ALTEA. Todos esperaban una solución, para bien o para mal, respecto a la situación en la que se encuentra Emaús, que plantea un ERE que podría llevar al desmantelamiento de la empresa y de los centros de atención a menores y ancianos. Para ello, el juez de lo mercantil tendría que haberse pronunciado al respecto: decretar ERE forzoso si no hay respuesta de la Seguridad Social, a la que le deben 6 millones de euros. Pero el magistrado no tomó ninguna decisión sobre la empresa, quienes estaban esperando a que se les dé una solución desde primera hora de la mañana.
La situación de todos los trabajadores, que llevarían sin cobrar seis mensualidades, se agrava teniendo en cuenta la delicada situación de los usuarios de sus servicios. Además de los despidos de los trabajadores, significaría que el servicio que presta en la actualidad la organización se trasladaría en otros centros, como ya ha anunciado la consellera de Bienestar Social, Mónica Oltra.
En la picota están 300 trabajadores repartidos en diferentes centros y pisos tutelados. Según pudo saber este diario, la Fundación Relleu tiene un centro de diversidad funcional y uno de atención a menores. También ellos denunciaron los problemas para cobrar en su momento, tal y como se hizo eco Alicante Plaza. La asociación Emaus tiene siete centros de menores y uno de mujeres con sus hijos. Por su parte, la Fundación el Verdader tiene un centro de tercera edad, mientras que la Fundación para Nuestros Mayores de Altea lleva el CEAM dedicado a la tercera edad.
Cabe recordar que Emaús tiene un acumulado de concurso de acreedores, donde están todas las entidades que le pertenecen. Todas ellas prestan servicios a diferentes poblaciones de las comarcas de las Marinas. De ahí la importancia de la situación en la que se encuentra la empresa y el cónclave de alcaldes de todo color político para que se arregle la situación. Así, los alcaldes de Altea, l'Alfàs del Pi, Polop de la Marina, Relleu, El Verger, Benissa y Calp han suscrito este martes un documento dirigido a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, para pedirle que la Seguridad Social "no obligue a asumir a las empresas interesadas en dar continuidad a los servicios sociales la deuda de 6 millones de euros contraída por Emaús".
La carta firmada por los alcaldes será entregada en mano el próximo jueves en el Congreso de los Diputados por diputados del Partido Popular, PSOE y Compromís, aunque se buscará el respaldo de diputados de otras fuerzas políticas como Ciudadanos y Podemos.
Entre las posibilidades que consideran varias fuentes para explicar la espera de la resolución del juez, está la de que se hayan mostrado interesadas varias empresas en asumir la gestión de Les Boqueres, que al parecer, sería la única a la que verían rentable de todos los centros que tiene la entidad.
Las consecuencias del cierre está haciendo que trascienda más allá de las Marinas. En este caso, el Síndic de Greuges anunció este miércoles que abrirá una queja de oficio por este motivo. El objetivo es "conocer las medidas que piensa adoptar la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para garantizar la continuidad en la atención a las personas atendidas en recursos de Emaús", explicaban en el comunicado.
Justifican su actuación por la especial vulnerabilidad de las personas atendidas: mayores, menores en situación de desprotección, mujeres víctimas de violencias y personas con discapacidad. Así como la responsabilidad directa que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas asume sobre muchas de estas personas, la mayor parte de los menores atendidos se encuentran bajo la tutela de la Conselleria.
