ALICANTE. Apremio con advertencia en la causa abierta sobre las presuntas irregularidades en la contratación de azafatas, trabajos de escenografía y de montaje de escenarios en el Teatro Principal de Alicante. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 que instruye las diligencias dictó el pasado 19 de enero una providencia en la que vuelve a instar a los responsables de la sala a facilitar copia de los expedientes de contratación relacionados con esos servicios a partir de la solicitud que formuló, de nuevo, la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de octubre.
En esa providencia, el juzgado reclama que se dé "urgente cumplimiento" al envío esa documentación para que pueda atenderse en el plazo de 30 días, con apercibimiento de que, en caso contrario, se podría incurrir en un posible delito de desobediencia. Por lo pronto, fuentes consultadas indicaron que, cerca de dos semanas después, no se habría satisfecho esa petición de información que la Fiscalía considera indispensable para precisar si pudo cometerse un supuesto delito de fraude a la hora de formalizar esos encargos al haberse efectuado por contratación directa, sin convocar un proceso de licitación pública al uso que quedase abierto a la pública concurrencia empresarial.
Así lo apuntaba, cuando menos, la propia Fiscalía Anticorrupción en un escrito dirigido al juzgado en el que solicitaba que se requiriese al Teatro Principal para que se remitiese la documentación relacionada con esa relación de encargos tras acotar la investigación a partir de diciembre de 2018, al tratarse del momento en el que la comunidad de bienes propietaria del Principal pasó a tener una participación pública mayoritaria. Fue entonces cuando se produjo la incorporación de la Generalitat, con la compra de un tercio de los títulos que hasta entonces se repartían únicamente entre el Ayuntamiento de Alicante y la Fundación Banco Sabadell.
La Fiscalía remitió al juzgado una nueva solicitud el pasado 4 de enero al no haber obtenido respuesta a ese primer requerimiento formulado a mediados de octubre. De ahí que el juzgado haya instado, nuevamente, a la dirección del Principal a cumplir con esa petición para que se entregue copia de dicha documentación. En concreto, la relacionada con los contratos de prestación de dichos servicios desde enero de 2019, según la petición planteada por la Fiscalía, después de considerar que, del análisis de la documentación que sí se facilitó tras una primera solicitud, parece desprenderse que la adjudicación de esos servicios "nunca ha sido sometida a licitación pública".
Y ello, según la Fiscalía, a pesar de que existiría ese requisito desde el año 2017, cuando entró en vigor la última actualización de la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público, que confirmaría la necesidad de que los organismos públicos convocasen licitaciones para la contratación de servicios.
Además, la Fiscalía reclamaba que el Teatro precisase todos los importes abonados a la empresa Go Group Servicios Integrales de Marketing a partir del contrato suscrito en 2019 por la prestación del servicio de asistentes (azafatas), así como el acuerdo por el que la Junta General del Teatro facultó a su actual subdirectora, María Dolores Padilla, a firmar ese contrato y su posterior modificación, promovida en 2022. Y, por último, también reclama que se concrete qué consejero delegado del teatro se encargó de visar dicho contrato.
Por lo pronto, la misma Padilla ya señaló a consulta de Alicante Plaza -después de que el juzgado aceptase el recurso de la Fiscalía y acordase la reapertura de la causa, -que las apreciaciones incluidas en ese recurso contenían "incorrecciones" y "errores". En esta línea, argumentó que quien tiene la facultad de contratar es la junta del teatro, que es el órgano que, después, delega en la subdirectora. Además, insistió en que las contrataciones siempre se han formalizado bajo el criterio de mejor precio, tras la comparación de varios presupuestos. solicitados a varias compañías.