ALICANTE. La ejecución de las obras de retirada del amianto en centros educativos de Alicante ha destapado un nuevo motivo de controversia entre el Ayuntamiento y la Conselleria de Educación. Primero fueron las fricciones desencadenadas en la tramitación de actuaciones en colegios, a financiar por la Generalitat en el marco del Plan Edificant, aunque con su proceso de planificación y licitación derivada a los ayuntamientos. Después, la polémica entablada en torno a cuál de las dos administraciones debía asumir la reparación de los daños detectados en algunos de los edificios del IES Virgen del Remedio. Y ahora llega también la disputa sobre quién debe asumir la reubicación de los conserjes municipales de los centros en los que se prevé eliminar el fibrocemento empleado en la construcción de sus cubiertas, por ejemplo. 

En concreto, el nuevo conflicto se plantea a colación del destino alternativo de los funcionarios municipales que residen en los tres primeros colegios en los que se pretende intervenir: el CEIP Rabassa, el CEIP El Tossal y el CEIP Azorín. Se trata de los primeros centros en los que Educación ya dispone de lo trabajos adjudicados de sustitución de dicho material. De hecho, las obras debían haberse iniciado esta misma semana, como vienen sosteniendo los representantes municipales de Compromís, de Unides Podem y la dirección política de Esquerra Unida.