojar a los conserjes de los colegios durante el tiempo en el que se prolongue los trabajos de retirada del amianto. Así, podría optarse por ceder alguna de las viviendas del parque público municipal o, en su caso, la posibilidad de alojarlos en pensiones u hoteles, como sucede en cuanto se producen situaciones de emergencia. Eso sí, con el añadido de que, después, se repercutiría a la conselleria el gasto generado por esa solución alternativa, fuese cual fuese.

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Educación han indicado que, en realidad, esa reunión de coordinación se ha convocado ya para el próximo lunes a instancias del propio departamento autonómico.