El dilema de los aparejadores con su palacete de Alicante: la nueva directiva estudia opciones

ALICANTE. ¿Qué hacer con el palacete situado en la calle Rafael Altamira? Esa es una de las principales disyuntivas a las que se enfrenta ahora la nueva Junta Directiva del Colegio Oficial de Aparejadores Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Alicante (COAATIEA), presidida por Carlos Casas desde el pasado 5 de julio, después de que se haya intentado su venta en un proceso abierto a la concurrencia pública hasta en tres ocasiones distintas. En las tres, sin encontrar comprador.

Por lo pronto, fuentes consultadas en la entidad colegial indicaron que el nuevo equipo directivo está estudiando ya las condiciones del inmueble y posibles alternativas sobre su futuro con la intención de alcanzar una conclusión definitiva. Y en cuanto se disponga de ella, se someterá de nuevo a la consulta del conjunto de colegiados en el transcurso de la preceptiva asamblea para poder tomar decisiones que cuenten con un respaldo mayoritario.

De este modo, la Junta encabezada por Casas se convierte en la tercera directiva forzada a buscar una solución para el edificio: un inmueble que el colegio adquirió hace ya más de 17 años con la intención de rehabilitarlo para convertirlo en su sede institucional. Ese planteamiento acabó desechándose: el colegio consideró que tenía cubiertas sus necesidades operativas en sus dependencias actuales, situadas en la calle Catedrático Ferré Vidiella, lo que propició que se comenzasen a barajar otras salidas. Entre ellas, se llegó a sopesar la posibilidad de transformarlo en un bloque de apartamentos turísticos, reservando al menos la planta baja como espacio institucional para la celebración de asambleas o actos ligados a la actividad colegial. 

Sin embargo, esa opción -sopesada durante la etapa en la que la directiva estuvo presidida por Gregorio Alemany- también quedó descartada por el riesgo que entrañaba asumir la inversión requerida para la reforma del edificio. La asamblea desistió de esa posibilidad, tras concluir, además, que el objeto del colegio no era explotar apartamentos turísticos. Así, la Junta posterior, encabezada por Martín Pomares, optó por promover la venta con el fin de rentabilizar el activo. Para ello, con el respaldo de los colegiados, se decidió convocar una primera subasta pública en septiembre de 2019 que acabó declarándose desierta por la falta de interesados que pudiesen considerarse válidos (se presentó un único licitador, pero con un precio de 650.000 euros, cuando el importe mínimo establecido de salida era de 1,6 millones).

El inmueble, se encuentra en un emplazamiento estratégico, en pleno Casco Antiguo, y permite la posibilidad de ampliarse en una planta adicional, previa supervisión de la comisión municipal de estética y protección

El proceso se repitió en febrero de 2020 tras acordar una baja de medio millón en su precio de venta. En esa ocasión, sí hubo interesados (se registraron hasta cinco propuestas válidas) y el inmueble se llegó a adjudicar al mejor postor, que había pujado con una oferta de 1.721.000 euros. Pero, de nuevo, el proceso tuvo que acabar declárandose desierto, ya que los tres licitadores que habían quedado mejor posicionados retiraron sus ofertas (al ganador se le incautó la fianza depositada), lastrados por la incertidumbre económica que había generado la crisis de la covid para el desarrollo de las propuestas que barajaban: la conversión del edificio en apartamentos turísticos. Así, tampoco entonces hubo posibilidad de cerrar la venta. 

Con todo, el colegio volvió a promover un tercer intento con un procedimiento más ágil en enero de este año. El precio de salida se fijó esta vez en 1,3 millones. Pero en esa última ocasión no hubo interesados y la convocatoria volvió a quedar en blanco. A partir de entonces, comenzó a analizarse la posibilidad de aceptar propuestas de compra de forma directa, sin necesidad de que los interesados tuviesen que competir en precio con terceros. De hecho, se acordó que el edificio quedaría abierto a la posibilidad de que se girasen visitas de posibles interesados para conocer sus prestaciones y su estado de conservación. Pero el planteamiento de una hipotética venta directa no ha llegado a desarrollarse de manera efectiva hasta el momento en el que quedó convocado el proceso para renovar a la directiva del colegio.

En ese escenario, el céntrico palacete continúa sin futuro definido pese a ocupar un emplazamiento estratégico, a menos de 300 metros del Ayuntamiento de Alicante. Se trata de un inmueble reconocido como Bien de Relevancia Local (BRL) de 1.435 metros cuadrados, de planta baja y dos alturas, situado sobre una parcela de 506, entre las calles Altamira y Mayor. Además, en el catálogo de protecciones aprobado por el Ayuntamiento de manera provisional en septiembre de 2020, se admitió una alegación registrada por el colegio por la que se amparó la posibilidad de ejecución de una planta adicional y un sobreático con el fin de que el edificio pudiese ajustarse a la línea de cornisa de los inmuebles contiguos. Eso sí, esa opción quedaba sujeta a la presentación de "un estudio de detalle de la intervención a realizar" que debía someterse a la evaluación de "la comisión de estética o de protección".