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El martes 12 se dará a conocer la primera sentencia en el litigio entre el Hércules y la Comisión Europea

1/02/2019 - 

ALICANTE. El martes 12 de febrero se dará a conocer la primera sentencia en el marco del litigio que mantiene el Hércules con la Comisión Europea.

A las 9:30 horas, en la Gran Sala del Tribunal General de la Unión Europea, tanto el club blanquiazul como el ejecutivo comunitario están citados por la Sala Cuarta de este órgano jurisdiccional con sede en Luxemburgo para conocer el fallo por el que se pondrá fin al procedimiento T-134/17. No se trata de la resolución de la demanda de nulidad interpuesta por el Hércules contra la Decisión de Recuperación 2017/365 por la que se le reclaman el pago de siete millones de euros, si no la relativa a la demanda de medidas provisionales presentada por la entidad del Rico Pérez contra la negativa por parte de Bruselas a darle acceso a la documentación obrante en el expediente sobre la ayuda de Estado (el aval de 18 millones de euros que en 2011 recibió la Fundación del Hércules del Instituto Valenciano de Finanzas) que condujo a la citada Decisión, algo que entiende que es necesario para su defensa de sus intereses.

La vista de este procedimiento se celebró el 14 de septiembre, el mismo día en que tuvo lugar la del principal (T‑766/16) y cuya resolución se espera para las próximas semanas. 

Como ya planteaba en su demanda (de la que el Reino de España es coadyuvante), la defensa del Hércules argumentó en el acto de juicio que la Comisión había aplicado erróneamente "la presunción general de confidencialidad de los procedimientos administrativos de ayudas públicas reconocida por la jurisprudencia comunitaria y, por analogía, la jurisprudencia relativa a los procedimientos de concentración", al entender que había "información que afecta al interés comercial de terceros" y, en el segundo caso, "información de carácter sensible" que aconseja el secreto. La negativa de Bruselas a darle acceso a los documentos solicitados, a juicio del club blanquiazul, vulnera sus derechos de defensa y a la tutela judicial efectiva. 

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