Mercado Central / PEPE OLIVARESELCHE. Aunque parecía que uno de los conflictos urbanísticos más importantes, el Mercado Central, había pasado a segundo plano y a la espera de la batalla judicial con la exadjudicataria Aparcisa tras la rescisión unilateral del contrato, la activación del equipo de gobierno para hacer definitivo el mercado provisional en un área verde en la Avinguda de la Comunitat Valenciana ha proporcionado munición para la oposición. Sobre todo para el Partido Popular, que este martes señalaba una de las contradicciones evidentes de todo este asunto: se va a hacer regularizar lo que hace seis años se calificaba de ilegal y que era provisional, por quien hoy gobierna. Es una de las contradicciones y paradojas que genera.
El viernes el equipo de gobierno de PSOE y Compromís anunciaban la puesta en marcha del trámite para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para hacer definitivo el mercado provisional. Ello pasa por calificar el suelo donde se ubica como suelo dotacional, ya que actualmente está catalogado como 'espacio público', es decir, Clave G. En este caso, espacio público con zona verde. Los alrededor de mil metros cuadrados que ocupa se transferirán a otra zona del mismo sector (Parque Deportivo, en el vetusto mercado o en Candalix), por lo que solo es un cambio formal en el mapa del Plan General, no significa que se vaya a reemplazar la zona verde perdida en otro lugar.
Ahora bien, lo que en 2015 ambos partidos denunciaban, incluso llevando a la Fiscalía el caso por levantar una edificación provisional en zona verde —lo que no tuvo mayor recorrido—, ahora lo pretenden legalizar. Focalizando aún más, se pierde esta parte natural en un contexto de candidatura para la Capital Verde 2030. Como era previsible, los populares, quienes promovieron el proyecto a finales de su legislatura, poco han tardado en denunciar la situación, incluso sacando a pasear tuits de Carlos González, entonces en la oposición, llamando a la concentración contra la operación relámpago para levantar el provisional.
El portavoz adjunto José Navarro señalaba este martes que “estamos ante otra incongruencia más de González, una incongruencia porque en 2015 el PSOE, con González a la cabeza, hablaba de manera textual como infracción urbanística y vandalismo la ubicación provisional del mercado central", justificando de nuevo, como han hecho en otras ocasiones, que la obra siempre fue provisional. Eso sí, fue su partido quien promovió las obras para ocupar la zona verde. Ahora va camino de ser legal con la decisión del Ejecutivo local. Ambas decisiones ejecutadas como una especie de mal menor. Tras la decisión de consolidar, vecinos de la zona ya se quejan porque perderán una zona verde en la ladera, parte de la vista hacia el río y el palmeral.
Otras de las contradicciones con todo este asunto surgen de la rama socialista del gobierno, ya que durante la legislatura pasada la idea era ejecutar el contrato, porque era legal, hasta que Salvem el Mercat pidió la paralización por la denuncia y comunicado de Icomos en base a informes autonómicos, y por la protección Bien de Relevancia Local (BRL) que la Ley de Patrimonio otorga a los refugios bajo el mercado. Sobre todo un refugio en conflicto con el aparcamiento, el 3B, que era conocido desde el principio del proyecto, figurando además en uno de los anexos del pliego de condiciones. Con todo, tras estos argumentos para la rescisión, el alcalde cambió de parecer. Hasta entonces, había mantenido que el proyecto no les gustaba pero era legal. La decisión de seguir con la iniciativa ya había generado fuertes disensos en el seno del PSOE, incluido el exedil de Urbanismo. Un proyecto, a su vez, muy similar al planteado por el exalcalde socialista Alejandro Soler, hoy secretario general del partido en Elche.
A estas contradicciones durante todo el proceso, hay que sumar también las de las propias condiciones edificatorias del proyecto, más allá de las afecciones patrimoniales que figuran en el expediente de rescisión. Una de ellas sería el propio diseño, ya que rompía por completo el paisaje urbano del corazón patrimonial de la Vila Murada. La propia directriz de la homogeneidad física y ambiental (a nivel de imagen) del casco histórico fue pregunta de examen en la oposición municipal para Arqueólogo Municipal y está recogida en el Plan General. Precisamente ahora que está en consulta pública todo lo concerniente al catálogo y renovación de los bienes patrimoniales, uno de los documentos incide directamente sobre esta cuestión: el nuevo Plan Especial del casco histórico no permitirá alterar edificabilidad y podrá declarar fuera de ordenación construcciones disconformes con la protección. Además de regular el uso de materiales, colores, composición, etc.
Sobre el contrato, por otra parte, cabe recordar que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) señaló que precisamente, escudándose en los informes que según su punto de vista justifican la rescisión del contrato, se tendría que haber tenido en cuenta durante la licitación y en la formalización del contrato en 2015 por parte del Consistorio. Un toque de atención también a la Generalitat Valenciana. Por último, también sobre contratos, el bipartito reconocía hace unas semanas que había modificado el contrato de la peatonalización de la Corredora y la Plaça de Baix por encima del porcentaje permitido, invocando una cláusula de la legislación. Por ser un porcentaje también mayor del permitido, se entendía en el argumentario de la rescisión que no se podía modificar el contrato de Aparcisa para integrar el refugio con el aparcamiento porque se superaría el porcentaje que permite la ley. Como dice el refranero español, hecha la ley, hecha la trampa, pues siempre puede haber ciertos resquicios.
En definitivas cuentas, un argumentario cambiante, a veces sobrevenido, según las posibilidades que se hayan ido abriendo para defender o bien la rescisión del contrato, o bien su viabilidad. Un arma arrojadiza que vuelve a la palestra ahora a cuenta del mercado provisional.
