ALICANTE. Emaús ya tiene sucesor. Desde el pasado 1 de julio, la Fundación Salud y Comunidad ha tomado el relevo en los 11 centro de menores, discapacitados y víctimas de violencia de género de la fundación con sede en Altea, distribuidos por las comarcas de la Marina Alta y Baixa. Los trabajadores están satisfechos con el cambio, pese a que arrastran seis nóminas por cobrar -tres de los últimos meses y otros de meses anteriores- y agradecen la respuesta de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en palabras de Daniel Montiel, presidente del comité de empresa.
La gran incógnita es saber qué pasar con el ERE pendiente sobre Emaús, que afectaba a una parte de su plantilla. De momento, existe la continuidad del personal. Las nóminas pendientes deberán ser pagadas por los ingresos que todavía pueda recibir la fundación, de pagos atrasados o por los obtenga con la venta de los bienes, dentro de la fase de liquidación -en la que se encuentra ya actualmente-, aunque hay acreedores prioritarios como la Seguridad Social, a la que se le adeudan 5 millones.
La gestión de ambos centros -Relleu y Altea- y cuatro más ha sido asumida por la Fundación Salud y Comunidad a través de un contrato de emergencia para "poder continuar y no perder un solo día de atención y asistencia a sus usuarios", ha señalado la vicepresidenta en su visita a ambos municipios.
El próximo mes de octubre se procederá a un contrato de licitación de urgencia para dar una estabilidad a esta situación transitoria", ha avanzado. Oltra se ha mostrado muy satisfecha con los buenos resultados "de una negociación larga y complicada" en la que tanto los ayuntamientos de los municipios donde se sitúan estos centros como la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas "han colaborado y trabajado con el objetivo común de mantener estos centros abiertos" y los empleos que llevan aparejados.
"La empresa EMAUS se encontraba en proceso de liquidación tras entrar en concurso de acreedores, con una deuda de 21 millones de euros, 5 de ellos con la Seguridad Social". "Además, los trabajadores de los centros están afectados por un ERE de extinción que está pendiente de resolución judicial", según la información facilitada por la Conselleria de Bienestar Social.
En total, son diez centros los que se han visto afectados por esta situación con más de 126 personas usuarias de los mismos, la mayoría personas menores de edad, y 134 trabajadores y trabajadoras. Oltra ha destacado que, en estos dos últimos años, desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se ha trabajado para que la situación económica por la que atravesaba la empresa "no afectara al servicio y trato que reciben los usuarios de los centros", y ha destacado que se ha conseguido "gracias a la profesionalidad de las personas que trabajan en ellos".
Con ese objetivo, desde la Conselleria se han mantenido reuniones periódicas con los trabajadores de EMAUS y se han hecho múltiples gestiones para garantizar el pago de sus salarios y el mantenimiento de sus puestos de trabajo, asegura el comunicado. También se ha estado permanentemente en contacto con el administrador concursal y se han realizado numerosas gestiones para que otra empresa se hiciera cargo del contrato de gestión de estos centros.
Según Oltra, la situación que ha padecido EMAUS es un ejemplo más de "mala gestión" del antiguo gobierno, del PP, que "continuó contratando con una entidad que tenía una deuda de 21 millones de euros".