El alcalde, Luis Barcala, y la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, junto a los portavoces de los grupos de la oposición.ALICANTE. La crisis sanitaria provocada por la proliferación del coronavirus también ha obligado a variar la dinámica de funcionamiento habitual en el Ayuntamiento de Alicante, al margen del decreto de Alcaldía por el que se garantiza la prestación de servicios esenciales, se suspende la atención presencial al público y se implanta el teletrabajo para la mayoría de la plantilla de funcionarios. Así, el equipo de Gobierno, el bipartito compuesto por PP y Cs, y los cuatro grupos que ejercen funciones de oposición (PSPV-PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox), han convenido dejar en suspenso el grueso de la actividad puramente política en asuntos pendientes de pacto o de labor de fiscalización para poner el foco solo en la gestión de los acuerdos prioritarios que resulten ineludibles.
De esto modo, se ha suspendido la celebración de reuniones presenciales para tratar de concertar acuerdos en cuestiones como el catálogo de protecciones de la ciudad, que el bipartito pretendía poner en común a través de varios encuentros con los representantes de la oposición desde este mismo lunes. Está por ver si las reuniones organizadas por el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), con el resto de formaciones para compartir las últimas novedades sobre el documento puede canalizarse a través de canales telemáticos, ya que el objetivo inicial era que la propuesta pudiese debatirse en el pleno ordinario de marzo. Ahora, esa posibilidad quedaría en el aire, ya que todo parece indicar que PP y Cs abogarían por postergar la votación sobre el catálogo en el caso de que no fuese posible prestar información previa, para no arriesgarse a que el documento pueda ser tumbado (requiere mayoría absoluta: 15 votos en una corporación de 29 concejales) como ya sucedió durante el debate de la versión defendida por el extinto tripartito, en mayo de 2017.
De igual modo, también han quedado desconvocadas todas las reuniones de las comisiones no permanentes de pleno, la mayoría de ellas creadas a instancias de los grupos de la oposición para abordar asuntos como las relaciones con el Puerto, la revisión de los planes especiales del Centro Tradicional y Casco Antiguo, la atención a las partidas rurales, el futuro del servicio de transporte público en autobús, o el cumplimiento de los contratos de limpieza viaria y recogida de residuos o el de limpieza de colegios y edificios municipales.
El bipartito solo sopesa la posibilidad de celebrar la comisión de Hacienda en el momento en el que los técnicos completen su informe sobre las enmiendas de la oposición a la propuesta de planificación económica para 2020
En principio, tampoco se contempla la celebración de ninguna comisión permanente para abordar decisiones que deban quedar ratificadas en el pleno. No obstante, sí se podría convocar la comisión de Hacienda en el momento en el que los técnicos del departamento emitan su informe sobre las enmiendas presentadas por el conjunto de grupos opositores. Hasta el momento, no se baraja ninguna fecha concreta para ello, pero no parece probable que pueda convocarse un pleno extraordinario sobre el proyecto de presupuestos en el transcurso del mes de marzo como el bipartito había contemplado al presentar el documento. En todo caso, la votación sobre esa propuesta podría quedar demorada hasta el pleno ordinario de este mes, que debería celebrarse el día 26. Pero incluso esa posibilidad no deja de ser una mera hipótesis, ya que todavía no se ha adoptado ninguna decisión sobre si ese pleno llegará a convocarse de manera efectiva, ni en qué condiciones podría desarrollarse si finalmente se decide que se celebre.
Tanto es así que, este lunes, quedaba abierto el plazo para que los grupos políticos pudiesen registrar las propuestas que quisiesen elevar al debate plenario y no llegó a celebrarse la reunión de la Junta de Portavoces que se había convenido para tomar una decisión al respecto. Sin embargo, todo parece indicar que la opción de que se presenten propuestas de contenido político quedará descartada y que se optará por celebrar un pleno limitado a la adopción de acuerdos esenciales (como podrían serlo el catálogo de protecciones o el presupuesto) sin mociones, preguntas, ruegos, ni declaraciones institucionales (salvo alguna posible iniciativa conjunta relacionada con la crisis del Covid 19). Es la decisión que ya se habría adoptado en otros ayuntamientos de la provincia, como el caso de San Vicente, donde este lunes se convino celebrar la sesión ordinaria de marzo a puerta cerrada (sin presencia de público) únicamente para validar acuerdos que no permitan aplazamientos.
De hecho, precisamente en base a ese criterio, el bipartito sí ha decidido mantener el desarrollo de la Junta de Gobierno ordinaria, que se celebra todos los martes, además de las reuniones de la mesa de Contratación, que se desarrollan todos los miércoles. En el caso de la Junta de Gobierno de este martes, se prevé aprobar al menos dos acuerdos que requieren agilidad. El primero, la ampliación del plazo para que la empresa adjudicataria del desmontaje y traslado del BIC de Torre Placia pueda presentar proyecto de ejecución definitivo. Y el segundo, la aprobación inicial de la nueva ordenanza reguladora del procedimiento para otorgar licencias urbanísticas, tras superar la fase de presentación de aportaciones y sugerencias.
