Instante de la primera sesión del juicio que se ha celebrado esta mañana en la Sección XI de la Audiencia. Foto:IJJACARILLA. El exalcalde de Jacarilla, José Manuel Gálvez (PP) ha negado hoy ante el tribunal que amañara el PGOU del municipio para favorecer a dos mercantiles en 2011 durante la tramitación del Plan de Reforma Interior de la urbanización Vista Bella. La Fiscalía le pide ocho años y medio de prisión por irregularidades durante la tramitación de estos proyectos urbanísticos, que se iniciaron para regularizar una serie de viviendas en Vista Bella de la que los vecinos se tenían que hacer cargo de los costes derivados de la construcción de calles, aceras, instalación eléctrica, alcantarillado y una depuradora. Esta última infraestructura es la que da origen a la investigación de la Fiscalía, ya que Anticorrupción sostiene que el exalcalde modificó el proyecto urbanístico para favorecer a dos mercantiles. Por una lado Beneaguas, la empresa que contrataron los vecinos para ejecutar el proyecto de urbanización y por otro lado la empresa Agrícola del Segura, propietaria de los terrenos donde se acabó construyendo la depuradora, cuyo coste pasó de los 39.000 euros en los que se proyectó inicialmente a los 251.000 euros. Se da la circunstancia además de que Gálvez, que fue alcalde de Jacarilla desde 1999 a 2011, fue contratado por Agrícola del Segura tan solo una semana después de dejar de ser alcalde. Una relación laboral que la Fiscalía asegura que fue un agradecimiento por las gestiones realizadas en beneficio de la mercantil.
Gálvez ha negado que tuviera intereses en las tramitaciones urbanísticas que son objeto del procedimiento, y ha señalado que todas las acciones aprobadas por junta de gobierno y por el pleno tuvieron el aval de los técnicos de la casa y de la Diputación de Alicante. De hecho, ha asegurado que tuvo conocimiento del cambio de ubicación de la depuradora una vez dejado su cargo como alcalde. En cuanto a la relación laboral con Agrícola del Segura, sí reconoce haber mantenido una relación de amistad con su exgerente, ya fallecido, que fue quien le contrató, y que fue a pedirle trabajo al dejar de ser alcalde porque "no tenía oficio ni beneficio, tenía 55-56 años u pensaba que podía serle últil" por sus relaciones al haber sido alcalde durante tantos años. Por tanto, finalmente, días después de que fuera a pedirle trabajo tras dejar la Alcaldía, acabó trabajando en la mercantil como "relaciones públicas, de comercial", atrayendo clientes al campo de golf propiedad de la mercantil y desarrollando algunos proyectos como la puesta en marcha de escuelas deportivas infantiles.
Sin embargo, ha negado que esa contratación fuera como compensación a cambio de nada. "Que quede muy claro, en los doce años que fui alcalde nunca le he debido nada a Agrícola del Segura, ni Agrícola del Segura me lo ha debido a mí", ha asegurado. En cuanto a la extinción de la relación laboral con la empresa tras estallar el caso y que comenzaras las investigaciones que dieron origen a las posteriores imputaciones, el exalcalde ha señalado que se debió a motivos personales "para cuidar a un familiar enfermo", su suegra, y que nada tuvo que ver precisamente con el inicio de las investigaciones judiciales.
Ninguno de los otros tres acusados ha querido responder las preguntas del Ministerio Fiscal. Tan solo Joaquín Grau, socio de Agricultura del Segura, ha respondido a las preguntas de su abogado, para aclarar que su empresa no tenía ningún interés en que la depuradora se construyera en los terrenos de su propiedad, ni tampoco en el aprovechamiento de sus aguas depuradas para sus explotaciones agrarias ni para el regadío del campo de golf. Grau ha señalado que su empresa tiene garantizado el acceso a 1.950.000 metros cúbicos de agua al año, y que el impacto de esta depuradora, que generaría alrededor de 10.000 metros cúbicos al año, no le generaría un beneficio destacable a las cuentas de la empresa. Los otros dos acusados han guardado silencio. La Fiscalía pide para ellos penas que van desde los ocho años y medio a los tres años y medio de prisión.
El Ayuntamiento de Jacarilla se ha retirado como acusación particular en la causa penal. Sí se mantiene como responsable subsidiario de las consecuencias para el Ayuntamiento que pudiera tener este juicio, que se alargará en una decena de sesiones hasta el próximo 30 de enero. El actual alcalde, Andrés Moñino, que ha declarado como representante del Ayuntamiento de Jacarilla, en calidad de responsable civil subsidiario y también como testigo, ya que fue concejal de Deportes y Juventud durante la última legislatura de Gálvez como alcalde, ha explicado que la decisión de retirarse como acusación por la vía penal se debe a evitar perjuicios al Ayuntamiento si finalmente los acusados son absueltos y la acusación particular tuviera que abonar las costas judiciales.
