Una operaria del servicio de limpieza, en pleno baldeo.ALICANTE. El futuro concesionario del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Alicante quedará sometido a un extenso programa de supervisión por parte del departamento municipal de Limpieza y Gestión de Residuos en el que se incluye la exigencia de informes diarios sobre las tareas realizadas, así como el desarrollo de al menos una reunión mensual de coordinación para ajustar la operativa. Así se establece, cuando menos, en el pliego de condiciones del servicio, en licitación por 347 millones y ocho años de duración.
En concreto, en las bases de ese concurso se concreta que la futura adjudicataria deberá facilitar en cada jornada informes en los que se recopilen datos de las prestaciones de recogida, con desglose para cada fracción o tipo de residuo; informe de los servicios de limpieza viaria, con desglose sobre barridos, baldeos y desbroces, e informe de los servicios de limpieza de otros espacios públicos. Toda esa documentación deberá quedar registrada en la plataforma informática de gestión y explotación del servicio, así como los informes acumulativos anuales.
Al tiempo, la empresa deberá proporcionar información detallada sobre el personal a cargo del servicio y procurar medios informáticos para que pueda producirse la verificación de su labor, además de la incorporación de sistemas localización GPS en todos los vehículos utilizados en la prestación, como ya ha informado este diario. En esta línea, se añade que en el caso de que se produzcan desviaciones o ajustes por causas sobrevenidas en la prestación de las jornadas de trabajo estipuladas, se obliga a la empresa a regular esas jornadas pendientes en el plazo de tres meses.
También se concreta que se funcionará mediante el sistema de órdenes de trabajo, para que se atienda incidencias comunicadas por el servicio de inspección, y se exige que los responsables de cada turno estén localizables por vía telefónica para poder responder frente a intervenciones que puedan notificarse para su resolución con carácter de urgencia.
De igual modo, en ese afán por mejorar los mecanismos de control en el cumplimiento del contrato -uno de los caballos de batalla del servicio actual, que forzó, incluso, la creación de una comisión de análisis específica con conclusiones dispares entre el bipartito y Vox y el eje progresista- se incluye la obligación de celebrar "una reunión ordinaria mensual con los servicio técnicos municipales y el responsable del contrato" en la que la adjudicataria deberá informar sobre el desarrollo del servicio, "analizar la evolución del mismo, asesorar sobre las modificaciones necesarias y corregir los aspectos que se consideren oportunos".
La empresa adjudicataria deberá proporcionar información sobre la plantilla a cargo del servicio, procurar medios informáticos para verificar el desempeño de su labor y recuperar posibles jornadas de trabajo pendientes en el plazo de tres meses
Según el pliego, "el contratista está obligado a realizar un informe resumen mensual referido a las actuaciones realizadas a lo largo del mes, valorando en qué medida dichas actividades coinciden con las especificadas en los correspondientes calendarios, cuáles han sido las desviaciones y sus causas y justificaciones, si las hubiere. Este informe estará documentado y recogerá de forma concisa todas las operaciones realizadas y será objeto de la verificación" también prevista en el pliego.
Igualmente, en esa reunión, el técnico municipal que resulte designado como responsable del contrato trasladará al contratista el informe de evaluación previo del sistema de calidad por fichas de observación, a cargo de los inspectores municipales, "así como cualquier incidencia que pueda suponer una deducción en la certificación mensual". Respecto a ese sistema de evaluación, se establece una doble comprobación que afecta, primero, a los servicios no ejecutados, y después, a la calidad de su ejecución, a partir de los datos recopilados en esas fichas de observación.
El pliego también regula una graduación de penalizaciones en el caso de que se produzcan incumplimientos de contrato. Se contemplan faltas leves, con sanciones de entre 5.000 y 15.000 euros; incumplimientos graves, penalizados con entre 15.001 y 45.000 euros, e incumplimientos muy graves, que conllevarían multas de entre 45.001 y 135.000 euros. Entre las causas que se computarán como infracciones muy graves se incluye la confirmación de incumplimientos en la asignación de personal y de maquinaria ofertada, así como en la inejecución del plan de inversiones comprometido para cada anualidad. Por otra parte, se considera falta grave la resistencia o rechazo a la inspección municipal, entre otros múltiples supuestos.
